La prevaricación es un delito especial contra la administración de la justicia que puede ser cometido por una autoridad o un juez cuando dicta una sentencia o resolución injusta, más aún cuando un ministro o un magistrado juzgan algo en lo que conscientemente saben que no pueden ser neutrales por estar de algún modo implicados y su opinión está comprometida sobre el tema porque simple y sencillamente son juez y parte en su propia causa.

Este es el caso de Norma Piña Hernández y sus 10 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes desde hace tiempo administran la justicia de acuerdo con sus intereses políticos y beneficios económicos, cuando la ley establece que nadie puede ser juez de su propia causa.

Lo anterior fue aceptado sin pudor ni pena por el polémico ministro Luis María Aguilar Morales, quien en una entrevista en radio fórmula con la conductora Azucena Uresti, reconoció que los ministros de la Corte serán “juez y parte” en el fallo que tengan que dar sobre los amparos contra la decisión del Senado de la República que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, en donde guardan más de 14 mil millones de pesos que corresponden a dinero público no ejercido en años anteriores y que debió ser devuelto a Tesorería de la Federación.

Uresti preguntó al ministro si ante la lluvia de amparos que se van a interponer ¿ustedes podrían ser juez y parte de este problema?

Aguilar Morales respondió: “En cierta forma es cierto, pero el sistema jurídico constitucional de México así lo establece, no hay una excepción, si es un asunto que compete a la Suprema Corte o al Poder Judicial, son los mismos tribunales los que lo resuelven y así está establecido, si fuera un asunto que tuviera que resolverse por condiciones de los ministros o de los jueces o de los magistrados, pues en última instancia le corresponderá a la Suprema Corte, no es que nosotros nos estemos adjudicando una función que no nos corresponde, por el contrario, eso está en la Constitución y el 105 de la Constitución no se hace excepciones”.

En este caso que a la presidenta de la Corte Norma Piña y a sus ministros les interesa conservar los 14 fideicomisos que guardan miles de millones de pesos que les permiten mantener una ostentosa vida llena de lujos y excesos, Luis María Aguilar Morales utiliza la Constitución, en su artículo 115, para defender su conflicto de interés y advertir que otorgarán los amparos en favor del Poder Judicial Federal; pero en otro caso relacionado con el artículo 127 constitucional, en donde se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, allí sí los ministros de la Corte hacen a un lado la Constitución y se amparan junto con magistrados y jueces para percibir salarios integrados hasta por cuatro veces más que el jefe de Ejecutivo.

Aguilar Morales se queja de que es injusto lo que dice el presidente de la Suprema Corte, porque la verdad, según él, “trabajan mucho”, pues el Poder Judicial de la Federación tiene no menos de un millón 200 mil asuntos cada año y sólo la Suprema Corte está entre 10 mil y 15 mil asuntos anuales.

Sin embargo, nada dice el ministro de que es una de las cortes que resultan más caras del mundo para el presupuesto público, incluso superior a otros órganos de justicia de países desarrollados de Europa, Estados Unidos o Canadá; tampoco se atreve a comparar los casos que resuelve ese tribunal con relación a otros de países latinoamericanos que con mucho menos presupuesto atienden más asuntos; mucho menos habla de la obesidad burocrática de la Corte mexicana que es la que más funcionarios tiene.

Piña al Senado

El conflicto entre el Poder Judicial con los poderes Ejecutivo y Legislativo cada día aumenta su nivel y ha motivado que la presidenta de la Corte sea citada por el Senado de la República para debatir sobre los privilegios de los 14 fideicomisos que por ningún motivo quiere perder Norma Piña y su séquito de burócratas bien pagados con dinero público.

La presidenta de la Corte aceptó acudir al Senado siempre y cuando se respetara la autonomía del Poder Judicial, aunque luego reculó. En ese contexto, nada dijo de cómo los ministros vulneran las decisiones votadas y aprobadas democráticamente en el Congreso, ni tampoco habla de los escandalosos salarios que perciben los ministros y que violan la Constitución.

Al inicio de la sesión del Pleno de la SCJN, realizada el 23 de octubre, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal dijo que aceptaba asistir al Senado si se cumplen las condiciones necesarias, como que el diálogo sea “verdaderamente institucional, en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, [y] en términos de un marco legal aplicable”.

Añadió que además de aceptar ella misma la invitación la haría extensiva a ministras y ministros, consejeras y consejeros de la Judicatura, a magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, por la tarde indicó que no había condiciones y que no asistiría.

La presión social que ya tiene encima Piña Hernández, junto con marcadas diferencias de algunos integrantes de la propia Corte sobre cómo se ha manejado la Presidencia del máximo órgano de justicia del país ha obligado a la ministra Piña a reconocer que el tema de los fideicomisos del PJF es de interés público para toda la sociedad mexicana.

La Presidencia de la Corte presentó en días pasados un oficio a la Cámara de Diputados en el que solicitó oficialmente se le concediera un espacio institucional de “diálogo especializado” sobre lo que calificó como el “verdadero impacto” para el Poder Judicial Federal de la extinción de 13 de 14 fideicomisos.

Y reconoció que, “conforme a sus atribuciones, el Poder Legislativo debate lo relativo a la asignación presupuestal solicitada por el Poder Judicial Federal, así como una iniciativa que propone eliminar los fidecomisos de este Poder”.

Según Norma Piña “los juzgadores somos los guardianes de la Constitución (la cual ellos no respetan), debemos tener presente que, si bien nuestro primer compromiso es, y debe serlo siempre, con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social”.

Por primera vez, la presidenta de la Corte acepta que los jueces, magistrados y ministros no pueden ser insensibles a las necesidades de quienes están en mayor vulnerabilidad: “nuestro deber también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar, con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente, para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.

Ante sus pares de la Corte, aseguró que este día también se dirigía “a la sociedad, con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma, sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad”, en referencia al paro de labores que sostienen los trabajadores del PJF.

Incluso, llamó a la unidad del Poder Judicial, “porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho, todos los integrantes del Poder Judicial Federal al que orgullosamente pertenecemos para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo. He ahí el fundamento de nuestra vocación”.

Ello, como si los fideicomisos de la Corte, la Judicatura y el TEPJF beneficiaran a todas y todos los mexicanos, cuando no es así: sólo benefician a esa élite judicial abusiva.

A la fecha, el Poder Judicial de la Federación cuenta con 14 fideicomisos, que tienen un saldo conjunto de 21 mil 538.7 millones de pesos, al 30 de junio pasado. De éstos, seis son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos); seis, del Consejo de la Judicatura Federal (por un total de 15 mil 280.9 millones de pesos); y dos, del Tribunal Electoral (por 15.9 millones de pesos).

Fideicomisos de la SCJN

Fideicomisos del CJF

Fideicomisos del TEPJF

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