“Por el bien público y el bien de la economía nacional”… Esta es la frase cliché que han venido acuñando los gobiernos en México desde varias décadas y sexenios. Siempre es usada con el objetivo de aplicar políticas que –de manera invariable– decantan a favor de los intereses empresariales y multinacionales, pero no a favor de la sociedad en su conjunto.

En aras del interés nacional, el tecnócrata neoliberal, Miguel de la Madrid, inició la privatización de las empresas públicas a principios la de década de 1980. Cientos de entidades empezaron a ser rematadas –por no decir regaladas– a la iniciativa privada. La lista incluyó desde siderúrgicas hasta telefónicas, así como la devolución de bancos a sus propietarios, quienes los perdieron con su nacionalización en el último año del gobierno de José López Portillo.

Una vez instalado en el poder político del país, el neoliberalismo continuó empleando la famosa frase cliché para proseguir en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la venta de minas, Teléfonos de México y la silenciosa apertura del sector energético a la iniciativa privada.

En el caso de la electricidad, se consintió por primera vez desde la nacionalización de la industria eléctrica –en septiembre de 1960– que empresas privadas generaran energía. En lo referente a los hidrocarburos, Pemex se atomizó en cuatro subsidiarias, donde la petroquímica –que es la rama que le da mayor valor agregado al petróleo– fue entregada a la iniciativa privada. Dejó de ser prioritaria el área de refinación.

A lo largo de los años, tales políticas privatizadoras en estos sectores no respondieron en lo absoluto al bien público ni al fortalecimiento de la economía. El país quedó a merced de la importación de gasolinas y los derivados de la petroquímica –como los fertilizantes necesarios para impulsar la producción agro– se encarecieron y, con ello, el costo de los alimentos del campo.

La sociedad fue la que salió perdiendo, mientras las empresas privadas ganaron. Con la llegada a la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, salió a relucir la demagógica frase cliché para justificar uno de los peores abusos cometidos en contra del interés nacional y del pueblo de México. Su gobierno decidió rescatar a los banqueros a través del llamado Fobaproa. Esto convirtió su voluminosa deuda privada en deuda pública.

Fueron más de 500 mil millones de pesos los que absorbió el Estado. Transfirió la responsabilidad del pago a millones de mexicanos y, hasta la fecha, las nuevas generaciones siguen y seguirán pagando tal imposición apoyada desde el Congreso por el nefasto Prian.

También se dijo que, por el bien de la economía y del interés público, era necesario entregar el manejo de las pensiones solidarias de millones de trabajadores a los banqueros. Esta situación dio paso a las Afores.

Las nuevas generaciones –se ponderó– tendrán un retiro digno de por lo menos el 70 por ciento de su último salario. Más de 20 años después y ahora que la generación de las Afores ha comenzado a jubilarse, el panorama no puede ser más dramático porque muchos adultos mayores no alcanzan ni el 30 por ciento. Asimismo, abundan quiénes ni siquiera podrán tener una jubilación. De igual manera –por el interés público y de la economía nacional–, se privatizaron los ferrocarriles y se aplicó el rescate carretero.

Vale apuntar que la gastada frase cliché también fue reciclada en administraciones panistas como la de Felipe Calderón Hinojosa. Este hombre salió a rasgarse la investidura presidencial al señalar que la impositiva extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro era en bien de la economía nacional y del interés de los usuarios. El verdadero trasfondo fue beneficiar a multinacionales como Iberdrola y otras más, a las cuales el gobierno otorgó jugosos contratos para la compra de su energía generada.

En octubre del 2009, su demagógica tesis neoliberal aseguraba que habría una reducción en las tarifas, importantes ahorros al erario público y se mejoraría el servicio. A 14 años, ninguno de los tres argumentos se cumplió.

Como otras tantas veces, los principales perjudicados del contrasentido tecnocrático fueron la población y las finanzas públicas. Debieron inyectarse miles de millones de pesos extras para pagar a los cientos de contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además de sangrar al presupuesto, dieron un pésimo servicio en la zona centro del país.

Y ni qué decir de las tarifas que lejos de disminuir se dispararon por el cobro ilegal plasmado en los llamados “recibos locos” que terminaron impactando de una manera brutal a la población de menores ingresos.

Tampoco la sociedad y la economía tuvieron el beneficio de la seguridad y la tranquilidad por la guerra contra el crimen organizado, decretada por Calderón. Su fallida estrategia para abatir la violencia y el baño de sangre consecuente–que ahogó al país– costaron casi un billón de pesos –46 mil 600 millones de dólares–.

Abundantes recursos fueron dilapidados. Sirvieron sólo para enriquecer a pillos como el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos por su contubernio con los capos a los que, se supone, debió combatir.

La consabida frase parece haberse repetido en el caso de la extinción de la agencia Notimex. Fue desaparecida como organismo público descentralizado por una iniciativa de ley del Ejecutivo. La misma conllevó a la liquidación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de sus empleados.

La propuesta fue apoyada por los legisladores en el Congreso Federal, quienes sólo argumentaron otra de las gastadas frases pretéritas: “se respetarán los derechos de los trabajadores conforme a la Ley”; en pocas palabras, sus liquidaciones y la pérdida de su fuente de empleo.

La única diferencia en el caso de Notimex es que la desaparición se da por una iniciativa del Ejecutivo Federal y aprobada por los representantes del pueblo. Sin embargo, la esencia es la misma: despojar a los ciudadanos de los organismos públicos que –en términos de la Constitución– se crearon para dar un servicio a la sociedad. Y como en otras tantas ocasiones, los trabajadores y la sociedad pierden, mientras el sector privado sigue ganando.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas