Encargado de proveer billetes y monedas a la economía del país, el Banco de México (Banxico) cuenta con un sistema propio de distribución basado en una flotilla de 19 camiones blindados y dos aeronaves, cuya característica es operar discretamente para evitar robos de grandes proporciones.

Contrario a lo que pasó con el resto de las instituciones federales que poseían aviones y helicópteros, que han sido obligadas a rematarlos por el tema de la austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Banxico no se deshará de sus vehículos aéreos ni terrestres, por la naturaleza de su función. Hasta aquí, todo bien.

Lo que no está nada bien es lo que ha pasado con la adquisición de un jet Bombardier CRJ 700 NextGen (con costo superior a los 60 millones de dólares) que llegó con 1 año y medio de retraso. Resulta que aunque su adquisición se pactó en marzo de 2014 directamente con la trasnacional canadiense y la fecha de entrega se estableció en junio de 2016, éste arribó a México hasta mayo de 2018 y, por si esto no fuera ya bastante, en enero de 2019 aún no podía iniciar operaciones.

La historia de esta tortuosa compra inició en 2013: el 28 de octubre de ese año, su Junta de Gobierno autorizó su adquisición derivada de la necesidad de sustituir parte de la flota de aeronaves con las que ese instituto ejecuta las actividades relacionadas con la distribución de remesas. Y es que el Banxico trasladaba los valores en sus dos aviones Dash8-202, adquiridos en 1999.

Pero regresemos al caso del Bombardier: el 8 de noviembre de 2013, la Dirección de Seguridad del Banxico solicitó al área de Recursos Materiales iniciar el procedimiento de compra. Adicionalmente, el 12 de febrero de 2014 emitió un Dictamen de excepción para la adquisición de una aeronave, en el que estableció “la necesidad de contar con el equipo de vuelo adecuado para llevar a cabo la función de traslado aéreo de moneda nacional”, con los aspectos relativos a su protección.

Luego de hacer un estudio de mercado para comparar precios y beneficios de los proveedores potenciales, la Dirección de Recursos Materiales autorizó adjudicar directamente a la empresa Bombardier, Inc, por un importe de 38 millones 194 mil dólares por el jet y 22 millones 885 mil 110 dólares por trabajos de remodelación.

El contrato PAB DM-001-2014 se firmó el 24 de marzo de ese año, por un monto total de 61 millones 79 mil 110 dólares. Y en éste, Bombardier se comprometió a entregar el jet modificado para el periodo de junio-diciembre de 2016.

Lo que ocurrió después fue un cúmulo de anomalías que derivó en atrasos por 1 año y medio en la entrega de la aeronave con la que el Banxico planeaba reemplazar su vieja flota: ésta llegó a México hasta mayo de 2018. Pero hasta ahora el avión es inservible.

En ese lapso, el banco central firmó una serie de convenios modificatorios con la trasnacional para aplazar la entrega, sin identificar causas imputables a alguna de las partes. No obstante, por estos retrasos, Bombardier accedió a “pagar” una compensación equivalente a 1 millón 139 mil 255 dólares que fueron descontados al monto final de la compra.

Ello se acordó exactamente 1 año después de la fecha de entrega: el 31 de julio de 2017, el Banxico y Bombardier firmaron la orden de cambio 5, en la cual se comprometía como fecha fatal enero de 2018; de fallar, se aplicaría la compensación. Y falló.

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El banco central también obtuvo una compensación de 100 mil dólares que se generó como nota de crédito, cuyo objetivo será utilizarla en el mantenimiento del CRJ-700 NextGen en este 2019.

Por todo ello, la Unidad de Auditoría del Banco determinó que en esta compra se incumplieron algunas bases del contrato, como por ejemplo el apartado 1.1.1 Pagos y aceptación de la aeronave y su trabajo de modificación, por la “falta de disponibilidad temporal de la aeronave debido a la implementación de mejoras de seguridad a los trabajos de modificación”.

También se incumplió el apartado 1.2.1 Recepción y operación de la aeronave, por las “fallas en la inspección de los bienes y etiquetas de la aeronave”, y “falta de evidencia y fallas en la gestión y vigencia de trámites realizados con las autoridades”.

El punto 1.2.2 Custodia de la aeronave, por “fallas en la custodia de los bienes que se emplean para las configuraciones de la aeronave”; y el apartado 1.2.3 Aseguramiento de la aeronave, por “errores en la definición de las coberturas en el aseguramiento de la aeronave”.

La auditoría interna GAOC-05/18 indica que “el avión se encontraría imposibilitado a realizar operaciones de vuelo hasta que se demuestre la integración” de mejoras establecidas por la autoridad canadiense en el Certificado Tipo Suplementario, con fecha de implementación a partir del mes de enero de 2019.

No obstante, la Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores justificó la recepción de la aeronave al argumentar que, en el momento de la entrega, el jet modificado “no sólo cumplía con las disposiciones aeronáuticas, sino que cumplía con todo lo establecido en el contrato por lo que no existía sustento legal para no recibirlo, mismos que fueron validados en México por la autoridad aeronáutica mexicana (Dirección General de Aeronáutica Civil), para su puesta en operación en México”.

No obstante, la Unidad de Auditoría señala en su informe final, fechado el 3 de diciembre de 2018: “la situación descrita anteriormente propició que actualmente el Banco de México no se encuentre en posibilidad de utilizar la aeronave para llevar a cabo distribución de remesas”. Así las cosas en el banco central, a 6 años de que su Junta de Gobierno determinó urgente renovar la flotilla aérea.

Nancy Flores

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