Alma, una madre soltera y ama de casa, fue sentenciada a 6 años de prisión por el delito de fraude electoral, cuando varios partidos políticos y asociaciones políticas le solicitaron su credencial de elector, con el fin de comprar su voto. Mientras que a las instituciones políticas que la corrompieron explotando su situación de pobreza y vulnerabilidad no se les impusieron sanciones, Alma enfrentó un juicio que terminó sentenciándola a la privación de su libertad.

Fue gracias a la intervención de los abogados gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) que Alma logró una revisión de su caso y que se le otorgara el beneficio de cumplir su condena en libertad condicional.

De acuerdo con la abogada Ivonne Mares Ahedo, quien llevó el caso de Alma, su representada aceptó dar su credencial para votar a cambio de una promesa de que le entregarían un terreno y un techo donde vivir, para proveer alimento y sustento a su familia.

La sentencia condenatoria se fijó en julio de 2013, aunque Alma fue privada de su libertad hasta mayo de 2018. Adicionalmente a la prisión, se le impuso 150 días de multa equivalentes a 7 mil pesos.

La defensora federal del IFDP, Mares Ahedo solicitó que el caso se revisara con una perspectiva de género, pues se trataba de un ama de casa y jefa de familia en situación de pobreza, así como con un enfoque de interseccionalidad, pues el delito se cometió como un acto desesperado por sus condiciones de precariedad.

En una entrevista con Contralínea, la abogada Mares Ahedo expuso que por este caso no se llevó a proceso penal a los responsables de los partidos políticos que solicitaron la credencial para votar a Alma a cambio de su sufragio.

“Hasta el momento no existen ese tipo de mecanismos. Por desgracia, siempre se carga contra los más vulnerables. Es importante que se juzgue a los que están hasta arriba, son los interesados en usar a la población más vulnerable para cometer estos delitos. Ellos son los beneficiados con los votos comprados.”

Por otro lado, se sabe que el caso de Alma no es aislado, sino que son delitos cotidianos, y aumentan cuando hay un proceso electoral cercano. Tan sólo la abogada Mares Ahedo tiene la experiencia de otros cinco casos en condiciones similares.

Al respecto, la defensora especificó que los partidos políticos eligen un perfil de personas que sólo cuentan con educación básica, bajos ingresos económicos, en zonas pobres de la ciudad, y no están informados sobre el delito que podrían cometer.

En ese sentido, “ellos declaran que, a veces por miedo, se acogen a su derecho de no autoincriminación. Pero, es importante que ellos declaren, y hagan saber esa circunstancia, para que el juez juzgue esa parte”.

En la actualidad, Alma goza de libertad condicional, y tiene un trabajo en una tienda de regalos; sin embargo, fue contratada gracias a que la encargada de la tienda la conoce y no le pidió su credencial para votar la cual le fue retirada. Ella tiene que terminar su sentencia de un aproximado de 2 años y 4 meses con sus derechos políticos suspendidos. Por lo que estas penalizaciones implican fuertes consecuencias laborales para ella.

La defensora pública Mares Ahedo reiteró que el servicio del IFDP es gratuito para cualquier persona que se encuentre en una situación similar, esté en un proceso legal o a punto de que le vinculen a un proceso por delitos electorales, y no tenga dinero para pagar un abogado privado.

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