La ratificación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11), el pasado abril, revive el debate sobre la afectación a los derechos laborales en México tras la firma de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), que en el balance de los años arrojan ganancias y beneficios a un reducido grupo de empresarios nacionales y extranjeros pero no así a los millones de trabajadores que al paso de las décadas han visto acrecentarse la brecha de la desigualdad ante la apatía y desinterés de una clase política que ha hecho suyo el apotegma que reza: Candil de la calle y oscuridad de su casa.

Tras una larga discusión en la tribuna de la Cámara Alta, terminó por imponerse una vez más el absurdo mayoriteo que con 73 votos a favor por 24 en contra y cuatro abstenciones, desoyó una vez más las voces de alerta sobre las afectaciones que este nuevo acuerdo comercial traerá a la debilitada industria nacional y diversos sectores sociales que enfrentarán riesgos en su salud por las medidas proteccionistas a las transnacionales de industrias como la farmacéutica, elevando el costo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

A los legisladores al servicio de la tecnocracia neoliberal no les importó dejar en situación de desventaja a industrias ya de sí golpeadas y en franca desventaja ante el mercado asiático como la del vestido y el calzado; también, dejaron en el limbo el asunto de los golpeados ingresos y derechos de los trabajadores, como ha ocurrido con el TLCAN, cuyo capítulo laboral fue relegado como tema prioritario de la agenda del equipo de negociación del gobierno mexicano, luego de que Donald Trump ubicó al acuerdo al borde del colapso.

El TTP y el TLCAN siguieron la misma génesis del árbol que nació torcido; sus ramas nunca podrán enderezarse al dar sombra a la opacidad; ambos tratados no fueron puestos en la mesa del debate nacional y los sectores sociales y productivos se han remitido a ser meros espectadores a los que la tecnocracia neoliberal nunca toma parecer. De hecho, cuando en octubre del 2015 la actual administración firmó el acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos, trascendió que la negociación se había dado en secrecía. El texto del TPP no fue público, por lo que nadie conoció con exactitud su contenido. La historia del TLCAN se repitió 24 años después con el TTP.

La firma de estos acuerdos ha implicado diversas modificaciones constitucionales para adaptar las leyes de México a modo de los intereses de las trasnacionales, poniendo en entredicho y en la ruta de las involuciones históricas a derechos laborales como la jornada de 8 horas; el derecho a huelga, la contratación colectiva, la libre sindicalización y la seguridad social, sin dejar de mencionar el abatimiento del régimen solidario de las pensiones que ahora coloca en situación vulnerable el retiro de las nuevas generaciones, condenándolas a ser ancianos en situación de insalvable miseria.

Para la tecnocracia instalada en el poder desde hace más de 3 décadas, el tema del bienestar de la clase trabajadora no ha figurado como prioritario en su agenda política, razón por la cual no la ha importado precarizar las condiciones laborales de las mayorías para que la clase empresarial y sus socios de las multinacionales acumulen más riqueza.

Tras la firma, en 2015, de las naciones involucradas en el TTP, premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, alertaron que la puesta en marcha del acuerdo transpacífico representaría daños a la calidad de vida de los ciudadanos y consumidores de las naciones involucradas, sobre todo las más pobres.

Stiglitz refirió que con el acuerdo, por ejemplo, el acceso a los medicamentos genéricos por parte de la población con menores recursos, se tornaría inaccesible. “Los pobres no serán capaces de costearlos, los seguros médicos se encarecerán; es decir, afectará a todos los grupos en la sociedad y ninguno de ellos están en la mesa negociando”.

Paul Krugman, señaló en su momento que el TPP, no era precisamente un acuerdo sobre libre comercio, pues si bien los precios de algunos artículos bajarían, en su esencia estaba implícita la intención de “endurecer los derechos de la propiedad intelectual en campos como la medicina”. Y abundó que la organización Médicos sin Fronteras estaba sumamente preocupada de que con el acuerdo los medicamentos serían “incosteables” para las naciones en vías de desarrollo, México incluido.

Organizaciones sindicales de la Unión Americana como la AFL-CIO, denunciaron que el acuerdo beneficiaría de manera exclusiva a las grandes corporaciones pero no a los trabajadores. En su momento el entonces aspirante demócrata a la presidencia estadunidense, Bernie Sanders, comentó: “Wall Street y otras grandes corporaciones han ganado nuevamente. Necesitamos políticas comerciales que beneficien a los trabajadores y consumidores de Estados Unidos, no sólo a los presidentes de grandes corporaciones multinacionales”.

Ahora que el TLCAN se columpia de la cuerda floja es viable proponer a los aspirantes a la Presidencia, como un tema obligatorio en sus campañas, el llevar al debate nacional después de las elecciones del primero de julio próximo, el contenido de estos tratados donde los trabajadores deben tener, como otros sectores, una participación activa.

No debe aceptarse que en un sistema democrático sea un reducido grupo de tecnócratas y ambiciosos empresarios los que decidan qué conviene o no a México; hasta la fecha, ha quedado más que demostrado la forma ventajosa y mezquina como han firmado no únicamente acuerdos comerciales sino todo tipo de modificaciones legislativas a la Constitución para atentar contra los derechos de los trabajadores pero también contra las riquezas del subsuelo y los recursos naturales del país.

Los mexicanos debemos exigir la revisión a fondo de estos tratados que nunca han reportado los beneficios sociales prometidos por sus impulsores. La pobreza y marginación de las mayorías así lo demuestra. Los responsables de acrecentar la brecha entre ricos y pobres deben rendir cuentas a la nación.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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