El estruendo metódico de los golpes contra una puerta de madera retumbó en el pequeño espacio donde permanecían apiladas cobijas, víveres y una olla de frijoles que alimentaba el plantón de la comunidad trans y no binaria. Del otro lado se escuchó una advertencia cargada de pánico de una de ellas: “¡Están intentando entrar! ¡Necesitamos reforzar la puerta!”.

Mujeres trans y personas no binarias unieron entonces sus cuerpos contra las sillas y tablones que habían improvisado como barricada dentro de un cubículo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Durante varios minutos resistieron con fuerza el avance de los uniformados. Afuera, el plantón que mantenían desde hacía de cinco días exigía una reunión directa con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como avances concretos hacia una Ley Integral Trans.

La resistencia terminó cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) expulsaron polvo químico de extintores a través de las rendijas de la puerta. El aire se volvió irrespirable de inmediato. Entre ataques severos de tos y con la visibilidad reducida a cero, las manifestantes se vieron obligadas a abandonar el espacio. “¡Sálganse, sálganse!” gritaba Victoria Sámano, activista de Lleca, un refugio para personas trans en situación de calle.

Minutos después, los uniformados ocuparon por completo el cubículo, retiraron las barricadas y cerraron todos los accesos. Así concluyó el desalojo del plantón trans instalado frente a la dependencia federal. Sin embargo, los hilos de esta situación se habían comenzado a tensar muchas horas antes.

La movilización buscaba presionar a las autoridades federales para atender una serie de demandas que las colectivas consideran pendientes desde hace décadas para la población trans, un sector que continúa enfrentando altos niveles de exclusión y discriminación.

Al respecto, la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 reveló que las personas con identidades de género no normativas reportan una elevada percepción de discriminación: 74.4 por ciento de las mujeres trans, 74.8 por ciento de los hombres trans y 80.2 por ciento de las personas con otras identidades de género no normativas señalaron haber experimentado algún tipo de trato discriminatorio.

La protesta de la comunidad había escalado formalmente tras la entrega de un pliego petitorio el 22 de junio, cuyo eje principal es la creación de una Ley Integral Trans. Al no obtener respuestas institucionales operativas, las colectivas bloquearon los accesos de la Secretaría de Gobernación e impidieron temporalmente la entrada y salida de trabajadores, además de realizar pintas en el inmueble como una forma de protesta.

Victoria Sámano explicó detalladamente las motivaciones de la protesta: “Decidimos tomar los accesos porque nadie quiso recibir el documento con nuestras peticiones […] No entra nadie ni sale nadie y así vamos a continuar, al menos hasta que no reciban ese documento en Oficialía de Partes”, declaró un día antes.

Según detallaron las colectivas, funcionarios de Gobernación ofrecieron una mesa de trabajo alternativa con el subsecretario Arturo Medina Padilla, propuesta que fue categóricamente rechazada por la desconfianza ante diálogos previos que no derivaron en acuerdos sustanciales. “La exigencia principal es con la secretaria Rosa Icela”, sostuvo la activista Sámano.

Las organizaciones denuncian además el incumplimiento de la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida originalmente para atender las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que enfrenta la población trans en México. Aunque las autoridades federales sostienen formalmente haber dado cumplimiento al documento, las activistas afirman que la realidad cotidiana en el país sigue profundamente marcada por la exclusión, la precariedad y la violencia.

Dicha recomendación establece obligaciones gubernamentales para garantizar derechos relacionados con la identidad de género, acceso real a la salud, educación, trabajo formal, vivienda digna y acceso expedito a la justicia.

Videos difundidos el 23 de junio por colectivas y activistas independientes muestran los forcejeos previos en uno de los accesos principales. En las imágenes en bruto se observa a integrantes de la comunidad intentando impedir que una de las puertas fuera clausurada, mientras elementos de la Guardia Nacional empujan con fuerza para recuperar el control físico de la zona. Durante estos forcejeos resultó lesionada Artemisa, integrante de Justicia Histórica Trans.

De acuerdo con el testimonio de las activistas, un elemento de la Guardia Nacional la golpeó directamente en la cabeza con su equipamiento. La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde recibió un diagnóstico médico de esguince cervical de segundo grado, policontusiones y una herida abierta en el cráneo que requirió siete puntadas de sutura. Este hecho disolvió cualquier posibilidad de conciliación e incrementó la tensión.

Minutos después del desalojo definitivo, Sashe Martínez, integrante presente de la comunidad trans, describió la atmósfera de despojo material y el temor fundado que impera entre las manifestantes tras la intervención armada: “Todas nuestras pertenencias, las que no alcanzamos a sacar, todos nuestros víveres, todo lo que teníamos ahí adentro, en este momento se lo han quedado. Tenemos fuertes sospechas de que nos vayan a plantar a decir que teníamos armas, que teníamos droga, que teníamos algo acá, algo más, ¿para qué? para desprestigiar nuestro movimiento que hasta el momento siempre había sido pacífico”.

Tras la agresión denunciada contra Artemisa y las pintas realizadas en la fachada del inmueble, patrullas de la policía capitalina comenzaron a rodear las calles aledañas de la colonia Juárez. Mientras algunas integrantes del plantón rompían en llanto tras perder el espacio que habían habitado y defendido durante cinco días, otras regresaron a las paredes exteriores del cubículo desalojado para plasmar nuevas consignas con los últimos aerosoles que lograron conservar del operativo.

El desalojo ocurrió en junio, mes en que se conmemora oficialmente el Orgullo LGBTIQ+, y a escasos días de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Para las organizaciones presentes en el desalojo, la represión frente a la Secretaría de Gobernación no puede desvincularse del contexto generalizado de violencia extrema que enfrenta la población trans en el país.

Ante la falta de un registro oficial que permita dimensionar la violencia contra las personas trans en México –en un contexto donde la tipificación del transfeminicidio no existe de manera homogénea en todo el país–, han sido colectivos y organizaciones civiles quienes han asumido la tarea de documentar los casos. En esa memoria construida desde el activismo, al menos 11 mujeres trans han sido asesinadas en México durante 2026.

Pese a haber perdido el espacio que ocuparon durante cinco días dentro de Gobernación, así como los insumos reunidos para sostener el plantón, las organizaciones participantes –entre ellas Justicia Histórica, integrada predominantemente por mujeres trans adultas mayores, y Lleca– afirmaron que permanecerán en Bucareli.

Las colectivas sostienen que la demanda que motivó la protesta sigue pendiente: una reunión con las máximas autoridades federales y compromisos concretos, acompañados de recursos públicos, para atender las condiciones de discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas trans en México.

A la fecha de la publicación de esta nota, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez, ni la Guardia Nacional sobre el operativo que desalojó a la comunidad el 23 de junio.