Derivado de la declaración de la “guerra contra el narcotráfico”, en México se incrementó la violación de derechos humanos. Defensores y académicos consideran que este flagelo también responde a un sistema de consumo e intereses particulares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido al Estado mexicano 83 medidas cautelares desde la llegada al poder de Felipe Calderón Hinojosa y luego de su declaración de guerra contra el narcotráfico. En 2010, el organismo internacional emitió 13 de esas recomendaciones. Datos del organismo internacional indican que México se encuentra entre los países de América que mayores solicitudes de medidas cautelares tiene, con 23, al igual que Ecuador (23) y por encima de Perú (22) y Colombia (18).

Para el sacerdote dominico fray Gonzalo Ituarte Verduzco, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la violación a los derechos humanos responde a un sistema capitalista y de consumo que se ha sobrepuesto a los intereses de la sociedad. Comenta a Contralínea que “ciertamente no tenemos la mejor calificación: estamos en una condición en la que los derechos humanos muchas veces se posponen ante intereses económicos y políticos. Así como ante presiones internacionales, como [sucede con] la problemática de los migrantes”. Otro ejemplo que cita es el de la corrupción, “que tantas veces hace que haya gente en la cárcel siendo inocente”.

Ituarte Verduzco explica que, “aunque tenemos buena legislación y buenas formulación de los derechos humanos en su comprensión, su aplicación práctica resulta muchas veces fruto de una lucha muy fuerte desde la sociedad civil, desde las comunidades, desde las organizaciones, exigiendo que se les cumplan sus derechos. Muchas veces encontramos funcionarios autoridades, empresas que buscan todos los vericuetos posibles para no conceder, no reconocer, no cumplir con esos elementos esenciales de toda convivencia humana en el siglo XXI”.

La CIDH en México

A invitación de México, la CIDH realizó una visita in loco al país entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015. El organismo internacional realizó el Informe sobre la situación de derechos humanos en México, del que se observan que “graves situaciones de violencia que aumentaron desde la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, que inició en el año 2006, hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente muerte de más de 100 mil personas desde 2006, más de 27 mil desapariciones reconocidas por el Estado, más de 2 mil investigaciones de casos de tortura y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”.

La crisis de derechos humanos en el país continúa, no ha terminado de revertirse, indica Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Para el defensor, los principales indicadores que confirman esta afirmación son las desapariciones, “la cifra oficial ha llegado a 90 mil personas y de este sexenio son ya 20 mil. No puede decirse que esto se haya revertido”.

Sin embargo, Aguirre Espinosa reconoce que “hay esfuerzos muy relevantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, adherida a la Subsecretaría de Derechos Humanos para instrumentar unas políticas de búsqueda. Pero hay otras instituciones que siguen indiferentes al tema, por ejemplo la Fiscalía General de la República, que “ni siquiera ha cumplido con implementar los registros forenses que desde 2017, como lo mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”.

El otro gran indicador, expone el director del Centro Prodh, es que “sin duda el que pese a la militarización de la seguridad pública y a la creación de la Guardia Nacional, la violencia sigue sin disminuir. De nuevo concluiremos este año con más de 35 mil homicidios en 2021. Son índices inadmisibles que dan cuenta de una condición estructural de violencia que no ha sido revertida”.

Avances y retrocesos

El tema del Día de los Derechos Humanos de este año está relacionado con la “Igualdad” y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Al respecto, el presidente de Serapaz comenta que esto no se ha cumplido: “es una exigencia histórica en un país tan profundamente desigual como México, donde los ingresos de una pequeñísima minoría son infinitamente mayores que los ingresos de la grandísima mayoría, y esa diferencia económica genera y evidencia otra serie de desigualdades”.

El problema, acusa, responde a un sistema con una estructura que genera esta violación: la acumulación de la riqueza en pocas manos y del poder. También coincide con el “hecho de que muchas personas usan los partidos políticos para ubicarse y conseguir sus beneficios y no tanto por servir y ejercer su tarea al servicio de la dignidad y los derechos de la población”.

A ello se suma, dice, que la pandemia por Covid-19 agudizó la problemática. “Es muy importante tener presente que es un fenómeno mundial: ha impactado a todos los países. El ingreso per cápita en todos los países fue afectado, hubo quienes acumularon enormes recursos y quienes deterioraron su condición económica se aumentaron el número de pobres y de personas en pobreza extrema”.

“Una economía con base en los derechos humanos debe ser la base de un nuevo contrato social”, señala la declaración de la ONU. Al respecto, el activista comenta que el actual gobierno no es igual a las pasadas administraciones “porque sí ha habido una serie de cambios; por ejemplo, se está impulsando una mayor distribución del ingreso a través del incremento del salario mínimo”.

Al respecto, el pasado 1 de diciembre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento de 22 por ciento l salario mínimo en todo el país. A partir del primero de enero de 2022, será de 260.34 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y de 172.87 pesos en el resto del país.

Esta condición, comenta Ituarte Verduzco, puede incidir en el mejor cumplimiento de otros derechos: a la vivienda, a la alimentación, a la educación. “Por desgracia, también, las mecánicas de la economía inflan los precios y hacen cada vez, despojan, al salario mínimo su valor”. Hay otros esfuerzos, dice, como las becas para estudiantes, como el programa Sembrando Vida, en donde se transfieren recursos hay gente que ha sabido responder y aprovechar.

Entre los avances presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su tercer informe, desde que asumió el poder, se indicó que hasta la fecha 8 millones de adultos mayores han recibido sus pensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes. Además, el apoyo a 790 mil personas con discapacidad, en especial, niñas y niños pobres, con una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.

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