El gobierno mexicano ha sido cómplice de Estados Unidos (EU) en la deportación masiva de migrantes y personas con necesidades de protección internacional, advierte una queja y dos amparos interpuestos por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Sin Fronteras, IAP; el Instituto para las Mujeres en la Migración, y Asylum Access México.
En éstas se lee que desde el pasado 2 de agosto el vecino país del norte ha expulsado a las personas vía aérea, las ha enviado al sur y centro de México bajo el título 42 (el estatuto del Código estadunidense encargado del bienestar y salud pública); y que en agosto fueron registrados 34 vuelos provenientes de Estados Unidos.
La queja la presentaron el pasado 26 de agosto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los dos amparos indirectos el 3 de septiembre, ante los juzgados Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Tabasco y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
En los documentos presentados por las organizaciones, se advierte que el gobierno de México ha realizado deportaciones masivas durante la madrugada y por puntos no establecidos, así como que ha realizado devoluciones en cadena de las que personas son enviadas desde Estados Unidos a los aeropuertos de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Ciudad de México y otros. Luego son trasladadas a la frontera de Guatemala vía terrestre por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) sin ofrecer la oportunidad de que los migrantes pidan asilo.
Como autoridades responsables además del Instituto, las organizaciones apuntan a la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Poder Ejecutivo Federal
Agregan que esas deportaciones violan el debido proceso y el derechos al asilo, así como el principio de no devolución; además, ignoran el interés superior de la niñez y la perspectiva de género. El gobierno de México también incumple la carta emitida por la SRE, a cargo de Marcelo Ebrard, en la que señala que el país recibiría 100 personas diarias de países centroamericanos.
Por ello, las quejosas adelantaron que enviarán una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exhortarla a que solicite a ambos gobiernos información sobre las expulsiones.
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