Las acusaciones de censura contra los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias parten de una postura “hipócrita”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al sostener que algunos de sus principales críticos hoy rechazan mecanismos que durante años consideraron necesarios para proteger a la ciudadanía frente a la difusión de información falsa en los medios de comunicación.
Para sustentar ese señalamiento, la primera mandataria presentó durante su conferencia matutina un fragmento del programa Séptimo Día, transmitido en el año 2000 por el Canal 40 (entonces CNI), en el que participaron los periodistas Sergio Sarmiento, Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker.
En aquella mesa se discutía el papel de los medios durante el proceso electoral de la época y se analizaron los mecanismos que debían existir para que las audiencias pudieran defenderse cuando un medio difundiera información falsa o calumniosa, sin que ello implicara que el Estado interviniera en los contenidos.
En ese intercambio, Sergio Sarmiento afirmó que “los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones”, y planteó que las personas afectadas por información falsa debían contar con instrumentos legales para exigir rectificaciones. Su propuesta consistía en fortalecer la legislación sobre calumnia y difamación, en lugar de crear organismos que, desde su perspectiva de entonces, pudieran ejercer censura.
Ante ello, la presidenta sostuvo que ese debate demuestra que la discusión sobre la protección de las audiencias no nació con la actual administración, sino que comenzó hace más de 26 años desde el propio ámbito periodístico. “Desde entonces se discute qué hacer para que la ciudadanía pueda saber qué es verdad, qué es falso, qué es opinión y qué es noticia”.
Para Sheinbaum Pardo, ese intercambio demuestra que la preocupación por proteger a las audiencias frente a la difusión de información falsa no surgió con la actual administración, sino que forma parte de un debate que comenzó hace más de dos décadas y que hoy encuentra continuidad en los lineamientos previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. “No es el Estado, no es el gobierno; es un mecanismo de la ciudadanía, de la audiencia”.
En ese sentido, explicó que aquella discusión derivó posteriormente en una propuesta para que fueran los propios medios y no la autoridad quienes publicaran sus códigos de ética, designaran una persona defensora de las audiencias y establecieran mecanismos para atender las quejas de la ciudadanía. Recordó que ese modelo fue impulsado por distintos actores, entre ellos el entonces senador Javier Corral; incluso llegó a aprobarse, pero fue eliminado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que nunca pudo aplicarse plenamente.
Añadió que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión retomó ese esquema al establecer la emisión de lineamientos para hacer efectivo el derecho de las audiencias. Precisó que en su elaboración participaron la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), concesionarios y especialistas, y que posteriormente la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública antes de emitir la regulación definitiva.
Frente a las acusaciones de censura, la primera mandataria insistió en rechazar que los lineamientos permitan al gobierno intervenir en los contenidos de radio y televisión. Aseguró que la CRT no podrá sancionar a un medio por sus noticias, opiniones o línea editorial, sino únicamente cuando incumpla obligaciones administrativas previstas en la ley.
Precisó que las multas únicamente podrían imponerse en tres supuestos: cuando un concesionario no publique su código de ética, no nombre a una persona defensora de las audiencias o no establezca un mecanismo para recibir y atender quejas de la ciudadanía.
“Son las únicas tres en las que se puede multar. Si el medio publica el código de ética, pone a su defensor de las audiencias y establece claramente su esquema de quejas, nunca podrá ser multado. No tiene nada que ver con el contenido de la información”.
Asimismo, explicó que los lineamientos establecen que cuando exista contenido patrocinado dentro de un programa informativo, deberá identificarse expresamente como “espacio pagado”, mientras que las emisiones que mezclen información y opinión tendrán que advertirlo al inicio y al final de su transmisión para que las audiencias puedan distinguir ambos tipos de contenido. “¿Qué tiene que ver eso con la censura? Nada”.
De igual manera la titular del Ejecutivo federal sostuvo que las acusaciones contra los lineamientos forman parte de una contradicción más amplia entre algunos dirigentes políticos y comentaristas. Como ejemplo, mencionó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de quien recordó que promovió recursos legales para impedir que se difundieran señalamientos en su contra en el programa Martes del Jaguar, y que ahora acusa de censura resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionadas con propaganda política.
También cuestionó a articulistas y exfuncionarios que durante años criticaron los programas sociales impulsados por los gobiernos de la cuarta transformación, pero posteriormente solicitaron los apoyos a los que tienen derecho como parte de esas políticas públicas. A su juicio, esos casos reflejan la misma contradicción de quienes antes exigían mecanismos para proteger a las audiencias frente a la desinformación y ahora los presentan como un intento de censura.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el derecho de las audiencias está reconocido en la Constitución, y sostuvo que, si existen observaciones sobre los lineamientos actualmente en consulta pública, éstas podrán incorporarse antes de su aprobación definitiva. “Si no se está de acuerdo con los lineamientos, hay que buscar adecuarlos para que sean más claros, pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”.
