Al sentir que el millonario negocio incubado durante el periodo neoliberal por sus antiguos jefes puede esfumarse con la Reforma Eléctrica, los voceros de las trasnacionales y empresas privadas que en los últimos 3 sexenios se adueñaron del mercado y la generación de electricidad en el país asoman las narices tratando de engañar, de nueva cuenta, a la opinión pública al mentir cínicamente con el supuesto encarecimiento de las tarifas que, a su decir, provocará tal iniciativa enviada al Congreso.

El expresidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo y vocero del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, son algunos de los personeros que han brincado a la palestra pública a defender lo indefendible, mintiendo con el mayor de los desparpajos, pero en el fondo justificando los altos sueldos con que las firmas extranjeras pagaron su servilismo y la traición cometida a la patria, al entregarles nuestra soberanía energética, con reformas como las del 2008 y 2013.

Como títeres, sus patrones extranjeros les ordenan salir en defensa de sus intereses. No por algo les han recompensado ampliamente su zalamería y tráfico de influencias. Funcionarios del narcogobierno de Calderón como la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, apenas entregaron sus despachos, se brincaron a otro empleo donde firmas como Iberdrola, favorecida con infinidad de concesiones y contratos de compra de energía, ya les tenían cargos hechos a la medida como “asesores externos”, con ventajosos salarios de más de 140 mil euros al año.

La empresa española que es una de las más interesadas en que la Reforma Eléctrica se atore en el Congreso, otorgó a Kessel un sueldo promedio mensual de 274 mil pesos, muy superior al que devengó como servidora pública. Felipe Calderón fue becado en similares condiciones por Avangrid, filial en Estados Unidos de Iberdrola, con un contrato por dos años (2016-2018).

Ahora, como otros beneficiados del narcogobierno como Javier Lozano, deben salir a defender con uñas y dientes a quienes realmente protegieron desde el poder. Sus “jefes” tiene poderosas razones para estar preocupados pues la iniciativa enviada por el Ejecutivo a San Lázaro contempla no indemnizar a las trasnacionales, como tampoco respetar los contratos de generación y compra de energía pactados por los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

Dicen falazmente Calderón y su cónyuge que de salir adelante la Reforma Eléctrica se incrementarán las tarifas cuando eso ya ocurrió tras el cierre de Luz y Fuerza en octubre del 2009, a manos de su administración. ¿Acaso ya olvidaron cuáles fueron las promesas hechas ante la opinión pública para justificar la desaparición de una empresa que daba servicio a 6 millones de usuarios en la zona centro del país y dejar sin empleo a 44 mil electricistas del SME?

Una y otra vez, pregonaron en los medios que el servicio mejoraría, que el Estado se ahorraría cuantiosos recursos y que la población se beneficiaría con una baja en las tarifas eléctricas. Al final, ninguna de estas tres mentiras se cumplió y, por el contrario, los costos de la electricidad se elevaron de una manera tan escandalosa y arbitraria que a la fecha son miles los usuarios, en su mayoría de escasos recursos, los que debieron organizarse ante tal injusticia en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), para evitar quedarse sin luz o ir a la cárcel.

Su intoxicación etílica no le permitió ver a Calderón que en aras de proteger los intereses de las trasnacionales, a las que su partido en el poder otorgó más de 772 permisos de generación y otros tantos contratos de compra de su energía, se afectó al patrimonio de la nación, se entregó parte de la soberanía energética a empresas extranjeras –como las que lo contrataron al finalizar su gobierno–, y se afectó a los que menos tienen porque al entrar a prestar el servicio en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, la CFE aplicó el cobro de los consumos con lecturas “estimadas”, por lo que nacieron los llamados “recibos locos”.

Los “efectos colaterales” de la autoritaria medida del narcopresidente derivaron incluso en amenazas de embargo para aquellas familias que sencillamente no pudieron pagar recibos que se elevaron de manera absurda de 200 a 2000 y hasta 10 mil pesos. Suena a broma de mal gusto que ahora salgan con la versión de con Reforma Eléctrica se provocará un daño a la economía familiar por el alza en las tarifas. Nada hizo el narcogobierno ante esta injusticia social. Y ahora se ostentan como defensores del pueblo. Cinismo de 18 kilates.

Pero también su testaferro, Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo y exvocero del príísta José Antonio Meade en la elección presidencial de 2018, ha salido a darse a aires de experto en la materia, descalificando incluso a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha pedido a los opositores a la reforma que lean con detenimiento su contenido.

Por supuesto que Lozano como Calderón y el resto de sus corifeos, saben de qué se trata la iniciativa y están conscientes que otro de los negocios entregados en charola de plata a los privados, y que pueden desaparecer, son los permisos de autoabasto. Esos que pregonan como energías limpias y baratas los neoliberales panistas y que han puesto a temblar a consorcios como Walt-Mart, Femsa-Oxxo, Telcel y Bimbo, entre otros

Por cierto que en lugar de servir de tapete a las trasnacionales y sus socios, Javier Lozano debería aclarar a los mexicanos qué fin tuvieron realmente los 205 millones de dólares decomisados al empresario oriental Zhenli Ye Gon y que según declaró en su momento el hoy detenido en el penal del Altiplano, fueron pate de los recursos ilegales empleados en la campaña de Felipe Calderón, en 2006.

En su momento, funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), dijeron que el dinero se repartió entre la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, pero hasta la fecha no hay documentos oficiales que permitan seguir la ruta final de estos recursos, que hicieron famosa la frase: “O coopelas, o cuello”, pues según expresó Ye Gon, fue la amenaza que le hiciera en su momento Lozano para encubrir este delito. Por cierto que al verse descubierto amenazó con demandar al empresario. Tal demanda, como la aclaración del fin último del dinero, nunca llegaron.

Es esa la pobre calidad moral de los que ahora, desesperados por defender a sus patrones, nada dicen del daño ocasionado a los recursos públicos por sus contratos leoninos de compra de energía a las trasnacionales como Iberdrola y sus filiales como Enel y otras tantas, que tan sólo en 2009 le costaron a los mexicanos 268 mil millones de pesos. Su temor de que el negocio se les venga abajo es porque, además, los desventajosos acuerdos para el país, estaban pactados a 25 años y se estima que al final de los mismos, los particulares se repartirían ganancias de más de un billón de pesos.

A estos fariseos de la política nunca les importó el pueblo, las energía limpias, ni la soberanía energética; por eso tiemblan ante la cancelación de estos contratos y otras trampas urdidas bajo la Reforma Energética. Su comisión y sus cómodas chambas peligran y cual furiosos mastines, le ladran a una reforma que busca recobrar la defensa de nuestros recursos energéticos.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

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