A 10 días de la detención “injustificada” de 28 manifestantes en Durango, 18 se mantienen privados de su libertad, acusó Eloy Carlos Rodríguez, integrante del Frente de los Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, quien exigió su libertad a fin de que lleven su proceso en arraigo domiciliario.

La tarde del miércoles 18 de marzo cientos de ruedas transitaban la caliente carretera. Sin reparar en la terracería, decenas de camionetas tipo pick up se dirigían a prisa para después detenerse en los alrededores de la empresa Sotomex, donde unas cincuenta personas se manifestaban contra el despido injustificado de cuatro trabajadores.

Luego de diversas pláticas entre las y los integrantes del Frente y las fuerzas del orden, tanto locales como federales, los ánimos se calentaron en el momento que los elementos de seguridad comenzaron a reprimir la manifestación y subir a sus patrullas a las personas.

De acuerdo con Eloy Carlos Rodríguez, asesor de la organización, alrededor de las cinco de la tarde se llevaron a 28 manifestantes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, acusados de presuntamente retener los tráileres de la empresa –especializada en el transporte minero y de carga peligrosa– y bloquear las vías de comunicación.

Entrevistado por Contralínea, Eloy Carlos niega las acusaciones plasmadas en la carpeta de investigación. “Era una manifestación pacífica”, asegura. Y si bien no hubo incidentes físicos ni materiales, en videos proporcionados a este semanario se aprecia la negativa de la gente a que un tractocamión se fuera del lugar.

La prensa local señala que el vehículo llevaba carga de dinamita, por lo que representaba un riesgo para la integridad de las y los involucrados, y con esta justificación acudió la Guardia Nacional. Incluso Berenice Morales de Ávila, secretaria del Trabajo en Durango, ha informado que el conflicto laboral con la empresa también es un asunto federal porque se trata del sector minero. Además, dijo a los diarios de la Laguna que su dependencia no recibió solicitud de los afectados para ser asesorados en su conflicto laboral.

Entre las y los detenidos figuraban adultos mayores o en condición de discapacidad. Horas después del hecho, las familias de quienes habían sido detenidos no tenían información todavía de su paradero, de modo que comenzaron en los días siguientes más manifestaciones que exigían la liberación de todas y todos.

Ello consiguió la excarcelación de las primeras cuatro personas el 21 de marzo para continuar su proceso en arraigo domiciliario. Dos de ellas son mujeres mayores, un hombre mayor y otro que usa muletas para moverse. Estaban recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, en Durango, Durango, junto con las y los demás.

En palabras de Carlos Rodríguez, una persona mayor de edad o con ciertas discapacidades no puede ser llevada a un Cereso, “entonces ellos están violando los derechos de los compañeros, de todos”. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite que mayores de 70 años o con enfermedades graves lleven su proceso en su hogar o centro médico.

Diálogo con las autoridades a medias

La estrategia del Frente para continuar con las liberaciones de sus compañeros fue el diálogo. El ruido de las manifestaciones hizo que se pactara un acercamiento con los gobiernos estatal y municipal. En este acordaron terminar con las constantes protestas a cambio de que las autoridades emitieran recomendaciones hacia las y los jueces, a fin de otorgarles arraigo domiciliario mientras las investigaciones seguían su curso.

Ambas partes aceptaron los términos, y dos días después salieron del centro penitenciario otras seis personas, entre ellas Rogelio Carlos, hermano de Eloy. En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –firmada el 15 de abril de 2026–, el Frente señaló el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno, pues continuaron los operativos de los elementos de seguridad en las comunidades aledañas, situación que se tomó como hostigamiento por parte de los pobladores.

“En ese marco de hostigamiento, el 25 de abril de 2026 a la una de la madrugada, fue levantada la compañera Teresita de Jesús Ochoa Hernández, la cual fue retenida sin orden de aprehensión y recluida directamente en el Cereso No. 1 de la ciudad de Durango. Anteriormente había sido detenida su madre, dos hermanos y más familiares”, agrega la misiva dirigida a la primera mandataria.

A este semanario, Eloy Carlos explica que la detención de Teresita no tuvo relación con la manifestación contra la empresa Sotomex. Esta ocurrió días después, en la madrugada, con base en una demanda de hace tres años, por otra manifestación en la que fue provocado un incendio. El asesor del Frente menciona que tienen esperanza de que Teresita salga pronto del Cereso, pues afirma que han hablado con la persona demandante y piensa retirar el cargo.

Esta detención, así como los operativos que mantienen las fuerzas del orden, ha asustado a las personas que se reúnen para manifestarse constantemente, quienes se retiraron de la protesta y se escondieron en sus casas. Es una estrategia que generó desesperación y miedo, pero que de a poco vuelve a la normalidad, agrega el asesor.

Esperanza de diálogo

Tanto el abogado que lleva el caso como las demás personas que integran el Frente consideran que existe la posibilidad de entablar otra mesa con las autoridades, esta vez de negociación, no de diálogo.

Para este acercamiento, pensado a mediados de mayo, buscan la liberación de las 18 personas, más Teresita, que siguen recluidas en el Cereso, que lleven su proceso en arraigo domiciliario y que el gobierno se comprometa a limpiar la imagen de ellos y ellas.

El último punto parte de la criminalización que se ha hecho a su protesta, la cual escaló hasta la esfera más alta del gobierno mexicano. El 14 de abril de este año, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionó en la conferencia presidencial, durante su informe de seguridad, la detención de 28 personas en el municipio duranguense de Gómez Palacio. Los describió como “integrantes de una organización dedicada a la extorsión y ataques a las vías de comunicación”.

Esto es falso, refuta Eloy Carlos. De acuerdo con él, García Harfuch fue engañado por las autoridades estatales de Durango, pero en realidad no sabe cómo se dio la detención de las personas; y aunque aprueba el trabajo del secretario en temas de seguridad, subraya que en este caso se cometió una injusticia.

En este sentido, hizo énfasis en la violación de los derechos de las víctimas en otra ocasión, cuando su abogado se trasladó hacia el Ministerio Público para solicitar la carpeta de investigación que acusaba a las y los 28. Después de tres días de espera, le informaron al representante legal que no se la podían entregar.

En ese momento, el licenciado solicitó un documento que acreditara la negativa de las autoridades para entregar lo solicitado, así como otro escrito que soporte el primero, lo cual sí fue entregado al abogado. Con esta evidencia, se podrán mover a la oficina de Derechos Humanos para confirmar la violación.

“La criminalización de nuestra lucha es un intento por encubrir la corrupción y la impunidad”, acota la carta enviada por el Frente a la presidenta de México. “Tenemos nuestro derecho a manifestarnos, a hacer asociaciones y dar nuestros puntos de opinión”, agrega Carlos Rodríguez.

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