Las diferentes manifestaciones que se han realizado y se planean llevar a cabo en la Ciudad de México en el contexto de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA tienen garantizado su derecho a la libre expresión; no obstante, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a aquellas personas que saldrán a las calles para evitar la violencia y afectar a terceros con sus acciones.

Para este 11 de junio, que es cuando dará inicio el evento deportivo en el Estadio Azteca con el juego que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica, se anunciaron marchas de diversos movimientos sociales, las cuales partirán de diferentes sitios y culminarán en el recinto futbolístico.

Ante ello, si bien Brugada Molina reconoció sus causas, también sugirió que pensaran en las personas que se verían afectadas por sus movilizaciones. En este sentido, planteó la situación del plantón realizado por las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se han instalado en las calles aledañas al Zócalo a fin de exigir al gobierno federal diferentes cambios en cuanto a pensiones y el sistema educativo mexicano; pero que, en consecuencia, han interrumpido las actividades económicas de comerciantes y empresarios en esa zona.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que han mantenido diálogo permanente con las organizaciones para que no haya afectaciones en la seguridad y el libre tránsito (principalmente de las personas que estarán presentes en los partidos y eventos relativos al Mundial). Asimismo, afirmó que el gobierno capitalino logrará garantizar el derecho tanto de las y los manifestantes como de los asistentes al evento internacional sin caer en provocaciones.

Entre las marchas anunciadas para el día inaugural se encuentran representantes de colectivos de madres buscadoras, trabajadores de la educación, pensionados de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad –quienes reclaman la disminución de sus pensiones, muchas de las cuales pasaban el salario de la presidenta–, organizaciones transportistas y campesinas, trabajadores de la salud, entre otros.