Entre enero y noviembre de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) transfirió 542 millones 338 mil 742 pesos a los dos fideicomisos que mantiene vigentes; ello, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el Congreso y en el gobierno federal para acabar con estas opacas figuras jurídicas que, escudadas en el secreto fiduciario, han operado como cajas chicas que no rinden cuentas a nadie y se usan discrecionalmente.

De acuerdo con el más reciente informe financiero del INE, aunque la Cámara de Diputados no le aprobó ni un solo peso para fideicomisos, el Instituto que tanto se queja de no tener recursos para llevar a cabo lo que le mandata la ley –como se ha demostrado con su resistencia a organizar el ejercicio democrático de la consulta de revocación de mandato– destinó más de 500 millones a engordar las arcas de sus dos cochinitos.

En el “Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos” se da cuenta de que en el capítulo 4600 –Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos– los legisladores no les aprobaron presupuesto adicional, pero el INE gestionó y obtuvo ampliaciones por 542 millones 338 mil 742 pesos.

Una vez que el dinero entra a las figuras fiduciarias se aplica una especie de candado que “obliga” a las autoridades a usar ese recurso sólo en los ámbitos que establece el fideicomiso, por lo cual los consejeros electorales han señalado en reiteradas ocasiones que ese dinero no puede ser usado en la revocación del mandato. Estos cochinitos también les permite gastarlos en cualquier ejercicio fiscal; esto es que no están obligados a devolverlo a la Tesorería de la Federación en caso de subejercerlos.

De acuerdo con los reportes financieros, el fideicomiso al que más recursos le ha destinado es el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE. Los informes al 30 de septiembre del año pasado, elaborados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC –institución fiduciaria–, indican que su saldo ascendía entonces a 1 mil 575 millones 101 mil pesos. No obstante, en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2021 se reportó un saldo de 826 millones 503 mil 563 pesos al tercer trimestre del año pasado.

El segundo fideicomiso es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral. Al 30 de septiembre de 2021, su saldo fue de 533millones 899 mil 297 pesos, de acuerdo con sus estados financieros generados por el mismo banco, que también opera como fiduciario.

Ambas figuras fiduciarias fueron creadas en la época del Instituto Federal Electoral: el de infraestructura, el 20 de junio de 2011; y el laboral, el 22 de noviembre de 2007, con vigencia de 50 años. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “sus propósitos son administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por pagos de compensación por término de la relación laboral o contractual, así como la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas”, respectivamente.

Es la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto que encabeza Lorenzo Córdova la responsable de vigilar que los recursos de los fideicomisos se apliquen a los fines para los que fueron constituidos. Según la Auditoría Superior, los comités técnicos de ambos fideicomisos se constituyeron e instalaron formalmente en diciembre de 2007 y julio de 2011, respectivamente, y en el mismo acto se autorizaron las reglas de operación respectivas, en las que se establecieron los lineamientos aplicables para la adecuada operación de los fideicomisos.

Y resulta que, a pesar de estos manejos opacos de centenas de millones de pesos, los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdova no encuentran la forma de generar ahorros para acatar la Constitución y promover lo que por esencia deberían, es decir, la democracia con todos sus ejercicios de participación ciudadana incluida, por supuesto, la revocación de mandato.

Sería importante que el INE aclare si fueron los consejeros los que de forma unilateral decidieron transferir recursos de otros capítulos a los fideicomisos o si fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que les autorizó esta ampliación del presupuesto, toda vez que la Cámara de Diputados no les autorizó un solo peso para este uso discrecional del recurso público.

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