Han pasado 100 días desde que un grupo de indígenas tzotziles, presos en cárceles chiapanecas, iniciaron una huelga de hambre para denunciar tortura, falta de traductor y otras violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y posterior confinamiento. A la fecha son cinco los que permanecen en lucha y han tomado una determinación: “libertad o muerte”.
Tal decisión –externada durante una visita de sus familiares y amigos este domingo 23 de junio– se da frente a la indolencia gubernamental –las autoridades de Chiapas han demorado la revisión de sus casos–, a pesar del rápido deterioro que están sufriendo sus cuerpos.
“Se ven más cansados, bostezan mucho y les da por dormir nada más”, comenta Susana de la Cruz después de su visita dominical al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 5 (CERSS), ubicado en San Cristóbal de las Casas.
Susana es hermana de Juan de la Cruz, quien junto a Adrián Gómez, Abraham López y su hermano Germán, beben miel con agua para sobrevivir desde el 15 de marzo. Marcelino Ruiz permanece en las mismas condiciones en el CERSS 10.
María, madre de Juan, también externa su pesar: “Estoy triste porque parece que no hay solución. Se estancó [el proceso legal] de nuevo y eso me desespera. Está muy lento para lo que están viendo mis ojos”.
Desde el inicio de la huelga, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompaña los casos. Sus abogados se han encargado de documentar la tortura y solicitar diálogo con las autoridades. Su objetivo es visibilizar las violaciones y exigir pronta solución.
A pesar del deteriorado estado de salud de los presos en huelga de hambre, el gobierno de Chiapas sólo ha mantenido algunas conversaciones con las familias y los abogados del Centro. El Grupo de Trabajo No estamos Todxs –colectivo que también los apoya desde el inicio de la protesta– denuncia que los encuentros son aplazados y no se han logrado verdaderos avances.
Marcial Yangali
