Para Human Rights Watch y Oxfam, la banca tiene responsabilidad cuando se abusan los derechos humanos para facilitar proyectos. Ejemplo de ello fue 2015, el peor año pues se registraron 185 homicidios de defensores de la tierra y ambientales en 16 países

Phillip Kaeding/IPS

Naciones Unidas. Más de 150 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo solicitaron a los organismos multilaterales de desarrollo que se aseguren de que los beneficiarios de sus préstamos respeten los derechos humanos cuando llevan a cabo sus proyectos.

Las 154 organizaciones, agrupadas en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, señalan que el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones suelen trabajar con gobiernos y empresas que realizan grandes proyectos en el Sur en desarrollo.

Por ejemplo, bancos holandeses, finlandeses y centroamericanos financiaron la represa Agua Zarca, en Honduras, contra la que protestó la activista ambiental Berta Cáceres y por lo que fue asesinada.

 “Lo que vemos es que los bancos multilaterales de desarrollo siguen actuando como de costumbre en lugar de trabajar con los propios defensores de derechos humanos para ejercer presión sobre los gobiernos y otros que los atacan”, dijo Jessica Evans, activista de Human Rights Watch.

Organizaciones como Human Rights Watch y Oxfam consideran que la banca también tiene responsabilidad cuando se abusan los derechos de las poblaciones locales para facilitar la concreción de los proyectos. Las organizaciones no gubernamentales que firmaron la petición quieren que los bancos de desarrollo defiendan los derechos humanos en las regiones en las que financian proyectos.

La nueva petición señala que la organización “Global Witness identificó a 2015 como el peor año registrado por homicidios de defensores de la tierra y ambientales, con 185 muertes en 16 países”.

El caso de Berta Cáceres no es una excepción. La bloguera etíope Soleyana Gebremichael habló de la situación en su país de origen, a mediados de diciembre.

 “Durante los últimos 10 años se ha achicado el espacio de la sociedad civil. Etiopía promulgó dos leyes en 2009, la primera sobre la sociedad civil y la segunda sobre el antiterrorismo”. La primera ley “básicamente limita las actividades de las organizaciones de la sociedad civil a través de la limitación de sus recursos”, sostuvo.

Gebremichael, que recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa junto con sus compañeros del blog Zone 9 en 2015, dijo que la banca multilateral debe colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para mejorar los problemas, como una manera de trabajar con los gobiernos sin presionarlos directamente.

Los bancos suelen argumentar que hacen lo que pueden, según Jessica Evans. “En el caso de Uzbekistán, funcionarios del Banco Mundial nos han dicho que le expresaron su preocupación al gobierno sobre los ataques contra los defensores de los derechos humanos independientes que están atentos al trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos humanos vinculados al sector de la agricultura. Eso no tuvo ningún impacto en absoluto”, afirmó.

Mandeep Tiwana, director de Política e Investigación de Civicus, culpa a los enredos entre la política y la economía.

 “Los Estados tercerizan cada vez más sus responsabilidades. Esto conduce a una mayor apertura hacia la corrupción debido a la colusión entre las élites. Las organizaciones de la sociedad civil, cuando intentan exponer estos vínculos corruptos, son atacadas”, observó.

Tiwana afirma que los bancos de desarrollo apoyan las políticas orientadas al crecimiento, como sucede en Etiopía, y que por lo tanto ignoran otras cuestiones. Para él, en el fondo del problema yace un paradigma neoliberal.

Más que las causas históricas y políticas, lo que les interesa ahora a las organizaciones internacionales son las soluciones prácticas. La petición dirigida a los principales bancos multilaterales de desarrollo sugiere en primer lugar que la banca “debe analizar sistemáticamente el entorno de las libertades de expresión, reunión y asociación, y la realización de otros derechos humanos fundamentales para el desarrollo”.

 “Una vez que se haya llevado a cabo este análisis deberá incorporarse a sus estrategias de desarrollo en cada país”, añadió Evans. Entonces deberán aplicar políticas para mejorar la rendición de cuentas y asegurar las consideraciones de derechos humanos en todos los proyectos, subraya la Coalición.

La solicitud es ambiciosa. Pero Tiwana cree que es esencial apuntar a los vínculos entre las instituciones financieras y los gobiernos junto con las organizaciones locales de la sociedad civil.

 “Los bancos de desarrollo muchas veces trabajan con grandes entidades estatales y las entidades estatales muchas veces permiten la participación de varios actores privados. Algunos de ellos pueden estar relacionados con personas muy influyentes”, explicó.

 “De modo que el público tiene un papel muy importante que desempeñar para asegurar que los acuerdos alcanzados hayan pasado por el discurso constitucional y legítimo. Y por eso la sociedad civil es sumamente importante para arrojar luz sobre esos contratos y actividades”, destacó.

En muchos aspectos, la petición apela a la conciencia de las autoridades de los bancos de los países ricos de Occidente. Es probable que surjan nuevos conflictos ahora que bancos multilaterales orientales, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura –AIIB, al que también está dirigida la petición–, entró al gran escenario del financiamiento del desarrollo.

Este año, Amnistía Internacional y otros grupos señalaron que los derechos humanos no son la prioridad del AIIB. Una espiral descendente en materia de derechos humanos en los proyectos de desarrollo es un gran peligro a los ojos de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Está “emergiendo un patrón más amplio como resultado de que los bancos multilaterales de desarrollo no priorizan la participación del público en la labor que hacen y se niegan significativamente a trabajar para impedir las represalias”, expresó Evans.

 “Lo que vemos es que los bancos multilaterales de desarrollo siguen actuando como de costumbre en lugar de trabajar con los propios defensores de derechos humanos para ejercer presión sobre los gobiernos y otros que los atacan”, subrayó. (Traducido por Álvaro Queiruga)

Phillip Kaeding/IPS

Contralínea 520 / del 01 al 07 de Enero 2017