En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal adquirió 40 vehículos para la Gendarmería Ambiental. ¿Qué de irregular habría en una adquisición casi obvia para las labores cotidianas de la corporación? Resulta que el monto autorizado, por más de 83 millones de pesos, contemplaba la compra de 51 vehículos. Para eliminar 11 sólo se requirió anotar 40 en lugar de 51 en uno de los documentos oficiales y listo. Pero el monto a pagar permaneció intacto. Además, de esos 40 vehículos, finalmente no se había autorizado la compra de 11… Y de todas maneras se adquirieron.
Es apenas un par de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión del funcionamiento de un fideicomiso entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Se trata del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves (Fipimespa).
Hoy al servicio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Fipimespa sirvió en sexenios anteriores para comprar desde uniformes y artículos deportivos hasta aeronaves; y también para pagar servicios de construcción, renta de bodegas y lugares de depóstio de automóviles. Todo con las ventajas de opacidad y déficit de rendición de cuentas que implica la figura del fideicomiso.
Los vehículos adquiridos fueron camiones tipo Unimog, camionetas pick up y cuatrimotos. El valor total fue de 83 millones 446 mil 900 pesos. Por estas irregularidades, la ASF emitió una recomendación y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos que formalizaron los contratos SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2017 y SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C070/2017.
Por otra parte, también por medio de este Fipimespa se adjudicó de manera directa –y, asienta la ASF, sin investigar las opciones que podrían haber ofrecido otras empresas– el contrato OADPRS/DGA/DOPIP/O/AD/006/2017 (y su convenio modificatorio 01/18) por 38 millones 741 mil 500 pesos para la realización de trabajos en un penal federal.
Que se haya adjudicado sin que previamente se realizara una investigación de mercado (los auditores de la ASF señalan que sólo se realizó una cotización a la empresa sin que se compararan costos y experiencia con otras) no es la irregularidad más preocupante.
La empresa beneficiada con dicho contrato fue Meda Solutions, SAPI de CV. El contrato fue firmado el 25 de enero de 2018 y el convenio modificatorio del mismo el 17 de septiembre de 2018. La vigencia establecida fue del 13 de junio al 9 de diciembre de 2018. El trabajo a realizar era la remodelación de los módulos V y VI del edificio de dormitorios B en el Centro Federal de Readaptación Social 3 Noreste. La unidad de la Segob que solicitó el servicio fue el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Las irregularidades iniciaron con el proceso mismo. No sólo fue la adjudicación directa sin investigación alguna. También, el contrato se formalizó 55 días después del plazo establecido por la ley, pues desde el 16 de noviembre de 2017 se le había notificado a la empresa la adjudicación del mismo. Y el “anticipo” le fue entregado al contratista hasta el 12 de junio de 2018, es decir, 332 días posteriores a la autorización del recurso por parte del Comité Técnico.
Asienta la ASF que “el retraso en la entrega del anticipo ocasionó que se reprogramara la ejecución de la obra en 100 días naturales, la cual originalmente concluía el 31 de agosto de 2018, por lo que se prolongó para que se concluyera el 9 de diciembre de 2018, en contravención de los artículos 81, párrafo último, y 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por no haber realizado la investigación de mercado y por no haber gestionado de manera oportuna el pago al contratista, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos implicados.
Asimismo, la bitácora de los trabajos se dejó de escribir sin explicacion alguna. Por ello no se pudo determinar cuándo concluyeron realmente las obras. También por esto la ASF genero una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Esta auditoría de cumplimiento practicada al Fipimespa está contenida en el más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 elaborado por la ASF.
La unidad responsable de verificar que la ejecución de los recursos del Fipimespa se aplicaran correctamente, en 2018, fue la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob.
En la práctica, asienta la ASF, quienes realizaron los procesos de adjudicación y formalización de los contratos fueron la Segob y sus órganos administrativos desconcentrados. Las aprobaciones de las contrataciones estuvieron a cargo de un comité técnico con funcionarios de la propia secretaría encabezados por el titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Ahora que la “cuarta transformación” enarbola el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, veremos si se castiga a los responsables o el Fipimespa seguirá siendo la caja chica para los gastos en materia de seguridad.
Zósimo Camacho
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