El Estado debe garantizar el acceso al aborto legal y gratuito en cada rincón del país, consideran expertas en derechos de las mujeres. Luego del fallo histórico de la Corte que despenaliza esta práctica, señalan que la agenda en esta materia no se termina con el hecho de que quienes aborten ya no vayan a la cárcel: el derecho a decidir interrumpir la gestación debe garantizarse de manera integral en todas las entidades federativas

La lucha feminista en torno a los derechos sexuales y reproductivos no termina con la decisión histórica de despenalizar el aborto a nivel nacional –tomada unánimemente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de septiembre–: toca seguir avanzando y crear un Código Penal único para unificar que interrumpir el embarazo no es un delito; así como legalizar la práctica en los estados de la República donde aún no se legisla a favor, afirma en entrevista Aleida Hernández Cervantes, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde una perspectiva feminista, la especialista en derechos de las mujeres sostiene que el Código Penal único “tendría que establecer que interrumpir el embarazo no es un delito para no estar discutiendo los códigos penales de cada entidad federativa o de cada constitución local; y así unificar la despenalización de la interrupción del embarazo”.

Y es que la decisión de la Suprema Corte derivará en una discusión álgida: “todos los estados tendrán que reevaluar sus códigos penales. Viene el trabajo no de despenalizar sino de incluirlo. Esto va a ser una discusión entre las cámaras muy fuerte que probablemente tampoco se acabe”, observa la etnóloga y especialista en derechos sexuales y reproductivos Ana Teresa Peña Hernández.

El pasado 7 de septiembre el pleno de la SCJN determinó que todos los jueces federales y locales estarán obligados a no considerar aplicables las normas penales de las entidades federativas que criminalicen esta práctica de manera absoluta.

Sí bien el hecho fue histórico porque la Corte “nos debía hace mucho tiempo una decisión de esta magnitud”, en donde les quedara claro a los jueces y juezas y a la sociedad en general que las mujeres tienen derecho a decidir, poner en el centro su autonomía, su proyecto de vida, su libertad sexual y reproductiva como sujetas, queda pendiente legislar el aborto donde aún no está permitido, indica Aleida Hernández.

Por su parte, la maestra en estudios de género Ana Teresa Peña coincide en que “falta legislar el aborto como derecho a la salud [para que] haya acceso al aborto libre, seguro y gratuito”. Esta práctica sólo es legal en la Ciudad de México desde abril de 2007 (mientras que se ha despenalizado en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Coahuila, estados que no cuentan con infraestructura sanitaria para garantizar el derecho).

Desde 2007 hasta junio del presente año, 73 mil 427 mujeres del interior de la República han acudido a la capital del país para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), documentan datos de la Secretaría de Salud local.

Sobre el concepto “legalizar”, la doctora Hernández Cervantes, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), explica que debe haber un aparato legal, jurídico, para que realicen “todo el procedimiento” en las instituciones de salud sin que “ningún servidor público pueda decir que no sin ningún tipo de juicio moral”.

Pero primero debe reformularse el sistema de salud general, añade la maestra Peña Hernández. Deben existir los canales para que una mujer pueda ir a abortar y no esté en peligro su vida, ni su salud física ni emocional. Entonces, cada entidad federativa debería contar con una clínica para abortar.

Respecto a la atención integral, Sofía Garduño Huerta –coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social María– expone que otro pendiente es la capacitación a los prestadores de salud para que realicen los procedimientos adecuados, pero no sólo técnicamente sino también con una atención libre de estigmas.

Ejemplo de ello es que en algunas clínicas de la ILE de la Ciudad de México parte del personal carece de sensibilidad en el tema para atender a quienes acuden, denuncia Rebeca Boligoma, “acompañanta” de mujeres que buscan interrumpir su embarazo. “Las mismas trabajadoras sociales son quienes las tratan con desprecio, son ellas quienes les dicen que se aguanten el dolor porque es su culpa”.

Rebeca añade que las clínicas carecen de atención continua y del servicio de salud emocional. Sólo “llegas, haces tu ultrasonido, te dan los medicamentos si eres de la Ciudad de México y después regresas a hacerte un ultrasonido para checar que todo haya salido en orden, pero no hay una persona que monitoree los síntomas: en casos de emergencias acudes a un hospital”.

Ante ese vacío, la integrante de la colectiva Nahualli Socialli asiste emocionalmente a las mujeres en proceso de aborto. “Al final estamos haciendo una labor que el Estado no está asumiendo. Hay que decirlo con todas sus letras: el Estado sólo se está encargando de esta parte médica pero lo cierto es que sí hay una consecuencia emocional y psicológica para las mujeres”.

La especialista en derechos sexuales y reproductivos Ana Teresa Peña Hernández apunta que las mujeres que abortan “no gozan de abortar, no es un placer. Es un proceso individual que se vive de diferentes formas, pero es un proceso fuerte”.

Ante esta insensibilidad, la salud sexual en general debe ser tomada “en serio como un tema que necesita reformularse desde la ética de la justicia social y quitando todos los preceptos morales, porque al final de cuentas nuestra democracia es laica: las creencias quedan en el terreno de lo individual”, señala.

¡Libertad, libertad, a las presas por abortar!

Las mujeres encarceladas por el delito de aborto necesitan mejores condiciones de acompañamiento y asesoramiento jurídico debido a que si las propias instituciones del Estado “las han perseguido, las han criminalizado, es justo que haya una retribución y que haya una toma de conciencia institucional y se coloquen recursos públicos para ese acompañamiento y para que haya una reparación del daño”, dice la también maestra en derecho Aleida Hernández.

Lo anterior podrá ser posible ya que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, anunció el pasado 8 de septiembre que aquellas procesadas, sentenciadas o a quienes intenten imputar por interrumpir su embarazo o hayan tenido un aborto involuntario podrán recibir asesoría, representación y defensoría mediante el Instituto Federal de la Defensoría Pública. 

El total de presas por abortar que podrían apelar su sentencia y tener derecho a la libertad van de las 700 –de acuerdo con la organización Las Libres– hasta las 3 mil 500 –según datos de la ministra Yasmín Esquivel–. La cifra exacta es difícil conocerla, precisa la maestra Ana Teresa Peña, “porque justamente se diluye entre las que están por delito de homicidio, las que están por algo relacionado”.

La criminalización ha ido en aumento, asevera la investigadora Cervantes Hernández. Estudios establecen 2008 como el año en el que se da un giro mucho más conservador, como respuesta a la legalización del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo en la capital. Los sectores más conservadores del país en colusión con los legisladores y legisladoras de muchos estados de la República reaccionaron con el retroceso de marcos jurídicos que criminalizaban el aborto, recuerda la investigadora del CEIICH. Diecinueve entidades reformaron sus constituciones locales con el fin “de proteger la vida desde la concepción”.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –en su informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México– da cuenta que de enero de 2007 a diciembre de 2016, hubo 4 mil 246 denuncias por el delito de aborto, según lo reportado por procuradurías o fiscalías, de las cuales 850 fueron contra mujeres, 465 hombres y 2 mil 951 no desagregado.

Mientras que los procesos penales por abortar reportados por poderes judiciales en el mismo periodo fueron 531 juicios penales, de los cuales 216 fueron contra mujeres, 152 contra hombres; las sentencias contabilizadas fueron 228: 98 contra mujeres, 69 hombres y 61 no desagregados.

Respecto de la criminalización, la coordinadora del Fondo María, Sofía Garduño, afirma que es una manifestación del estigma alrededor del aborto, el cual dice que abortar está mal basado en estereotipos de género condenatorios del ejercicio de la sexualidad para las mujeres por mero placer y sin fines reproductivos y que miran a la maternidad como un destino único para todas.

Ello, debido al mandato social y de género “muy fuerte en torno a la maternidad” que dicta cómo las mujeres deben hacerle frente, agrega Hernández Cervantes. Respecto de las instituciones impartidoras de justicia que encabezan sobre todo los hombres, ejecutan una “justicia que no es ciega, es una justicia con un enfoque”: castigar con su libertad a quienes decidieron no continuar con la gestación y a quienes tuvieron un aborto fortuito; por eso son acusadas de homicidas.

Además de que la justicia en México es misógina, es profundamente clasista y racista, considera la etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología. Ana Teresa Peña agrega que quienes están encarceladas o en procesos “son mujeres pobres y muchas de ellas, indígenas”, observa la etnóloga. Son ellas quienes se toman los tés, que se meten las agujas de cocer, los ganchos para provocarse un aborto en 2021. Entonces son las mujeres que caen en la cárcel y que desde luego no tienen la forma de acceder a una legítima defensa y mucho menos a juicios en sus lenguas.

“No tienen la lana para acceder, para ir a una clínica clandestina o no en donde tengan las mínimas medidas de higiene y salubridad para atenderlas pue son las mujeres que justamente terminas encarceladas porque se dan cuenta del delito sino que también mueren en los abortos clandestinos”.

La decisión de la Corte

La despenalización del aborto a nivel nacional tardó casi un siglo. En 1936 fue presentada la primera iniciativa para discutir este tópico en México, cuenta la especialista en estudios de género Ana Teresa Peña. La decisión tardó tanto debido a que “hay una ola muy fuerte de personas que lo han manejado en el terreno de lo moral y no en el terreno de la justicia social y de los derechos humanos”. Además de tocar intereses eclesiásticos y otros grupos de poder.

“Tardó tantos años porque la discusión siempre está en el terreno de lo moral y lo religioso. La discusión del aborto siempre está en el terreno de sí es bueno o malo”, analiza la especialista.

Los argumentos tradicionales que “pesan mucho en las mujeres”, opina la activista Rebeca Boligoma. Peso que se convierte en culpa. “¿De dónde surge la culpa: toda tu vida creces escuchando que está mal que decidas no ser madre, que decidas salirte del camino?”

Estos argumentos fueron puestos a un lado en esta ocasión. De acuerdo con el ministro Zaldívar, no se puede garantizar el derecho a la vida del feto pasando por el derecho a la vida de la madre. “Defiende directamente los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar para tomar una decisión sobre su vida, su cuerpo”, dice Sofía Garduño, licenciada en psicología por la máxima casa de estudios.

Esta decisión de la Corte “puso un alto y un hasta aquí a esa ruta de conservadurismo que llevábamos en el país en torno a los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Falta mucho por hacer, pero es algo que marca una pauta porque los jueces no van a poder decidir según su criterio moralizador frente a la maternidad”, culmina la investigadora feminista, Aleida Hernández.

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