Una consulta previa e informada a la población y la corroboración de que existen reservas subterráneas de agua salada serán determinantes para decidir si se recurre al fracking en México. Ello, luego de que el comité de expertos que analiza la viabilidad del aprovechamiento del gas no convencional recomendó prohibir esa técnica en la cuenca Tampico-Misantla, pero dejó abierta la posibilidad en Sabinas-Burro-Picachos (cuenca localizada en Coahuila y Nuevo León), y en Burgos (Tamaulipas). El fracking solo se aplicará si hay agua salada, para no comprometer el abastecimiento del vital líquido a la población ni dañar al medio ambiente. Aunque el comité presentó una serie de medidas para reducir el 75 por ciento de importación de gas natural desde Estados Unidos, entre ellas, incrementar la generación eléctrica mediante fuentes limpias de energía, también reconoció que “México no podría alcanzar la soberanía” en materia de gas

La decisión de recurrir al fracking para explotar el gas no convencional en México dependerá, sobre todo, de una consulta previa e informada a la población cercana a las cuencas con ese potencial energético y a la corroboración de que existen reservas subterráneas de agua salada, que sería destinada a la fractura de las rocas.

Tras la exposición del primer análisis del grupo técnico presentado durante la conferencia Mañanera del jueves 6 de agosto del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal adoptará las conclusiones y comenzará con la perforación de pozos destinados exclusivamente a verificar la existencia de agua salada.

“Lo que haríamos sería iniciar a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) pozos de exploración de agua, para ver si hay agua salada; pues si no hay agua salada, ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional”, anunció.

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Hernández Espriú, explicó que será necesario perforar pozos, aunque enfatizó que no tendrán como objetivo extraer gas.

“Estamos proponiendo perforar una serie de pozos profundos”, dijo. Sin embargo, precisó: “Estos no son pozos para extraer el gas, son pozos con fines de investigación hidrogeológica para determinar que, en efecto, el agua salada existe, que tiene volúmenes específicos y que tiene características hidrogeoquímicas propias para llevar a cabo el fracturamiento”.

Añadió que también deberá demostrarse científicamente que los cuerpos de agua salada no estén conectados a los acuíferos de agua dulce para evitar riesgos, “habrá que demostrar con una serie de estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, que hay una desconexión hidráulica entre el agua salada profunda y los acuíferos someros que hoy en día sirven para abastecimiento, consumo humano, agricultura en la región”.

El comité científico integrado por especialistas de la UNAM y otras instituciones también recomendó al gobierno federal prohibir el aprovechamiento de gas natural en yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla, al considerar que esa región presenta condiciones ambientales, sociales y de biodiversidad que hacen inviable ese tipo de actividades.

Al presentar las conclusiones del grupo de trabajo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Ana Paulina Gómora Figueroa, explicó que el análisis se centró en determinar el potencial de los yacimientos no convencionales del país y establecer las condiciones bajo las cuales podría evaluarse su eventual desarrollo.

“Se identificó que el potencial del gas natural proveniente de los yacimientos no convencionales está estimado en 141.5 millones de millones de pies cúbicos, que están distribuidos principalmente en tres cuencas. Estas son: Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla”.

No obstante, aclaró que ese volumen corresponde únicamente a un recurso prospectivo. “Es muy importante destacar que este potencial denominado ‘recurso prospectivo’ debe evaluarse para conocer el volumen real del gas que podría ser aprovechado”.

Explicó que la evaluación incorporó criterios sociales, ambientales, técnicos y regulatorios, e incluye la minimización de la huella ambiental, la logística y las mejores prácticas internacionales.

Como resultado, indicó que la comisión definió las zonas donde sí y dónde no podrían realizarse actividades relacionadas con estos yacimientos. “Por criterios de protección ambiental, social, biodiversidad y densidad demográfica: se debe considerar prohibir actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca de Tampico-Misantla”.

En contraste, precisó que el comité considera viable continuar con los estudios únicamente en dos regiones. “Esta Comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en dos cuencas: en Sabinas-Burro-Picachos, ubicado en los estados de Coahuila y Nuevo León; así como en la cuenca de Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas”.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo federal confirmó que su administración aceptará la recomendación de impedir cualquier proyecto en la cuenca Tampico-Misantla, “porque es social y ambientalmente inviable, entonces, lo vamos, evidentemente, a reconocer”.

Posteriormente, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, José Antonio Hernández Espriú, presentó las recomendaciones elaboradas por los grupos de Agua, Impactos Socioambientales, Ingeniería y Planeación y Prospectiva, y subrayó que cualquier decisión sobre el desarrollo de estos yacimientos deberá estar condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos técnicos y ambientales.

Entre ellos destacó la necesidad de realizar consultas públicas previas y fortalecer las economías locales. “Se considera muy importante que se lleve a cabo una consulta previa e informada a la población en las zonas de influencia donde pretendan explotarse este tipo de yacimientos”.

Asimismo, señaló que se deben “desarrollar cadenas de proveeduría local”, mantener las actividades económicas existentes y minimizar los impactos superficiales derivados de la perforación de pozos.

En materia hídrica, el especialista enfatizó que la principal recomendación consiste en impedir el uso de agua dulce para el fracturamiento hidráulico. “De ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce, es decir, agua superficial o agua subterránea que ya se encuentra en este momento comprometida para satisfacer diferentes usos, consumo humano, agricultura, ganadería. Esa es una recomendación que hacemos de manera muy expresa”.

Indicó que el comité propone emplear exclusivamente agua salada localizada en formaciones geológicas profundas. “Estamos considerando que se emplee exclusivamente agua salada”.

Puntualizó que estas reservas se encontrarían a profundidades aproximadas de entre 1 mil y 1 mil 500 metros, y que por sus características no son aptas para consumo humano. Además, planteó que al menos el 75 por ciento del agua utilizada durante el proceso sea reutilizada.

A ello se suma la recomendación de establecer un monitoreo permanente de la calidad del agua superficial y subterránea antes, durante y después de cualquier actividad.

Respecto a los insumos utilizados en el fracturamiento hidráulico, Hernández Espriú sostuvo que el comité recomienda eliminar sustancias peligrosas, “no hay que utilizar químicos altamente tóxicos ni dañinos, ni para el medio ambiente ni para la salud”.

También propuso privilegiar sistemas cerrados para el manejo del agua de retorno y transparentar toda la información relacionada con la actividad. “Creemos que es muy importante que todo lo que se vaya generando pueda estar abierto a la sociedad y, por lo tanto, que se pueda reportar y publicar, de manera abierta, el listado de aditivos que se está utilizando, el volumen de agua que se está utilizando y el manejo que se le está dando”.

En tanto, Sheinbaum Pardo adelantó que los avances serán presentados periódicamente. “Cada dos meses, dos meses y medio, conforme vengan las conclusiones, [hay que] seguir informando en La Mañanera”.

Asimismo, anunció que la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación (Secihti) habilitarán plataformas digitales donde se publicarán tanto los estudios realizados como los resultados de las investigaciones sobre la presencia de agua salada y la eventual viabilidad del desarrollo de yacimientos de gas natural no convencional en México.

La creciente dependencia del gas importado

Alma América Porres Luna, ingeniera en Geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la discusión sobre el gas no convencional parte de un problema estructural: México depende cada vez más del gas natural importado desde Estados Unidos.

Indicó que el consumo de gas actualmente alcanza los 9.1 millones de pies cúbicos diarios. De esa cifra, el 58 por ciento se destina a la generación de electricidad, 19 por ciento al autoconsumo en Petróleos Mexicanos, 12 por ciento a las industrias y 11 por ciento a hogares y comercios.

El problema, dijo, es que “el 70 por ciento de electricidad se genera con gas natural”, por ello, se ha convertido en el principal combustible para generar electricidad y abastecer buena parte de la industria nacional, mientras la producción doméstica ha disminuido de manera constante durante los últimos años.

Durante su exposición, Porres Luna explicó que, de no implementarse políticas para contener el consumo, la demanda nacional continuará incrementándose, “sin medidas gubernamentales para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo de gas natural seguiría creciendo para los próximos años”.

Precisó que las proyecciones muestran que para 2030 el consumo alcanzaría 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios, frente a los 9.1 actuales, y subrayó que el principal problema es la elevada dependencia del suministro estadunidense, pues solo el 25 por ciento es de la producción nacional.

La especialista alertó que “la importación de gas natural puede seguir aumentando en los próximos años haciendo a México más dependiente del exterior”.

Asimismo, mostró que el nivel de dependencia prácticamente se ha triplicado en los últimos 15 años, al señalar que en 2010 era el 21 por ciento y actualmente llega al 75 por ciento.

La ingeniera Porres Luna detalló la procedencia del gas que importa México de su vecino del norte: “La mayor parte del gas importado (…) son de los plays no convencionales, que es el 93 por ciento de lo que importamos”.

En contraste, únicamente 7 por ciento corresponde a gas proveniente de yacimientos convencionales. “Son de los yacimientos que normalmente se explotan en México y es gas natural que se encuentra acumulado en yacimientos de rocas porosas y permeables que fluye simplemente cuando se hace un pozo”.

Cuatro ejes para fortalecer la soberanía energética, pero no serán suficientes

Como parte de las conclusiones preliminares, el Comité Científico planteó cuatro líneas estratégicas para reducir la dependencia del gas importado: aumentar la generación eléctrica mediante energías renovables; hacer un uso más eficiente de la energía; incrementar la producción nacional de gas en yacimientos convencionales y eliminar la quema de gas en campos petroleros.

Acerca del desarrollo de energías limpias, sostuvo que el gobierno debe ampliar el programa ya anunciado para incrementar la capacidad instalada. Según los cálculos del comité, la participación de las energías renovables podría crecer de 24 por ciento en 2024 a 38 por ciento en 2030, además de incorporar 22 mil megawatts de nueva capacidad limpia y 1 mil 500 megawatts adicionales mediante cogeneración eficiente, al aprovechar el calor residual de procesos industriales.

Impulsar un programa nacional de eficiencia energética permitiría evitar un mayor consumo de gas natural. La propuesta contempla fortalecer normas para electrodomésticos y maquinaria industrial, además de aplicar programas de ahorro energético en la industria y en edificios públicos municipales, estatales y federales. De acuerdo con los especialistas, estas medidas permitirían reducir el consumo en 500 millones de pies cúbicos diarios hacia 2030.

La integrante del comité sostuvo que una de las mayores oportunidades para incrementar la disponibilidad nacional de gas se encuentra en los campos convencionales y en eliminar la quema del combustible. Indicó que esta estrategia podría aportar hasta 2 mil 400 millones de pies cúbicos diarios adicionales.

Las principales regiones con potencial son Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y las cuencas del sureste. El comité estima que la producción nacional en estos campos podría llegar a 4 mil 700 millones de pies cúbicos diarios.

Sin embargo, pese al potencial de todas las acciones planteadas, Porres Luna reconoció que el país seguiría dependiendo de las importaciones de gas. “Nosotros pensamos como Comité que con estas medidas se puede reducir la dependencia de gas natural importado, pero todavía con esto y con todo el esfuerzo que se puede hacer en todo esto, México no podría alcanzar la soberanía”; por ello, reiteró que el país deberá profundizar sus esfuerzos para fortalecer la producción nacional.

Explicó que actualmente la producción nacional cubre aproximadamente 25 por ciento del consumo, y que aun incrementando la extracción convencional apenas podría alcanzarse 49.5 por ciento, por lo que seguirían siendo necesarias las importaciones.

Bajo ese contexto, señaló que México necesita conocer con precisión si posee recursos que puedan aprovecharse de manera sustentable para disminuir esa dependencia.

En ese mismo sentido se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que “con todas las medidas que nos plantean: pasaríamos de depender de Estados Unidos del 75 por ciento del gas que consumimos hoy al 50 por ciento. Si queremos todavía reducir ese 50 por ciento, pues entonces hay que pensar en el gas no convencional”.

La recomendación forma parte del primer informe de la Comisión de Gas No Convencional, un grupo interdisciplinario integrado por especialistas de la UNAM, el IMTA, la Sener y la Secihti, que durante varios meses analizó el potencial energético del país y los riesgos asociados con el desarrollo del llamado gas de lutitas.

Lejos de avalar el uso inmediato de la fracturación hidráulica –conocida como fracking–, el comité planteó una hoja de ruta basada en evidencia científica que condiciona cualquier decisión futura al cumplimiento de estrictos criterios ambientales, hídricos, tecnológicos y sociales.