La Oficina del anterior coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, tenía en proceso la gestión, sólo para el periodo 2022-2023, de 150 millones de pesos. Los recursos provienen de aportaciones de agencias internacionales. Y se administran mediante un fideicomiso que tiene carácter privado: el Fondo para la Biodiversidad.

Por 30 años así se gestionaron y administraron recursos que alcanzaron, en suma, miles de millones de pesos. Tal nivel de opacidad permitió al grupo que controlaba –¿o aún controla?– la Conabio ocultar a las autoridades hacendarias el monto del dinero que ingresaba; y peor, el uso que se le daba.

…Con razón Sarukhán Kermez se atrincheró, cual señor feudal en el casco de su hacienda, cuando le pidieron su renuncia por haber concluido su periodo formal en el cargo. Como documentamos en una entrega anterior, tuvo que ver retenida su quincena para soltar el carnudo hueso y, en medio de berrinches, intentar dejar a uno de sus incondicionales en el puesto.

No se tiene claridad del monto al que ascendieron los fondos que recibió la Conabio a lo largo de 30 años ni cómo fueron utilizados. Los 150 millones de pesos sólo corresponden, apenas, a 2 años de uso discrecional de recursos para “proyectos” con aportaciones de agencias internacionales.

Sólo en 2022 la asignación de recursos millonarios estuvo dirigida de manera discrecional a algunas asociaciones civiles ambientalistas como Pronatura, AC, ligada a Julia Carabias, en específico al proyecto Bioconnect en la región de la Selva Lacandona. Así, sin ningún tipo de rendición de cuentas ni de claridad en los procesos de asignación de recursos, estos personajes trasfirieron millones de pesos a sus proyectos.

Con la revisión que hoy se realiza a lo dejado por Sarukhán, también se ha podido documentar un saqueo de saberes indígenas para favorecer a trasnacionales y agroempresarios. Por años, la información que la Conabio obtuvo de comunidades indígenas y campesinas en términos de biodiversidad se “compartió” con consorcios como Monsanto –hoy parte de Bayer– y asociaciones de tequileros para que pudieran explotar mejor sus plantaciones de café, maíz y agave, por ejemplo.

El grupo que controló la Conabio –con una visión monetarista de la “protección” al ambiente– ni siquiera tenía un registro, para el personal administrativo y de investigación del organismo, de cuántas personas han sido beneficiadas con el Fideicomiso. No hay documentos que den cuenta de esta información tan básica.

Estos hallazgos se encuentran perfectamente documentados apenas a un mes de iniciada la revisión de las nuevas autoridades. En estos momentos se auditan los convenios de investigación para el conocimiento de la biodiversidad (flora y fauna), la situación del personal administrativo, las liquidaciones, los materiales y el estado de las finanzas.

Como se recordará, el 25 de agosto pasado se notificó el nombramiento del nuevo secretario Ejecutivo de la Conabio. Se trata del doctor Daniel Quezada Daniel. El cargo es honorifico, por lo que no representa un gasto para el gobierno federal.

La Coordinación Nacional estaba ocupada por José Sarukhán Kermez, el mismo que intentó imponer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que provocó una intensa movilización de la comunidad estudiantil en su contra. Sarukhán terminó su segundo periodo en la Conabio el 30 de junio de 2022. Controló los millonarios recursos de la institución por 12 años sin rendir cuentas a nadie; pero desde hace 30 ya era integrante del grupo que hegemonizó el organismo.

Se debe destacar que los recursos de la Conabio se administran mediante el fideicomiso privado Fondo para la Biodiversidad, el cual recibe aportaciones de sectores tanto privados como gubernamentales. No es sujeto de los procedimientos normativos de comprobación por tener ese caráter “privado”.

Resulta extraño que, en la formalidad, la Conabio sea gobernada por una comisión intersecretarial (es decir, sea parte de la administración pública federal) pero los fondos tengan carácter privado. Hay que recordar que 174 altos cargos del organismo, con sueldos de nivel de direcciones generales y subsecretarías, los pagaba la Sectretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

No obstante, Sarukhán mueve aún hilos en la institución. Su grupo no está dispuesto a perder el control de esos recursos que, como vemos, son de cientos de millones de pesos. Por ello han organizado una campaña en medios y foros universitarios para denunciar el “ataque” a la Conabio.

Coordinan la estrategia de defensa de sus intereses mediante un grupo en la red social WhatsApp llamado “Preservemos Conabio”. En su perfil señala textualmente: “Objetivo de este grupo: Preservar la labor de la CONABIO ante la salida del Dr. Sarukhán” (sic).

Un mapa de nodos compartido en ese grupo –de más de 200 integrantes–muestra la estrategia de defensa de sus intereses (que pretenden hacer creer que son los de la Conabio).

En ese nodo aparecen como supuestas simpatizantes de su causa la diputada federal priísta Marcela Guerra y la exdiputada morenista María del Carmen Bautista. También la abogada y consultora María Elena Mesta, y el abogado, integrante de la organización Ceiba y quien fuera titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México el sexenio pasado, Miguel Ángel Cancino.

Y como punta de lanza en materia científica, tres líderes “focales de grupo” que supuestamente aglutinarían a 240 académicos organizados: la maestra en ciencias Irene Pisanty Baruch, el doctor Ezequiel Excurra y el doctor Jorge Soberón Mainero.

¿Cuántos del grupo de WhatsApp y cuántos de los “apoyadores” en medios, instituciones académicas y organizaciones sociales saben del manejo opaco de los recursos mediante un fideicomiso privado? ¿Cuántos, sorprendidos ante el discurso de una buena causa, sólo están siendo utilizados para que el grupo Sarukhán siga controlando el fondo millonario y de manera discrecional haga exitosas, con varios millones, a organizaciones que supuestamente preservan la naturaleza?

Habrá quienes sepan realmente lo que están defendiendo. Otros, podrían estar siendo utilizados en una disputa que poco tiene que ver con el medio ambiente y mucho con el control de un fondo de cientos de millones de pesos.

Fragmentos

Varios de los que se inmolan por Sarukhán en la Conabio cierran los ojos ante la destrucción de la naturaleza que otra líder de ese grupo, Julia Carabias, autorizó en Quintana Roo (el otro líder es Gabriel Quadri; distintos estilos pero los tres siempre justificando a las grandes industrias contaminantes y promoviendo políticas monetaristas de “preservación” de la naturaleza). Llevará más de 300 años recuperar la selva destruida por Calica (hoy Sac-Tun). Y el monte arrasado sólo podría recuperarse en 3 siglos con la ayuda de una reforestación intensa. Otros daños tienen carácter irreversible y no habrá manera de resarcirlos, entre ellos, la devastación geológica y del sistema subterráneo de cuerpos de agua, que incluye dos cenotes, como da cuenta un estudio científico realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC). Concluye que la filial de la estadunidense Vulcan Minerals ha generado tres grandes tipos de daños: deforestación y pérdida de biodiversidad; saqueo hídrico y contaminación de flujos subterráneos, y contaminación de suelos. El desmonte implicó pérdida del germoplasma de la selva. Entre las especies de flora arrasadas figuran el  tsalam (Lysiloma latisiliquum), el jabín (Piscidia piscipula), el catalox (Swartzia cubensis) y el chicozapote (Manilkara sapota). Al mismo tiempo, se generó pérdida de hábitat de especies de fauna que ya estabaN en riesgo, como el mono aullador (Alouatta villosa), el mono araña (Ateles geoffroyi) y el hocofaisán (Crax rubra). Además, las actividades extractivas de Calica generaron la fragmentación del corredor biológico del jaguar (Panthera onca). Y entre los daños que no tienen remedio, el documento cita la alteración del sistema aguas. Menciona el caso de la mezcla de aguas salinas (de mar) y dulces (manto freático); las fracturas de roca caliza en zona aledaña; el cambio de flujos subterráneos por diferencias de presión, y la contaminación de aguas por polvos y exposición de manto freático a cielo abierto. Con respecto del sistema hídrico subterráneo, el estudio señala la afectación en 17 cenotes: En siete se generó una contaminación marginal; en ocho, el agua presenta turbiedad, y los dos que se encuentran debajo de donde se hacen los trabajos presentan derrumbes y filtración de grasas y aceites, boro, fosfatos y fluoruros, lo que los hace irrecuperables. Vulcan Materials (matriz de Calica, hoy Sac-Tun) se dedica en México desde 1986 al aprovechamiento y la exportación de roca caliza y sus agregados pétreos. Desde ese año, las operaciones de Calica tienen lugar en el municipio de Solidaridad y en la porción continental del municipio de Cozumel mediante acuerdo entre el gobierno estatal y la empresa. Para el año 2000 –en las narices de la entoces titular de Medio Ambiente del gobierno de Ernesto Zedillo, Julia Carabias– obtuvo la autorización federal para aprovechamiento de caliza por debajo del manto freático. Coordinado por la Semarnat, el documento lleva por título Dictamen de Impactos Ambientales Derivados del Proyecto de Extracción Industrial de Roca Caliza a Cargo de la Empresa Calica (hoy Sac-Tun) en los Municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo. Una lástima que el grupo Sarukhán no difunda este estudio con la mitad de la pasión con que defiende a su líder y, sobre todo, sus particulares intereses.