El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) audita el pago de contratos por 5 mil millones de pesos que se pactaron para el desarrollo de Tecnologías de la Información (TIC´s) y asesorías en esta área sin que la institución cuente con licencias o desarrollos específicos para su operación.
Nombrado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual director de Bansefi, Rabindranath Salazar, revisa al menos 12 contratos cuyos entregables tendrán que demostrar que el dinero no se desvió a otros fines. El problema es que aunque los entregables busquen respaldar que dichos contratos se cumplieron en tiempo y forma, el banco –justo ahora que necesita toda su infraestructura para dispersar los recursos de los programas sociales que inició el gobierno federal– simplemente no cuenta con sistemas y herramientas tecnológicas. Tampoco cuenta, por ejemplo, con terminales ni con sistemas para administrar tarjetas de débito o crédito. ¿Cómo operaba entonces este banco de desarrollo? Sencillo, a través de convenios con una decena de compañías que realizaron servicios de outsourcing para Bansefi en todas las áreas. Dicha terciarización de servicios, sin embargo, habría dejado al banco de desarrollo simplemente sin herramientas básicas, mínimas, para su operación.
Por ejemplo, los funcionarios de Bansefi encontraron un contrato para el desarrollo de un sistema de crédito, pero nunca lo recibió el banco de desarrollo porque, se argumenta, era un contrato de terciarización y la institución no era dueña de licencias o desarrollos. El peor de los mundos. Bansefi simplemente no es dueño de nada.
Función Pública al tanto
Por ello, en ese banco de desarrollo, próximo a cambiar de nombre por el de Banco del Bienestar, ya se dio vista de estas irregularidades a la Secretaría de la Función Pública, porque serán los exdirectores de la institución quienes tengan que explicar qué sucedió con estos contratos. Anote usted los nombre de Jorge Stefan Chidiac, Virgilio Andrade y, por supuesto, María Fernanda Casanueva de Diego y Alejandra del Moral. Muchos directores para tan pocos resultados. A Bansefi le ha realizado auditorías la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación por la escasa transparencia de sus adjudicaciones directas, de sus contratos de outsourcing pero, sobre todo, por los problemas que presentaron para la dispersión de recursos en apoyo a víctimas de los terremotos mediante recursos del Fonden.
El problema para el actual director de Bansefi es que ahora para dispersar los recursos de los programas sociales, una vez más, el banco de desarrollo enfrenta una infraestructura deficiente e incompleta.
“En los últimos cinco años nos dicen que se invirtieron más de 5 mil millones de pesos en tecnología, y si tú me preguntas qué tiene el banco, te diré que nada”, dice en entrevista Rabindranath Salazar.
En Bansefi se encuentran con un escaso control de la operación y carteras vencidas. El software es un problema porque no se generó un programa que permitiera que el banco fuera dueño de sus licencias. Además, Bansefi está demandado por la empresa Telelink que, de acuerdo con los registros de contratos que se pueden consultar vía transparencia, recibió un contrato vía adjudicación directa por más de 20 millones de pesos.
Así, aunque en los dos primeros meses de operación Bansefi ha ahorrado más de 100 millones de pesos, la inversión que se deberá realizar supera los 2 mil 700 millones de pesos para dicha institución empiece a operar adecuadamente.
Claudia Villegas
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