Las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos siempre tuvieron razón. Junto con organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos insistieron en que debía buscarse a los normalistas rurales en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Debe señalarse que en ese momento –en los días y semanas después del 27 de septiembre de 2014– toda una andanada de “líderes de opinión”, grandes empresarios y políticos echaron a andar una campaña en contra de que se les permitiera a los padres de los estudiantes ingresar a esa instalación castrense. “Sería como violar lo más íntimo de la patria”, aullaban.

Bien sabían lo que ocultaban. Hoy queda demostrado que integrantes del 27 Batallón se coordinaron con el cártel Guerreros Unidos para asesinar y desaparecer, al menos, a seis de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron atacados durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Más aún, siempre supieron lo que ocurría desde que los alumnos salieron de Tixtla, Guerrero. Estuvieron enterados, en tiempo real, de los ataques que se ejecutaron en contra de los muchachos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reconocido que siempre estuvo al tanto.

Estas revelaciones están contenidas en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cuya versión pública se dio a conocer el pasado 18 de agosto.

Aunque en el encubrimiento de los crímenes cometidos contra los normalistas participaron más instituciones del Estado mexicano, destacamos el caso del Ejército. Ha quedado claro que un “coronel” daba instrucciones a integrantes de Guerrero Unidos y con ellos se coordinó para ultimar a seis estudiantes campesinos socialistas que mantenían con vida en una bodega, de quienes luego ingresaron sus restos al 27 Batallón para borrar cualquier rastro.

Y destacar también la descomposición de esta Fuerza Armada durante el calderonismo y el peñismo que, violando sus propias normativas y protocolos, dejó en el abandono a uno de los suyos. El estudiante infiltrado en la normal que apenas unas horas antes había enviado su parte militar. ¿Qué gloria puede existir en una institución militar que, por proteger intereses de la delincuencia organizada, primero, y de políticos corruptos, después, abandonó a un integrante de su tropa?

El muy documentado informe dedica un pequeño apartado a Julio César López Patolzin, el soldado del Ejército Mexicano infiltrado en la normal. La propia Sedena informó que este joven había causado alta en las Fuerzas Armadas Mexicanas, en específico en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, 5 años 8 meses antes de los hechos de Iguala.

“Las actividades que realizaba López Patolzin, desde 2012 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistía en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaba en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento ‘que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional’.”

De hecho, la Sedena informó que el mando inmediato del soldado López Patolzin era el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, a quien reportaba directamente. En sus partes militares, el joven Julio César López Patolzin dio cuenta a su superior del plan de acción de los estudiantes de la escuela normal para el 2 de octubre de 2014. Su último reporte fue a las 10 de la mañana del 26 de septiembre a las 10 de la mañana, es decir, menos de 10 horas antes de los ataques contra los alumnos.

El informe concluye, en este tema: “Julio César López Patolzin fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el ‘Protocolo para Militares Desaparecidos’ que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del persona militar desaparecido’”.

Fragmentos

Murillo Karam no pudo haber diseñado él solo el encubrimiento de los hechos, conocido como “verdad histórica”. Él fue uno de los actores principales en la ejecución de este tinglado de obstrucción de la justicia. Pero hay que recordar que en esta operación de Estado participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, al menos, la Secretaría de Gobernación. El exprocurador no pudo haber coordinado bajo sus directrices a funcionarios militares y civiles sin la instrucción del jefe de todos ellos: el presidente de la República.

Que la detención de Murillo Karam no sea la única de aquellos funcionarios de alto nivel jerárquico responsables en este crimen de Estado. Ineludible indagar las responsabilidades del presidente Enrique Peña Nieto; el titular de la Sedena Salvador Cienfuegos Zepeda; el titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y de la cabeza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert.

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