El expresidente Ernesto Zedillo –nuevamente reciclado por la oposición como vocero contra el “autoritarismo” de la 4T– carga con un historial de cuentas pendientes que podrían judicializarse, si hubiera la voluntad política necesaria para que rinda cuentas, en especial sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en su mandato. Además de ello, están los presuntos vínculos de su familia con el cártel de los hermanos Amezcua Contreras –expediente del que Contralínea tiene copia–, los delitos financieros como el Fobaproa y los rescates de oligarcas, las privatizaciones –incluidos ferrocarriles y pensiones–, hasta el agravio continuado de seguir siendo mantenido por el pueblo de México, pues con dinero público el Banxico le paga una pensión vitalicia de 143 mil pesos al mes
En un ensayo que recién publicó la revista Letras Libres –propiedad de uno de los intelectuales de la derecha oligárquica, Enrique Krauze–, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León asegura que la 4T lo obligó a romper su “silencio histórico”, por la “indignación” que le causa la actual “destrucción” de la democracia mexicana, del Poder Judicial y de proyectos como el aeropuerto de Texcoco. Por lo que llega a calificar el proceso de transformación como una posible tiranía.
Zedillo no defiende la democracia, sino a la clase social a la que siempre ha aspirado pertenecer (a costa de su pueblo): la oligarquía trasnacional. Habrá que recordarle al expresidente ultraneoliberal que no nació rico, se hizo de dinero gracias al erario y los bienes de la nación, que remató como si se tratara de una venta de garage. Tanto así, que a la fecha sigue siendo mantenido por el pueblo, a través de una insultante pensión vitalicia que cobra mes con mes del Banco de México, por 143 mil pesos.
Zedillo, quien en su sexenio prácticamente vendió la patria y principal responsable del “error de diciembre de 1994”, no sólo rompió su silencio [otra vez] en Letras Libres, sino también en la revista Nexos [de Héctor Aguilar Camín, quien por cierto cobraba cheques millonarios de la “partida secreta”, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari], a la que dio una entrevista. Como si se tratara de una voz autorizada para hablar de democracia y justicia, el expresidente de la República quiere venir a dar lecciones a un pueblo que no votó por él, pero que sí –masivamente– votó por la 4T.
Ernesto Zedillo no sólo no es una voz autorizada para hablar de democracia y justicia, sino que es exactamente lo contrario, un representante de la antidemocracia y la injusticia: llegó al máximo cargo público tras un magnicidio –el del priísta Luis Donaldo Colosio, del que era jefe de campaña electoral–; ya como presidente y jefe del titular de la PGR, Zedillo nunca aclaró ese crimen ni propició una investigación exhaustiva al respecto.
Además, inmediatamente que asumió el máximo cargo público de este país, asestó un golpe al Poder Judicial, al desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en enero de 1995. Otra mancha en su historial antidemocrático fue haber negociado con Estados Unidos la “transición” de 2000, que colocó al PAN en la Presidencia con Vicente Fox [según la denuncia de Francisco Labastida Ochoa, que recientemente recordó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que le entregaron un PRI quebrado y fue saboteado desde el gobierno, porque Zedillo había comprometido esa transición a cambio de un crédito para hacerle frente a la crisis del Fobaproa].
Así que no, el priísta ultraneoliberal no es referencia para hablar de democracia ni de justicia. Pues si de justicia social hablamos, baste recordar que mientras privatizó el régimen de pensiones en 1997 –con la entrada en vigor de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y la extinción del sistema de 1973, lo que dejó en total vulnerabilidad a los ahora adultos mayores que se jubilaron bajo el régimen de las Afores–, él cobra desde entonces la pensión vitalicia del Banxico.
La crisis de las pensiones ha sido tal, que a quienes ya empezaron a retirarse y cobrar lo de las Afores se les tiene que asignar una pensión complementaria federal desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La privatización de las pensiones fue un golpe más a la justicia social, que de por sí ya venía sufriendo en aquella época el efecto de la recesión del “error de diciembre de 1994”, así como de las múltiples privatizaciones que impulsaba el PRI en el gobierno, sobre todo a partir de Salinas de Gortari.
Es por ello que Zedillo encarna aquella frase de López Obrador de que no les importa el país, sino lo que quieren es volver al poder por sus fueros. A este político cínico, que tras privatizar los Ferrocarriles Nacionales de México fue a contratarse a la empresa ferroviaria Kansas City, beneficiaria de esa venta de garage de los bienes públicos, el erario del pueblo lo sigue manteniendo.
El economista y padre de la crisis de 1994-1995 –conocida como “el error de diciembre” y “efecto tequila”– no tiene ningún remordimiento de cobrar de un país al que casi destruyó, en el que ni siquiera vive, y de un pueblo al que expolió de todas las formas posibles: al mes, obtiene del erario nacional 143 mil 20 pesos mensuales del Banxico, cifra actualizada a 2025, de acuerdo con los registros del banco central.
Políticas antisociales
La privatización de las pensiones no fue la única política pública antisocial de su gobierno (como se les conoce a las políticas que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos sociales y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas). En la lista están los rescates con dinero del pueblo de un puñado de empresarios y la profundización de las privatizaciones, en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada.
Ejemplo de ello es el Fobaproa: el gobierno zedillista no sólo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros –misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes siete sexenios: los más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Zedillo se terminarán de pagar hasta 2042–. Es, sin duda, uno de los mayores latrocinios –hurto o fraude que se comete contra bienes públicos– contra el pueblo de México.
Con dinero público también rescató a los dueños de carreteras, ingenios azucareros y aerolíneas (sectores que privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priísta Carlos Salinas de Gortari). Y a esto se sumaron las privatizaciones de los ferrocarriles, satélites, puertos y aeropuertos, exploración petrolera y distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales.
Expedientes por narcotráfico
Tres expedientes oficiales revelan que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue investigado durante su propio sexenio por supuestos nexos con los cárteles de Colima y de Juárez, hechos por los que el político priísta aún estaría impune, debido a su nivel de influencia y a los arreglos que posteriormente estableció con su sucesor, el panista Vicente Fox Quesada.
Uno de ellos es la averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República, ya cerrada y que data del sexenio zedillista, en la que señala una supuesta relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con el cártel de Colima, encabezado por los hermanos Amezcua Contreras, apodados los Reyes de las Metanfetaminas.
En el archivo se incluyen diversas pruebas documentales, entre las que destacan testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras.
El documento confidencial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron presuntos vínculos de ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente, y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez.
Los teléfonos de los integrantes del Cártel de Colima fueron pinchados por el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, en 1996 y 1997. Así, la PGR grabó miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien posteriormente a estos descubrimientos fue encarcelado hasta su muerte, acusado de presunto narcotráfico, pues habría recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, el Señor de los Cielos.
El documento confidencial de la FEADS, de 43 páginas, revela los contenidos de las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro del grupo criminal, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
Tirado le dijo a Jesús Amezcua: “ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.
“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”.
Otro expediente corresponde a una indagatoria de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborada en diciembre de 1995 por la V Región Militar y enviado directamente al entonces general secretario Enrique Cervantes Aguirre; y una tercera indagatoria de la entonces PGR que se conoció como el ‘Caso LEO’.
Los tres archivos –en poder de Contralínea– acusan presuntas relaciones estrechas entre los narcotraficantes y los familiares de Ernesto Zedillo (su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez; su suegro, Fernando Velasco Márquez; y sus cuñados, Fernando y Francisco Velasco Núñez), así como con uno de sus brazos derechos en la Presidencia (su secretario particular, Liébano Sáenz), por lo que las indagatorias de las autoridades incluyeron hipótesis que ubicaban al entonces presidente de la República como beneficiario final o autor intelectual de los presuntos negocios ilícitos.
Otra de las características de estos tres expedientes es que ninguno de ellos se inició teniendo como línea principal u objetivo primario a Ernesto Zedillo o a sus operadores, sino que se llegó a éstos como parte de los hallazgos derivados de las propias estrategias investigativas.
Y la tercera característica es que ninguno de ellos prosperó ni se judicializó. Además de que los investigadores principales fueron acosados brutalmente: uno de ellos fue asesinado (Héctor Rodríguez Armendáriz, agente especial de la PGR); otro, encarcelado (general Jesús Gutiérrez Rebollo); y otro más, exiliado (Samuel González, entonces titular de la UEDO, de la PGR).
En el caso del expediente militar, la información se obtuvo del testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del Cártel de Juárez, liderado en aquellos años por Amado Carrillo Fuentes.
Fechado el 4 de diciembre de 1995 –apenas un año después de que Zedillo asumiera la Presidencia–, el archivo número 39872, de la V Región Militar y firmado por el general Gutiérrez Rebollo, se basa en el testimonio del subteniente desertor de la Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Francisco Corona García, quien, tras enrolarse con el Cártel de Juárez, conoció a Amado Carrillo y a sus operadores.
El militar reveló conversaciones que sostuvo con González Quirarte, en las que aseguró que dicho narcotraficante –a quien se le atribuye haber sido el segundo en la estructura del cártel del Señor de los Cielos– reveló que su jefe había financiado a Liébano Sáenz durante la breve campaña presidencial de Zedillo.
Para entonces, Sáenz –hoy abierto opositor al gobierno del presidente López Obrador– era el secretario particular del presidente Zedillo, y tenía tanto poder, que se le consideraba el segundo al mando del país (algo así como un vicepresidente, a grado tal que en aquella época se consideraba que él pudo haber llegado a la Presidencia, como suplente de Luis Donaldo Colosio tras el magnicidio, y de quien fue jefe de información y propaganda durante su campaña, e incluso fue quien informó de su muerte tras el atentado en Lomas Taurinas).
Acerca del subteniente Corona García, el expediente indica que fue aprehendido por el delito de deserción “por el grupo de información de esta Región Militar, en esta plaza, el 3 de diciembre de 1995 y quien se encuentra relacionado con el Cártel de Juárez”
Agrega que, entre otras cosas, el militar desertor confesó que escuchó directamente a Amado Carrillo Fuentes comentarle a Eduardo González Quirarte: “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al lic. Lievano Saenz [sic], para que nos vaya bien con Santa Claus”. Y se agrega que el regalo sería presuntamente una casa.
El subteniente Corona también dijo que había preguntado a González Quirarte “quién era el lic. Lievano Saenz [sic], porque no lo conocía, [y] éste le contestó que era el secretario particular del sr presidente de la República. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el lic. Lievano Saenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia de Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos”.
Como previamente lo ha informado Contralínea, este nexo también fue descubierto en el expediente ‘LEO’, que abrió la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la ya extinta Procuraduría General de la República. Nuevamente, la línea de investigación fue la operación y estructura del Cártel de Juárez.
Esta indagatoria se le encargó al agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, quien tras descubrir que los tentáculos de la organización criminal de Amado Carrillo llegaban hasta la secretaría particular de la Presidencia de la República fue ejecutado el 22 de junio de 1999, en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza. Meses antes, el agente había denunciado amenazas de muerte y había pedido su baja a la PGR, pero sus jefes (José Trinidad Larrieta Carrasco y el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar) no le hicieron caso.
Previo a su asesinato –que nunca fue esclarecido–, Rodríguez Armendáriz investigó e integró el expediente ministerial Caso LEO, clasificado como confidencial por la PGR, que acusaba al secretario particular del Zedillo, José Liébano Sáenz, de estar implicado con el Cártel de Juárez. Posteriormente, este asunto fue cerrado supuestamente por falta de elementos.
Ello, a pesar de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluyó que sí había evidencias suficientes de relaciones sospechosas entre el secretario particular de Zedillo y el narcotráfico, así como con lavadores de dinero. Aunque nunca se judicializó el asunto, Liébano Sáenz sí fue citado a declarar por el entonces titular de la UEDO, Samuel González. De acuerdo con los documentos, en aquel interrogatorio se le cuestionó, incluso, por una supuesta relación íntima de su hermana con uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Juárez.
Como si se tratara de una novela de intriga política y redes de corrupción al más alto nivel, Samuel García fue amenazado de muerte y –a diferencia de lo que pasó con el agente especial– logró ser designado cónsul en Sevilla, España. Sólo así salvó la vida.
Evasión de impuestos
Otros casos de corrupción que lo involucraron fueron los contratos de obras públicas entregados a la empresa de su familia, llamada Grupo Intecom, en un claro conflicto de interés, y el haber otorgado perdones y condonaciones fiscales, vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, a sus hermanos Ponce de León.
Al mismo tiempo que se beneficiaba de su cargo público y entregaba recursos públicos al poder económico, el zedillismo combatía con ferocidad toda disidencia: desde los movimientos sociales en contra de su política neoliberal, como el del Barzón y el del Consejo General de Huelga de los estudiantes de la UNAM (que mantuvo en paro por nueve meses a la máxima casa de estudios en contra de la privatización de la educación, y fue disuelto mediante la represión en febrero de 2000), hasta los conflictos armados, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Entre diciembre de 1994 y noviembre de 2000, su gobierno ejecutó una estrategia de contrainsurgencia para exterminar al EZLN, que incluía uso de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. Sólo por citar algunos de los delitos de lesa humanidad que cometió aquel gobierno, están las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque. Los delitos de esta naturaleza, por ser violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, no prescriben de acuerdo con las leyes mexicanas y el derecho internacional.
Y como parte de esa guerra contra la sociedad, su sexenio consolidó el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, especializado en espionaje político. Ello, de la mano de Alejandro Alegre Rabiela –secretario general del Cisen de 1994 a 1999, y director en 2000, quien fue titular de la Dirección General de Emisión y Cajero Principal en el Banco de México hasta 2024– y Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El rescate de bancos, carreteras…
El mayor latrocinio de Zedillo es, sin duda, el Fobaproa-IPAB. Tras el llamado “error de diciembre” de 1994 –considerado el inicio de una de las peores crisis financieras recientes del país– el priísta endosó la multimillonaria deuda de los bancos a los mexicanos, en complicidad con Felipe Calderón, entonces líder del PAN, partido que acompañó esta política pública de convertir una deuda privada en pública–.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación estimó que, “al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”.
En 1996, Zedillo aseguró en su Segundo informe de gobierno que el costo del rescate ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1996, el doctor en economía afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.
En su el informe especial Infraestructura financiada con ingresos futuros, la Auditoría Superior señalaba desde 2017 que “el importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1 billón 243 mil 265.7 millones de pesos y de recursos fiscales que el gobierno federal transfiere al IPAB, por 421 mil 754.7 millones de pesos”.
Para la ASF, esas obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros representan riesgos para las finanzas del actual y los próximos sexenios, pues “podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de las entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos) … lo que necesariamente incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas”.
Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2022 esta deuda que heredó Zedillo casi alcanzó los 930 mil millones de pesos: “el monto de los pasivos netos del Instituto [IPAB] a precios corrientes, pasó de 919 mil 669 millones de pesos en diciembre de 2021 a 929 mil 696 millones de pesos en junio de 2022, presentando un incremento en términos nominales de 1.09 por ciento y una disminución de 2.83 por ciento en términos reales, considerando qué durante ese periodo, la inflación acumulada fue de 4.04 por ciento”.
Además del Fobaproa, el gobierno zedillista destinó recursos públicos para el rescate de otros sectores privatizados apenas el sexenio anterior. De acuerdo con el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo” –de la investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos–, en ese sexenio “se permitieron los onerosos rescates de la banca, de las aerolíneas, de los ingenios azucareros y de las carreteras, entre otros, todos privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari”.
Como ejemplo, cita el caso del sector carretero, privatizado con Salinas mediante 52 concesiones –hasta por 50 años– para construir 5 mil kilómetros de autopistas. Hasta octubre de 1995, las inversiones superaban los 62 mil millones de pesos: 46 por ciento (28 mil 500 millones) financiado por el sistema bancario nacional; 24 por ciento (casi 15 mil millones) por los concesionarios; 14 por ciento (8 mil 680 millones) por créditos no bancarios; 13 por ciento por el gobierno federal (8 mil millones); y 3 por ciento (1 mil 860 millones de pesos) por gobiernos estatales.
“El esquema fracasó debido a las altas tasas de interés, reducido tránsito vehicular y plazos de recuperación relativamente cortos. Las constructoras Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) se declararon en suspensión de pagos, alegando que el negocio no había sido rentable a raíz de la crisis de 1994; no se cumplió con las expectativas de aforos vehiculares, y por el incremento de costos financieros, entre otros factores. Hacia 1996, se perfiló la posibilidad de que el gobierno federal retomara al menos cinco de las carreteras concesionadas: Durango-Yerbanís, Gómez Palacio-Cuencame-Yerbanís y otras localizadas en Campeche, Zacatecas o Chiapas. En 1997, la administración de Zedillo rescata las empresas, comprando sus activos carreteros por montos equivalentes a 40 por ciento de su valor, mediante unos pagarés de indemnización carretera, a saldar en cinco, 10 y 15 años. En agosto de ese mismo año, fueron rescatadas 23 autopistas de las cuales tres aún estaban en construcción; a éstas se sumaron los tramos Pátzcuaro-Uruapan y Matamoros-Reynosa, consideradas inviables por los concesionarios, totalizando así 25 autopistas.”
El análisis agrega que ese mismo año, la deuda bancaria que asumió el gobierno federal por el Programa de Rescate Carretero sumó 36 mil 646.1 millones de pesos, “además de los 21 mil 78.6 millones que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC’s –para poder liquidar las cuentas por pagar de los proyectos– para lo cual se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), en el que Banobras actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley en la materia. El pago de estos réditos, iniciado desde la constitución del FARAC, ha figurado de manera constante como parte del costo financiero del gobierno federal, y su cuantificación contable es independiente al monto principal del endeudamiento asumido por el rescate carretero”.
La investigadora Zepeda Bustos añade que las principales empresas beneficiarias fueron Tribasa –concesionaria no sólo de carreteras, sino también de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de agua potable, entre otros negocios, como la construcción de infraestructura petrolera, de electricidad y gas–, GMD e Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
Otro de los rescates de Zedillo fue el de los más de 60 ingenios azucareros rematados en los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas–: entre 1995 y 2000 se les entregaron recursos públicos por 8 mil 938 millones 436.4 mil pesos (2 mil 784 millones 701.1 mil para capitalizar a Financiera Nacional Azucarera –Finasa–, 2 mil 743 millones 300.6 mil como subsidio de Finasa, 2 mil 686 millones de otros subsidios, 477 millones 384.9 mil como apoyo a las exportaciones de excedentes de azúcar, y 247 millones 49.8 mil pesos por apoyos al manejo de inventarios de azúcar nacional, de acuerdo con el análisis “La agenda del azúcar mexicano 1990-2003: origen y causas de la crisis financiera”.
Elaborado por los investigadores Víctor Manuel Castillo Girón y Alma Alicia Aguirre Jiménez, el estudio apunta que “al mismo tiempo que se acentuaban los problemas de las factorías azucareras del país, por los incrementos en los pasivos, se intensificaban los apoyos económicos y subsidios del gobierno federal hacia la industria azucarera”.
Las privatizaciones
En plena crisis económico-social, Zedillo decidió beneficiar aún más a los ricos. El poder económico mexicano y extranjero se hizo de áreas estratégicas antes controladas por el gobierno. Por ejemplo, en 1995, el Senado de la República aprobó la iniciativa zedillista para vender los Ferrocarriles Nacionales de México. “Para facilitar la privatización, el sistema ferroviario fue dividido en tres troncales regionales: (1) el Ferrocarril del Noreste, (2) el Ferrocarril del Pacífico Norte, y (3) el Ferrocarril del Sureste y la Terminal Ferroviaria del Valle de México, así como varios ferrocarriles con vías de corta longitud, señala el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.
Asimismo, agrega que en ese sexenio se concesionaron los puertos y aeropuertos: en marzo de 1996, la SCT inició la privatización ocho de las 18 Administraciones Portuarias Integrales del país, mientras que en el caso de los aeropuertos, “uno de los concesionarios de los aeropuertos es Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), constituido por las empresas españolas Aena, Dragados, Concesiones de Infraestructura, SA, y los mexicanos Pal Aeropuertos, SA, y Promotora Aeronáutica del Pacífico (PAP)”.
En materia de electricidad, apunta que “mediante el sesgo de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de 1992, a través de la Comisión Reguladora de Energía, el gobierno de Ernesto Zedillo abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector, otorgando importantes concesiones a partir de 1995, sobre todo bajo la figura de productor independiente de energía, mecanismo en ascenso por la inconstitucional venta de energía para el servicio público”.
En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, que –entre otras cosas– ordena revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía, por ser fraudulentos.
Además del ferrocarril, los puertos y aeropuertos, Zedillo privatizó la distribución de gas (favoreciendo a la española Gas Natural y a la estadunidense Enron); los satélites Morelos I, Morelos II, Solidaridad I, Solidaridad II y el proyecto Satmex 5; concesionó reservas, unidades y plantas mineras; e incentivó “los negocios privados en pesca y acuacultura, que desarticularon la vida comunitaria de los pescadores”, advierte el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.
En esos mismos años y a la par de esas políticas públicas antisociales, en México se fue ampliando la pobreza y la marginación. Oficialmente, el gobierno zedillista admitió haber generado 4 millones 714 mil 63 nuevos pobres alimentarios, es decir, que carecían “del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes”.
Además, su gobierno propició que 4 millones 330 mil 738 de personas se sumaran a las filas de pobres en capacidades, esto es que presentan insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Y mandó a la pobreza patrimonial a 5 millones 681 mil 744 de personas, que es la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”.
Y es que datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –que históricamente fueron manipulados por el gobierno– indican que en 1994 (último año del gobierno de Carlos Salinas), 19 millones 8 mil 88 personas se encontraban en situación de pobreza alimentaria; 26 millones 885 mil 596, en pobreza de capacidades; y 47 millones 18 mil 805, en pobreza patrimonial. Para 2000 (último año del gobierno de Zedillo), 23 millones 722 mil 151 personas estaban en pobreza alimentaria; 31 millones 216 mil 334, en pobreza de capacidades; y 52 millones 700 mil 549, en pobreza patrimonial.
Crisis más severa desde Crack del 29
El 20 de diciembre de 1994 estalló el “efecto tequila”, crisis considerada por el Banco de México como la más grave desde el llamado “jueves negro” o Crack de 1929. Al año siguiente, el doctor en economía y presidente de la República destinaba dinero del pueblo mexicano a recapitalizar bancos privados, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ello, a pesar de que el rescate fue aprobado –con la anuencia del panismo– hasta 1998, el 12 de diciembre mientras muchos mexicanos celebraban el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquella fecha, el Barzón y otras organizaciones sociales protestaban afuera de la Cámara de Diputados. Carlos Medina Plascencia era entonces el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados (LVII Legislatura, 1997-2000).
Hace unos días, el 20 de octubre pasado –en Madrid, España–, Felipe Calderón confesó que, en 1998, cuando era líder de Acción Nacional, dio su aprobación al Fobaproa luego de que se lo pidiera directamente Zedillo. Incluso dijo haber pensado en aquel momento que esa decisión le significaría su “muerte política”. No fue así: ocho años más tarde, en 2006, el PRI le pagó avalando el fraude electoral que lo llevó a la Presidencia.
En su Informe anual 1995, el Banco de México señaló que ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. […]. La actividad económica mostró una contracción muy marcada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el valor del producto interno bruto (PIB) medido a precios constantes de 1980 se redujo 6.9 por ciento. La denominada ‘absorción’ de la economía –representada por la suma de los gastos de consumo e inversión tanto públicos como privados– disminuyó 15.9 por ciento. Por tanto, en 1995 la demanda agregada, medida a precios constantes, se redujo 10.2 por ciento después de haber aumentado 4.9 por ciento el año anterior. Esta contracción sólo pudo ser compensada parcialmente por la expansión de las exportaciones de bienes y servicios, las cuales mostraron acrecentado dinamismo. Durante 1995 el gasto total en consumo se redujo 11.7 por ciento”.
El reporte agregó que “la devaluación del peso mexicano tuvo importantes repercusiones sobre la salud del sistema bancario nacional: aumento sin precedente de la cartera vencida de las instituciones de crédito y descenso de sus niveles de capitalización”.
Por ello, ese año se lanzó el Programa de Capitalización Temporal para rescatar a los bancos donde el coeficiente capital/activos descendió por debajo del mínimo establecido en la normativa (luego de que los créditos bancarios en moneda extranjera incrementaron considerablemente su valor en moneda nacional). El Banxico justificó que “las disposiciones sobre constitución de reservas preventivas implicaron la necesidad de recapitalizar algunas instituciones de crédito. En estas condiciones, el Fobaproa adquirió instrumentos representativos de deuda subordinada emitidos por los bancos comerciales con coeficientes de capital según la regulación (de riesgos crediticios) inferiores al 8 por ciento.
“El 31 de marzo de 1995 se incorporaron al Programa cinco instituciones. Los créditos otorgados al amparo de este programa alcanzaron un máximo de 7 mil 8 millones de pesos en el mes de mayo […]. En 1995, seis instituciones fueron intervenidas por la CNBV y/o recibieron apoyo de Fobaproa: Banpaís, Banco Obrero, Banco de Oriente, Banco del Centro, Banco Interestatal y Banco Inverlat. Además, Banco Unión y Cremi, instituciones que fueron intervenidas en 1994, recibieron créditos de Fobaproa durante 1995”. Todos habían sido entregados por Salinas a empresarios apenas cinco años antes.
Como si no existiera memoria histórica de lo que significó para millones de personas el manejo de la crisis económica de 1995 (menoscabo o pérdida total de ahorros, desempleo, pérdida de viviendas –porque se dispararon los costos de las hipotecas–, quiebra de micros, pequeñas y medianas empresas), Zedillo sigue dando “clases” de economía y manejo de crisis en defensa del modelo neoliberal. Y ahora viene a querer dar lecciones de democracia. Mejor que resarza el daño a México y comience por dejar de cobrar la pensión vitalicia del Banxico.
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