Los sexenios de los priístas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo comprometieron la soberanía energética a tal punto, que dejaron expuesta a Pemex a expensas de los intereses estadunidenses. De la política pública neoliberal de esos dos gobiernos se deriva la pérdida de soberanía en el sector, así como la dependencia al gas de Estados Unidos que ahora pone a México en la encrucijada de recurrir al fracking para explotar los yacimientos de gas de lutitas o mantener la dependencia con el vecino país del norte

México se enfrenta ahora a un panorama complejo que exige medidas difíciles en cuanto al presente y futuro de la energía del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha zanjado el debate en torno a continuar con la dependencia del gas de Estados Unidos –particularmente el de Texas–, así como a fortalecer la soberanía y seguridad energéticas. El segundo aspecto implica la posibilidad –si es que se confirma su viabilidad geológica, técnica, económica, ambiental y comercial– de realizar la fractura hidráulica para extraer petróleo y gas no convencional, conocido como fracking. De ese tamaño es la encrucijada.

A la luz de los hechos, no es menor volver a la historia y preguntarnos cómo llegamos aquí. Indudablemente eso nos devuelve a un periodo crucial en la historia mexicana: la década de 1980, cuando –durante el sexenio de Miguel de la Madrid– la crisis de la deuda estalló y continuó con las administraciones posteriores.

Plan Brady, privatización de Pemex

En 1988, México se acogió al Plan Brady debido a la incapacidad de pagar la deuda externa. En 2011, el ingeniero Alfonso Hickman Sandoval escribió en su texto La reconversión industrial: inicio de las reformas neoliberales privatizadoras en Pemex previas a la Reforma Energética 2008 que dicho Plan incluyó limitar el derecho exclusivo de Pemex a producir más de 25 petroquímicos básicos y definir una lista inicial de petroquímicos secundarios abiertos a la participación del sector privado. Ello, con el propósito de alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y Pemex para abrir la industria al capital transnacional (p. 47).

En 1988 México vivió un fraude electoral que impidió la llegada a la presidencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder indiscutible en aquella época. La caída del sistema implicó la reestructuración económica y social implementada por Carlos Salinas de Gortari, quien, tras el fraude, fue elegido presidente por la cúpula empresarial y política del país.

Un año después, Salinas militarizó las instalaciones de Pemex para cambiar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Este hecho, fue analizado por historiadores como un golpe a la dirigencia sindical que le permitiría a Salinas de Gortari controlar uno de los sindicatos más importantes del país, reforzar el corporativismo y asegurar un sector gremial estratégico con la imposición de Carlos Romero Deschamps. 

Sin embargo, no todo quedó en la apertura de la petroquímica a privados. Salinas negoció la soberanía energética en el TLCAN. En el Capítulo VI: Energía y petroquímica básica, en particular los artículos 601 a 608, se incluyó la producción de electricidad en las modalidades de autoabasto, cogeneración y producción independiente.

En el Capítulo X del documento, referente a las compras del sector público, los artículos 1001 al 1005 se comprometió a realizar compras gubernamentales –incluidas desde luego Pemex y CFE– con trato nacional a empresas extranjeras. Y en el Capítulo XII se comprometió el comercio de servicios de gas y petroquímicos básicos transfronterizos.

Así se cedía soberanía con la firma del TLCAN y en un contexto de crisis de la deuda externa. Pero no fue la única ocasión. La crisis económica de 1994 abrió la posibilidad para seguir efectuando las políticas de reestructuración económica ahora con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

México suscribió en aquel año con el FMI una carta de intención con la cual solicitó un crédito contingente de 18 meses por 7 mil 575 millones de dólares –de aquella época– y que derivó, de nuevo, en ceder soberanía. Ernesto Zedillo, artífice del crédito, suscribió el Acuerdo de Estabilización Cambiaria de Mediano Plazo y un Acuerdo de Garantías. 

En 1995, la economista Sarahí Ángeles escribió en el artículo “Avances en la privatización de Pemex” en la revista Problemas del Desarrollo, que el acuerdo implicó para Pemex la instrucción irrevocable a todos los clientes de la época de cada entidad de la empresa a enviar sus pagos por la entrega o compra de petróleo crudo o derivados a una cuenta en Swiss Bank Corporation, sucursal de Nueva York, para de ahí, ser trasladados a una cuenta de Fondos Especiales en el Banco de la Reserva Federal de EU, los cuales serían las garantías del crédito de 20 mil millones otorgado por Estados Unidos.

Pemex a su vez debía entregar al tesoro a la Reserva Federal estadunidense toda la información contable y financiera de la empresa. Se comprometía a la petrolera a no vender, crear o permitir que sea creado algún gravamen, prenda o hipoteca o cualquier otra afectación sobre sus derechos a recibir pagos, ni entrar en otros arreglos. Además, debía entregar al Tesoro de Estados Unidos la información que éste razonablemente le solicite. Le entrega confirmación de auditores externos, sobre estados financieros y revisión de facturas por exportación. El acuerdo estableció que se deberá entregar, en el plazo de 180 días contados a partir del cierre de su último ejercicio fiscal anual, los estados financieros anuales auditados. Por ello, cada año Pemex entrega a la SEC sus estados financiaros auditados.

Salinas y Zedillo comprometieron la soberanía energética, dejaron expuesta a Pemex a los intereses estadunidenses. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el 5 de mayo pasado que las tentaciones de potencias extranjeras por invadir el país se han sustentado en la deuda, no es menor, es historia misma.

Vale la pena recordar que esta estrategia ya se había intentado después de la expropiación petrolera. Como documenta el Departamento de Estado en los archivos históricos del gobierno estadunidense, tras la expropiación petrolera, uno de los mecanismos que usaron, tanto empresas como el gobierno estadunidense, fue reabrir al sector privado la industria petrolera mexicana con el uso de los préstamos del gobierno como palanca, aunque esta estrategia fue abandonada en 1950, hacia 1994 mostró ser efectiva ante un escenario de crisis.

La hipoteca del petróleo mexicano efectuada por Zedillo tuvo como beneficiarios a bancos de EU, entre ellos, Fidelity of Boston, que obtuvo 8 mil 500 millones de dólares; 2 mil 900 millones para Scudder, Merrill Lynch, Salomon Brothers y Citigroup; y 5 mil 700 millones para Goldman Sachs. Dicha información quedó registrada por la Heritage Foundation.

Zedillo y el FMI expusieron a Pemex e hipotecaron el petróleo. El Banco Mundial (BM) llegó con reformas laborales para Pemex con el propósito de aminorar la resistencia sindical a la privatización. Para ello se reajustaron más de 150 mil plazas de las áreas de perforación, construcción, mantenimiento y servicios generales.

En el Acta 679 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de 1994 se detalla que en 1988 había 211 mil trabajadores de la paraestatal. El recorte fue brutal, pues para 1994 quedaron solo 130 mil divididos en Pemex Corporativo, Petroquímica, Gas y Petroquímica Básica, Exploración y Producción y Refinación, que era la que tenía más trabajadores, 45 mil.  

Pero, además, el recorte administrativo era también en las jubilaciones. ¿Qué permitía el recorte laboral? Abrir a los privados los servicios de perforación, construcción y mantenimiento mayor. La propia Acta 679 del Consejo de Administración así lo justifica: Reducción del ámbito de trabajo por administración directa, al abrir la opción de contratar con terceros perforación construcción y mantenimiento mayor.

Por último, en las jubilaciones de Pemex se detalla que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se otorgaron 13 mil 431 jubilaciones; en 1991, 4 mil 264; en 1992, 4 mil 633; y en 1993, 3 mil 351. Pero también se dio un proceso mayor de liquidación, sobre todo de personal sin plaza, y 1992 el año con más liquidaciones: 33 mil 645. En todo el sexenio se liquidaron a 40 mil 600 trabajadores con plaza y 43 mil 507 sin plaza.

La reestructuración laboral-administrativa de Pemex llevada a cabo por el gobierno de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo dejó desnuda a la empresa ante Estados Unidos, hipotecó el petróleo y perdió años de experiencia acumulada en las y los trabajadores. Todo ello, para permitir la entrada de privados y ceder soberanía energética. A más de 30 años de esa experiencia es importante porque ahí fue donde se gestó la pérdida de soberanía energética, por los gobiernos del PRI y después del PAN que hipotecaron el petróleo mexicano.

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.

Te podría interesar: Ni corruptos de antes ni agentes extranjeros doblegarán la dignidad del pueblo: Sheinbaum