Los gobernadores panistas Diego Sinhue –Guanajuato–, Francisco García Cabeza de Vaca –Tamaulipas– y Martín Orozco –Aguascalientes–, los expriístas Enrique Alfaro –Jalisco– y Jaime Rodríguez –Nuevo León–, el priísta José Ignacio Peralta Sánchez –Colima– y el perredista Silvano Aureoles –Michoacán– llamaron a la Cámara de Diputados a “restituir y, en todo caso, aumentar los recursos en materia de seguridad a estados y municipios”.
En un comunicado –firmado también por 32 alcaldes–, apuntaron que “el proyecto de presupuesto prevé una reducción en términos reales, e incluso la eliminación de algunos apoyos federales para la seguridad de estados y municipios”.
Con ello, aseguraron, “resultarían afectados el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)”.
Para los gobernadores y alcaldes, “dichos fondos constituyen las principales fuentes de financiamiento para apoyar a estados y municipios a llevar a cabo labores de seguridad a nivel local, profesionalizar a las policías, pagar salarios, mantener los centros de llamadas de emergencia y adquirir insumos tales como chalecos, armas o uniformes. Además, sirve para efectuar programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer y búsqueda de personas desaparecidas”.
En el caso del FASP, dijeron que es el principal fondo en esa materia para los gobiernos estatales y mantiene sus recursos en términos reales; “FORTAMUN se reduce en un 4.6 por ciento. Particularmente grave es la desaparición de FORTASEG, ya que no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Esto significa que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil millones de pesos para llevar acciones en materia de seguridad. Hay que mencionar que estos fondos ya habían tenido reducciones presupuestales previamente”.
Para los políticos, esa decisión no ayuda a ningún cuerpo de seguridad. “Es evidente que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no pueden cumplir sus objetivos sin el apoyo de las policías estatales y municipales que, con los recortes a sus presupuestos, se mantienen subsistiendo en la precariedad. No podemos dejar de lado el quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, que dice que las Fuerzas Armadas deberán dejar las tareas de seguridad pública en 2024; esto no será posible si no somos capaces de fortalecer a las policías civiles. Por ello, hacemos un urgente y respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso para que se restituya FORTASEG y aumenten los indispensables apoyos a las policías locales del país”.
