A más de 100 días de iniciado su gobierno, Milei continúa proponiendo reducir el Estado a su mínima expresión, mientras la inconformidad cívica crece junto con su represión

Buenos Aires, Argentina. Un fuerte plan de ajuste, la eliminación o reforma de cientos de normativas, marchas, paros y reveses legislativos marcaron los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. Una gestión que comenzó de espaldas al Congreso argentino.

Tras obtener el 55.65 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones generales, el líder de La Libertad Avanza (LLA) asumió como jefe de Estado el 10 de diciembre de 2023. Pronunció su primer discurso en las afueras de la casa de diputados y senadores, a quienes no dirigió palabra alguna, salvo las destinadas a la ceremonia protocolar.

De espaldas a los legisladores, el mandatario volvió a criticar al kirchnerismo –seguidores de Néstor Kirchner y Cristina Fernández–. Asimismo, anunció recortes en el sector público nacional de cinco puntos del Producto Interno Bruto. Para terminar, arremetió contra las protestas sociales y repitió la frase: ¡No hay plata!

La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, concluyó. A los 10 días de llegar a la Casa Rosada, publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, el cual incluye más de 300 reformas; entre ellas, la privatización de empresas públicas.

Entre las medidas, se encuentran la reforma laboral, la derogación de las leyes de alquileres, de abastecimiento, de tierras, de promoción industrial y comercial y del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

Además, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales; elimina las restricciones de precios a la industria prepaga, y reforma el régimen de empresas farmacéuticas.

Igualmente, envió al Congreso un paquete de normativas llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Establecía la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual podía prorrogarse por dos años.

Conocida como la Ley Ómnibus, incluía aspectos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y establecía la delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo. Por otra parte, Milei dispuso la no renovación de los contratos de trabajadores del Estado firmados después del 1 de enero de 2023, decisión que afecta a miles de asalariados.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó la eliminación de subsidios, la devaluación del 118 por ciento del peso, el fin de la obra pública y la reducción de las transferencias a las provincias.

En tanto, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, implementó un protocolo antiprotestas. Éste dispone el despliegue de las cuatro fuerzas federales –la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal– ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de calles y lugares públicos por manifestantes.

Durante su discurso en la apertura del 142 período de sesiones ordinarias del Congreso, Milei reiteró su propósito de implementar su plan “anticasta” y anunció el cierre de la agencia de noticias Télam.

El presidente, que se identificó con un león en la campaña electoral y añadió la “licuadora” de salarios a su plan “motosierra”, asegura que la mayoría de los argentinos “no ve” los beneficios de su programa. Declaró que evalúa tomar más préstamos del Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene una deuda de 46 mil millones de dólares, contraída por Mauricio Macri.

En el plano internacional, decidió apoyar a Estados Unidos e Israel, no aceptó la incorporación de Argentina al Grupo Brics y rectificó su postura sobre el papa Francisco, a quien había llamado “el representante del maligno en la tierra”.

Protestas y represión

Desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha, numerosas organizaciones sindicales, sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos realizaron manifestaciones y cese de actividades para denunciar el impacto del ajuste, los elevados costos de los alimentos y de servicios esenciales como la salud, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los despidos.

El 24 de enero, miles de ciudadanos inundaron la capitalina Plaza del Congreso y otros espacios de varias provincias como parte de un parto general y una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras agrupaciones.

Entre los participantes, se encontraban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Somos Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, entre muchas otras agrupaciones.

De igual manera, respaldaron la iniciativa los partidos que conforman la alianza Unión por la Patria (UP); entre ellos, el Justicialista y el Comunista, el Frente Renovador, el Patria Grande y el Conservador Popular.

Según precisó la CGT, más de 1 millón 500 mil personas protestaron en Argentina; alrededor de un centenar de organizaciones del mundo expresaron su apoyo a la lucha del movimiento obrero, y hubo movilizaciones frente a las embajadas de esta nación.

Las Madres, Abuelas, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel alertaron que la democracia está en riesgo a 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Asimismo, expresaron su preocupación por la represión contra quienes se pronunciaron contra la Ley Ómnibus y los periodistas que cubrieron los hechos.

A su vez, tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas instaron al gobierno a revisar esas medidas por sus implicaciones, así como la incompatibilidad con las normas internacionales.

Se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”, advirtieron y cuestionaron la intervención injustificada de la policía para restringir la libertad de reunión, expresión y circulación.

Reveses legislativos

El 6 de febrero, la Cámara de Diputados rechazó la Ley Ómnibus, lo cual fue considerado una derrota parlamentaria. “Lo veíamos venir. Esto ocurre después de un trámite deficiente y oscuro”, afirmó el legislador de UP, Germán Martínez.

Ya no hay dictamen. Así no se legisla. Esta ley no estaba para aprobarse, añadió. El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Congreso, mientras en las afueras tenían lugar protestas en su contra, el jefe de Estado arremetió contra opositores, medios de prensa, empresarios, sindicalistas y agrupaciones sociales. Insistió en su plan de reducir al Estado a su mínima expresión.

No negociaremos el cambio y cumpliremos nuestras promesas con o sin el apoyo de la dirigencia política. No daremos marcha atrás, sino que seguiremos acelerando. Si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados. Si buscan conflicto, lo tendrán, aseveró.

Como opción alternativa al enfrentamiento, propuso la firma de un acuerdo el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Sin embargo, planteó como condición previa la aprobación del paquete de leyes que zozobró.

Poco después, el 14 de marzo, el Senado rechazó el DNU 70/23, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. Según medios locales de prensa, se trata del primer decreto presidencial que no es aprobado por la Cámara Alta en la historia reciente.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 26.122, para su derogación es necesario el rechazo de senadores y diputados. Si una de las dos cámaras no lo trata o sólo una se muestra en desacuerdo, continúa activo.

La sesión en el Senado fue convocada por la titular de ese ente y vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, tras numerosas denuncias de UP sobre su negativa a hacerlo. Tras la habilitación del debate, un comunicado oficial intensificó los rumores sobre las diferencias entre Milei y Villarruel, en tanto comenzaron los ataques en redes sociales a la vicemandataria por cuentas de seguidores de LLA.

No obstante, la Casa Rosada negó la existencia de diferencias internas. Por su parte, los perfiles de partidarios de LLA amenazaron a los legisladores que votaron en contra, publicaron sus nombres y números de teléfonos y los llamaron traidores, lo cual fue retuiteado por el presidente.

Según el analista Luis Bruschtein, el rechazo de la Ley Ómnibus y el DNU fueron golpes fuertes. “De aquí en adelante, cualquier negociación encontrará a un mandatario golpeado. […] Algunos se preguntan si el fenómeno de Milei implicó una transformación de los paradigmas políticos. Por lo pronto, sus aportes son la extorsión abusiva y violenta a gobernadores y legisladores, y en general a los disidentes, unido al desconocimiento de los marcos legales y de respeto a la división de poderes”, señaló.

Glenda Arcia Corresponsal/Prensa Latina

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