La huelga histórica iniciada por el Sindicato United Auto Workers UAW (Trabajadores Automovilísticos Unidos) en contra de General Motors, Ford Motor Company y Stellantis muestra la serie de desigualdades e injusticias laborales en las tres principales armadoras automotrices en Estados Unidos. Terminaron por llevar a la crisis a una de las ramas más importantes en la economía de la principal potencia capitalista del mundo.

Nunca antes los tres grandes de Detroit habían enfrentado un movimiento obrero de tales proporciones. El mismo ha puesto sobre la mesa de las negociaciones la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. De manera inédita, están siendo apoyados por el gobierno de Joe Biden, quien ha salido a la defensa de los sindicatos como promotores de beneficios económicos para fortalecer a la clase media y sus ingresos.

La huelga estalló en los primeros minutos del pasado 15 de septiembre, al no darse una negociación favorable tras el vencimiento de los contratos colectivos de las tres empresas. Entonces, aconteció un evento nunca antes visto en Estados Unidos: más de 12 mil trabajadores pararon no sólo las fábricas de Detroit, sino también, otras más en Missouri, Michigan y Ohio.

Extendieron su movimiento a 38 centros de distribución en 20 Estados. Esto, luego de que el Secretario General de la UAW, Shawn Fain, señaló la poca disposición de los directivos de GM y Stellantis –compañía que agrupa a las fusionadas Chrysler, Fiat y Peugeot desde 2021– de sentarse a analizar las propuestas. En el caso de Ford, los huelguistas han sido más flexibles, pues esta firma se ha pronunciado a favor de varias de sus demandas.

Entre las principales peticiones del Sindicato United Auto Workers, se contempla un aumento salarial inmediato del 20 por ciento hasta llegar a un 40 por ciento en los próximos cuatro años, en incrementos graduales de 5 por ciento.

También destacan el retorno a los planes tradicionales para el pago de pensiones, la asistencia sanitaria a los jubilados y el regreso de los ajustes por costo de la vida –conocidos como COLA–. Estos últimos para proteger el nivel de vida de sus agremiados ante los efectos inflacionarios.

Asimismo, el poderoso sindicato estadunidense exige que se pongan límites a la contratación de trabajadores temporales en aras de la estabilidad laboral. Las armadoras sostienen que acceder a tales peticiones las llevaría a la bancarrota, pues la transición tecnológica de los autos de gasolina a eléctricos demandará una inversión de varias decenas de miles de dólares en los próximos años.

En General Motors, el sueldo promedio por hora no es malo. Se gana alrededor de 90 mil dólares anuales, lo cual equivale a más de un millón y medio de pesos mexicanos. El problema es que, comparado con los ingresos de los altos ejecutivos, la desproporción habla de una contradicción evidente entre la supuesta falta de presupuesto y los recursos asignados a salarios de altos mandos.

La directora de GM, Mary Barra, percibió un promedio de 43 millones de pesos mexicanos en 2023. Asimismo, el director de Ford Motor Company, Jim Farley, se llevó unos 31 millones 500 mil pesos. Mientras un obrero, quien es sometido a agotadoras jornadas laborales gana la mitad del ingreso mensual de un directivo en un año, las poderosas firmas obtuvieron beneficios récord. La desproporción es brutal, sin embargo, se niegan a acortar la brecha salarial y social entre sus trabajadores y ejecutivos.

Con justa razón, el sindicato ha señalado que GM está poniendo sus ganancias por encima del bienestar de sus obreros. Olvidan que hace una década salvaron a la empresa, pues aceptaron ceder ante temas salariales, de jubilaciones y prestaciones, como los ajustes por costo de vida. Solidaridad que, junto con el apoyo de recursos federales, evitaron que la compañía cayera en bancarrota.

A la huelga en la industria automotriz estadunidense, se está agregando un factor político de sucesión presidencial en Estados Unidos. El demócrata Joe Biden –calificado como el presidente más prosindical de los últimos tiempos– ha externado su apoyo a la UAW. Anteriormente, se había pronunciado a favor del movimiento de los guionistas y actores de Hollywood.

Por su parte, el republicano Donald Trump no se ha quedado atrás. De igual manera, expresó su apoyo, aunque los líderes del United Auto Workers han sido cautos en darle entrada.

La administración de Biden se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor de los sindicatos y sus movimientos de lucha. Como prueba de ello, la titular del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, ha ponderado que “los sindicatos benefician a la clase media porque aumentan los salarios de sus miembros entre un 10 y un 15 por ciento. Esto reduce la desigualdad, incluidas las brechas salariales raciales y de género”.

Asimismo, la vicepresidenta Kamala Harris ha hecho eco de la misma postura prosindical. Expresó que “la economía de goteo benefició a las corporaciones estadunidenses y a los más ricos, pero no realmente a los trabajadores”.

Es indudable que, en la álgida contienda electoral que se avecina en Estados Unidos, los demócratas –con Joe Biden a la cabeza– apuestan a ganar las simpatías de la clase trabajadora estadunidense.

Al respecto, la postura de Yellen no deja lugar a dudas, cuando indicó: “El Departamento del Tesoro continuará explorando cambio al código tributario para desalentar las campañas antisindicales y/o alentar la neutralidad/no interferencia de los empleadores en las campañas de organización de los trabajadores”.

Será de especial importancia ver el desenlace que tendrá este movimiento obrero. De sus acuerdos dependerá el derrotero que se tome en sus filiales de nuestro país. En México, el sindicalismo charro ya ha comenzado a perder bastiones, tal como ocurrió en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato. Lo mismo sucede en otras empresas relacionadas con la industria automotriz como es el caso de la planta de Goodyear en San Luis Potosí.

La huelga contra las tres principales armadoras estadunidenses está sacando a la luz que el modelo neoliberal también ha hecho de las suyas en ahondar las desigualdades sociales y las brechas salariales en el primer país capitalista del mundo. En éste, unos cuantos tienen ingresos desproporcionados, mientras a la mayoría se les niega un ingreso justo para acceder a un decoroso nivel de vida.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Te puede interesar: Medios corporativos firman pacto; olvidan hablar de ética y de no mentir