Le pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La comercializadora y laboratorio Landsteiner Pharma le vendió pruebas defectuosas para detectar Covid-19. En un número indeterminado, sus resultados –se descubrió casi inmediatamente– señalaban “positivos” a Covid-19 a quienes realmente no tenían la enfermedad. Por un lote de más de 2 millones 500 mil pruebas, el organismo pagó 230 millones de pesos. El contrato fue adjudicado de manera directa. Sorprende que no sólo no haya sanciones, sino que la misma empresa ya se apresta a concursar para recibir nuevo contrato.

Más aún, el IMSS ha tratado de minimizar la irregularidad diciendo que sólo el 28 por ciento de las pruebas de los lotes revisados arrojaban falsos positivos. ¿Sólo? Se trataría de 700 mil pruebas del total. Veamos.

La variante ómicron, del virus SARS-Cov-2, ha generado las mayores olas de contagios de Covid-19 en todo el mundo. México no es la excepción y, desde hace un par de semanas, registra diariamente nuevos casos infecciosos por decenas de miles que superan, en casi ciento por ciento, a los registrados durante los peores días de la ola pasada. Sólo este jueves 13 la Secretaría de Salud registró 43 mil 523 nuevos pacientes de esta enfermedad.

Uno de los componentes centrales de la estrategia nacional con la que se enfrenta la pandemia es la detección oportuna de los casos. Las distintas dependencias que integran el sistema sanitario del país han adquirido pruebas –tanto de antígenos como las llamadas PCR (sigla en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa)– para detectar y frenar cadenas de contagio.

En primera instancia, los pacientes y sus familias se benefician de una prueba segura porque, con un diagnóstico certero, tienen mayores posibilidades de contar con un tratamiento adecuado para superar la enfermedad, sea o no Covid-19. También se beneficia el maltrecho sistema económico porque previene cancelaciones de actividades por las ausencias de quienes se contagian. Y se beneficia la estrategia nacional contra la pandemia, pues puede advertir en qué regiones se deben realizar acciones para paliar y contener la enfermedad. Una información certera, por ejemplo, puede determinar dónde y cuándo se deben realizar conversiones hospitalarias antes de que los casos desborden los nosocomios.

Las pruebas seguras son, en suma, una poderosa información para los pacientes, las autoridades sanitarias, las unidades económicas y la sociedad en general.

En septiembre pasado, el IMSS compró –mediante adjudicación directa– 2 millones 500 mil pruebas rápidas de antígenos para detectar Covid-19. Los test adquiridos por la dependencia que encabeza Zoé Robledo Aburto son de la marca Genefinder Covid-19 Ag Rapid Test, fabricadas por el laboratorio coreano Osang Healthcare. Como señalamos arriba, le fueron vendidos por la comercializadora de medicamentos y material sanitario Landsteiner Pharma.

La compra fue autorizada, hace 4 meses, por Jorge de Anda García, coordinador de Control de Abasto, en acatamiento de las instrucciones giradas por Borsalino González Andrade, director de Administración, y de Jesús Eduardo Thomas Ulloa, quien encabeza la Unidad de Administración. Los funcionarios adjudicaron de manera directa el contrato bajo la justificación de la emergencia sanitaria.

Apenas 1 mes después de la celebración del contrato, las unidades médicas de los tres niveles de atención comenzaron a reportar deficiencias en las pruebas. Documentos oficiales revelan que de octubre a la fecha se acumulan 18 reportes por defectos de calidad. Los oficios indican falsos positivos, al menos, en cinco lotes diferentes. Instancias al interior del IMSS iniciaron una investigación al respecto y confirmaron la deficiencia de las pruebas señaladas.

De hecho, la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados, a cargo de Nancy Sandoval Gutiérrez, envió un oficio al titular de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud, Ricardo Avilés Hernández, donde advierte del riesgo de otorgar una ampliación al contrato celebrado con Landsteiner Pharma.

En el documento oficial interno del IMSS, Sandoval Gutiérrez argumenta que los casos de falsos positivos derivan en tratamientos erróneos para los derechohabientes, así como el otorgamiento de incapacidades de 10 a 14 días a personas que no son portadoras del virus.

El propio IMSS ha reconocido fallas en las pruebas e informó de un muestreo sobre 123 pruebas en los lotes señalados. Tal vez tratando de minimizar el asunto, ha dicho que “sólo” 35 arrojaron resultados falsos positivos. El asunto es que eso no tranquiliza a nadie. Implícitamente está reconociendo que el 28 por ciento de las pruebas, es decir, 700 mil, podría arrojar resultados equivocados.

Luego de las irregularidades detectadas en las pruebas Genefinder, el IMSS detuvo una automática ampliación del contrato y ordenó una nueva investigación de mercado para realizar la siguiente compra de pruebas rápidas de antígenos. Contralínea cuenta con copia de los documentos citados.

Lo curioso es que, en la licitación anunciada, Landsteiner Pharma vuelve a participar con el mismo producto.

La emergencia de ómicron provoca que se aceleren los procesos para adquirir pruebas. Esta urgencia es aprovechada por algunos para sacar raja. En los próximos días se emitirá formalmente la convocatoria para la licitación. Ya genera expectativas.

El Instituto, que intenta recuperar el prestigio y la calidad de sus servicios, podrá argumentar que fue sorprendido durante la primera compra. Pero resultará más difícil justificar una nueva equivocación.

Landsteiner es proveedor del IMSS desde 2002 y con el actual gobierno no es la primera adjudicación directa que obtiene. El año pasado obtuvo un contrato para vender el anestésico Propofol, utilizado en intervenciones quirúrgicas e intubaciones. Su propuesta, de 880 pesos por pieza, fue de las más altas en el mercado. El medicamento, además, no se fabrica en México sino lo trae de la India. En dos entregas, proporcionó al Instituto 450 mil unidades. Es decir, la transacción fue de 382 millones 500 mil pesos.

La firma es recordada por ser la que había asegurado supuestamente la compra de la vacuna Sputnik-V, del laboratorio ruso Gamaleya, en 2020. Aseguraba haber rebasado al gobierno federal (y a los de todo el mundo). En diciembre pasado fue demandada por incumplir el pago con uno de sus acreedores

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