Río de Janeiro, Brasil. La humanidad ganó dos nuevos mártires. Bruno Araújo Pereira y Dom Phillips murieron por defender la Amazonia y los indígenas, sostenes de la vida humana en el planeta.
Los dos estaban en la Amazonia profunda, en el noroeste de Brasil, cerca de la frontera con Perú. Dos pescadores locales confesaron haberlos asesinado el 5 de junio, según la Policía Federal brasileña, que aún investiga la participación de otras personas en el crimen.
Se reafirma así la máquina amazónica de producir héroes y mártires que intentan contener la destrucción de los bosques, ríos y biodiversidad. Sobrepasar el punto de no retorno de la deforestación, que ya está muy cerca, convertiría a la Amazonia en una bomba de carbono, acelerando el recalentamiento global, advierten investigadores.
Por eso, defender los mayores bosques tropicales del mundo, como hacen los indígenas, es una lucha por la humanidad. La Amazonia es hoy el centro del mundo, según Eliane Brum, la periodista más premiada de Brasil, que desde 2017 vive en Altamira, en la Amazonia oriental.
El periodista británico Phillips recogía informaciones, especialmente en diálogo con los indígenas, para un libro que, según sus allegados, trataría de apuntar “como salvar la Amazonia”, sometida a la deforestación y otras actividades destructoras, como la minería y la pesca ilegal.
Para eso contaba con una beca de la estadunidense Fundación Alice Patterson. Y era colaborador del diario The Guardian, de Londres, pero en sus 15 años en Brasil escribió para otros grandes diarios de Estados Unidos y el Reino Unido.
Indigenistas bajo fuego
El brasileño Pereira refleja el heroísmo de los indigenistas que tratan de cumplir su misión y vocación en las condiciones adversas impuestas por el actual gobierno. Era funcionario de la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano gubernamental de promoción de los derechos indígenas, desde 2010, pero estaba con una licencia desde 2019.
Ascendió en la carrera como coordinador local de la Funai en el Valle del Javari, donde viven cerca de 6 mil indígenas de 26 grupos, 19 de los cuales en condición de aislamiento, es decir sin contacto con la sociedad envolvente, en un área reservada de 85 mil 444 kilómetros cuadrados, el doble de la extensión de Países Bajos.
En 2018 asumió la Coordinación General de Indígenas Aislados y de Reciente Contacto, la división de la Funai que trata de proteger esos grupos más vulnerables y las tierras que ocupan.
Una operación que condujo en septiembre de 2019 destruyó más 60 embarcaciones de la minería ilegal que había invadido la Tierra Indígena del Valle del Javari, considerada la mayor concentración de indígenas aislados en el mundo.
El éxito en la expulsión de los invasores al parecer no gustó a las nuevas autoridades del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, en el poder desde enero de ese año, que luego destituyeron a Pereira de sus funciones de jefatura.
Relegado a tareas burocráticas en Brasilia, el funcionario pidió entonces una licencia, manteniendo su vínculo con la Funai pero sin remuneración, para volver a la Amazonia como consultor de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja), donde los ayudaba a proteger sus tierras.
La Univaja organizó la defensa del territorio con guardianes propios, ante el aumento de las actividades ilegales, de minería, pesca, extracción de madera e incluso narcotráfico, en los alrededores y dentro del área indígena. La cercanía de las fronteras con Perú y Colombia favorece el tránsito de las drogas con sus rastros de violencia.
Esos guardianes fueron decisivos para detectar pronto la desaparición del indigenista y el periodista, apuntar posible local del crimen e identificar los sospechosos.
Producción de mártires
“Fue un crimen horrible, pero no aislado. La Amazonia registra una larga historia de seguidos atentados contra ambientalistas y activistas sociales”, recordó Marcio Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental (Isa), organización no gubernamental volcada al ambiente y los pueblos originarios.
“La intensificación de la criminalidad tiene que ver con la impunidad. La responsabilidad en este caso actual no se limita a los dos presos. Debe haber mandantes y otros involucrados. Llevar la investigación hasta el final es importante para revertir la escalada de la violencia”, acotó.
“El presidente Jair Bolsonaro tiene la corresponsabilidad al incitar la violencia con sus declaraciones y acciones de gobierno, al estimular la minería depredadora y desmontar los instrumentos de control de la deforestación”, opinó Santilli a IPS, por teléfono desde Brasilia.
Ya son muchas las víctimas de una violencia que es tradicional en la Amazonia. Algunos asesinatos ganaron gran repercusión nacional e internacional, como este de Pereira y Phillips.
Chico Mendes, un símbolo de las luchas sociales y ambientales amazónicas, murió en 1988 en el estado de Acre, también cerca de la frontera con Perú y Bolivia. En 2005 fue la vez de Dorothy Stang, una misionera estadunidense que impulsaba proyectos de desarrollo con pequeños agricultores, en conflicto con grandes propietarios de tierra.
En cambio, el asesinato de Maxciel Pereira dos Santos, también funcionario de la Funai como Pereira, en septiembre de 2019, cayó en el olvido y no se conoce su autor. Lo mataron con dos tiros en la nuca en Tabatinga, ciudad de 68 mil habitantes en la frontera con Colombia.
Muchos miles de indígenas perdieron la vida en la década de los 70, cuando la dictadura militar brasileña de 1964-1985 inició la construcción de carreteras que cruzan la Amazonia en varios puntos y direcciones, en un genocidio sin datos precisos y gradualmente desnudado.
La presencia de un periodista extranjero al lado de Pereira contribuyó a la gran repercusión actual del asesinato del indigenista brasileño, al igual que los avances en los debates y negociaciones de la crisis climática y otros temas ambientales en el mundo.
Política de extinción
Bolsonaro intenta promover en la Amazonia una política similar al de la dictadura militar, de ocuparla a cualquier costo, en desmedro de la naturaleza y de los indígenas. Presiona al legislativo Congreso Nacional a aprobar leyes que permiten la explotación minera en las tierras indígenas, así también otras actividades hasta hoy limitadas, como la agricultura de gran escala.
La Funai ha soportado la reducción de su presupuesto y la toma de su dirección por militares y personas ajenas al tipo de conocimiento necesario, así como órganos de control ambiental como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente.
“Vivimos un momento crítico”, resumió Santilli. Más amenazador que en la dictadura militar “en algunos aspectos”, según el especialista de Isa, porque se busca destruir los avances de las últimas cuatro décadas sin “las resistencias que había en las mismas fuerzas armadas que no permitían un dictador personal”.
Durante los 21 años bajo el gobierno militar, hubo una alternancia en el poder. Cinco generales ocuparon la presidencia, sin derecho a reelección. Ahora Bolsonaro intentará reelegirse en los comicios de octubre para 4 años más en el gobierno.
Si lo consigue, la situación se agravaría demasiado. Un nuevo gobierno tiene que asumir “un compromiso con la Amazonia y su población”, concluyó Santilli.
Los presuntos asesinos del indigenista Pereira y del periodista Phillips son simples pescadores, que pretendían seguir en la pesca ilegal dentro de la tierra indígena. Difícilmente se beneficiarían a la larga de las medidas propuestas por Bolsonaro.
No hay hipótesis de que los dos pescadores fueran sólo los ejecutores de un plan mayor contra los dos asesinados, pero la forma en que fue realizado el crimen lo descarta inicialmente.
Pero sí es un hecho que el discurso presidencial exacerba los conflictos y el efecto puede ser tragedias como la que conmueve el mundo estos días. Por eso Bolsonaro es responsable, aunque no sea culpable, es una opinión diseminada en amplios sectores y medios de comunicación.
Mario Osava/Inter Press Service (IPS)
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