Los delitos del fuero federal siguen al alza. Al parecer, a las diversas delincuencias organizadas no les han avisado que ha iniciado la “Cuarta Transformación”. Hasta el momento, y a 4 meses de que Andrés Manuel López Obrador haya asumido el poder, la tendencia de la comisión de delitos federales sigue ascendente.
Delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión de drogas, entre otros); contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra el medio ambiente; fiscales, son apenas algunos de una larga lista cuya incidencia sigue en aumento.
Claro, se trata de un complicado fenómeno social heredado de sexenios anteriores. Sería muy pronto demandar al lopezobradorismo la erradicación de las condiciones que hacen posible la masiva violación a las leyes federales. El problema es que no se ve siquiera que los índices se estanquen, ya no digamos que disminuyan o vayan en franca remisión.
De acuerdo con el Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2019, durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2013) se cometieron en todo el territorio nacional un total de 98 mil 189 delitos federales. Y durante el último año del sexenio (2018) la cifra llegó a 112 mil 917.
El mismo documento, elaborado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Pública, muestra que sólo durante los 2 primeros meses de 2019 (enero y febrero) el número total de delitos federales cometidos fue de 18 mil 69.
Se puede argumentar de manera válida que el programa de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no arranca al ciento por ciento. Y que la figura operativa central ni siquiera se ha conformado formalmente, aunque ya existe en la Constitución y las leyes mexicanas: la Guardia Nacional.
Los detalles del documento del Secretariado Ejecutivo –actualizado al 28 de febrero de 2019 y liberado el pasado 20 de marzo– son los que hacen encender las alarmas por lo que parece venir. Uno de los índices se refiere a los delitos cometidos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se detectaron 90 mil 650 delitos relacionados con la posesión, la venta y el trasiego de armas en el país. Durante 2018 se registraron 13 mil 837 ilícitos de este tipo. Y en los 2 primeros meses de 2019, ya bajo la nueva administración, se consignaron 2 mil 354. Es decir, si la cantidad se mantuviera constante, a final del año se registrarían 14 mil 124 delitos de este clase. Se trata apenas de un indicio, un indicador, de que los grupos de la delincuencia organizada se siguen armando.
Ya en otra entrega nos habíamos referido a los 4 millones de armas con las que se calcula se pertrecharon los cárteles de la droga en México durante el sexenio pasado. Precisamente el último comisionado nacional de Seguridad de Peña Nieto, el abogado Renato Sales Heredia, dijo en las postrimerías del peñismo que 2 mil armas ingresaban diariamente de manera ilegal al país; y de ellas, una cifra cercana al ciento por ciento terminaba en la delincuencia organizada.
Es decir, los cárteles de la droga y otras expresiones del crimen organizado se hacen de 730 mil armas nuevas cada año. En un sexenio, la cifra alcanza los 4 millones 380 mil. Más preocupante resulta saber que, al menos, desde el sexenio de Ernesto Zedillo los cárteles están comprando armas masivamente. Además, debe resaltarse que las armas que se trasiegan son de alto calibre y que clasifican como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se trata de fusiles de asalto (como famosos R-15 y AK-47 o cuernos de chivo), fusiles barret, lanzagranadas y ametralladoras.
Hasta el momento, la incidencia de delitos federales se mantiene ascendente. La Guardia Nacional iniciará funciones en 3 semanas, como anunció Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa el pasado miércoles. Lo que viene es un choque frontal.
El presidente de México alcanzó el poder con un discurso de condena a la estrategia seguida por sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para combatir a la delincuencia organizada. López Obrador dijo que lo que se debería de atender eran las causas profundas. Incluso hace algunas semanas declaró formalmente finalizada la “guerra” contra el narcotráfico. “Ya no hay guerra”, dijo.
Los asesinatos y las balaceras siguen. Y cuando ingrese la Guardia Nacional, en un despliegue militar territorial como no se ha visto nunca en México, ¿los cárteles entenderán que es hora de “portarse bien”, como quiere el presidente? ¿O defenderán sus negocios a muerte?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha explicado que ya no habrá “operativos”, sino presencia permanente. Es decir, ya no saturarán de efectivos una zona para resolver una emergencia y luego los retirarán. Ahora los militares (soldados y marinos) llegarán para quedarse… Y, se entiende, pelear la plaza y ganarla a los delincuentes.
Habrá quienes piensen que esta estrategia es necesaria y que es la “única” manera de acabar con el narcotráfico. El asunto es que si ya van a la confrontación directa, al menos deberían abrir un frente financiero para impedir que los cárteles echen mano de sus aparentemente ilimitados recursos económicos. Y otra cosa, al menos deberían asegurarse de que no se sigan armando. El trasiego de armas desde Estados Unidos permanece porque siguen intactas las condiciones que lo hacen posible.
Guardia Nacional y cárteles ya velan armas. Y no, en sentido figurado. Los enfrentamientos, los asesinatos y los levantones podrían incrementarse aún más en las próximas semanas. ¿Calcularon el presidente y el secretario el número de bajas?
Zósimo Camacho
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