Segunda Parte. Definido lo que es y lo que no es el lawfare y ante la oposición del Poder Judicial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente analizar lo que caracteriza la guerra judicial en el país desde 2019. En esta entrega se abordan dos aspectos: la manufacturación de consenso y la injerencia de Estados Unidos en el combate a la corrupción y reformas judiciales.
Las vías de la guerra judicial: manufacturación de consenso
Las causas contra políticos de izquierda con características de lawfare comenzaron en el país en 2005, cuando –sin pruebas– intentaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador para impedir su participación en las elecciones de 2006. En el sexenio anterior, también se pusieron demandas contra el doctor Hugo López-Gatell: ocho denuncias, según declaraciones del abogado Javier Coello. Estas demandas fueron desestimadas en la Fiscalía General de la República; sin embargo, son parte de la judicialización de la política en México.
Por otra parte, los medios de comunicación han realizado una constante manufacturación de consenso –a favor de la élite del poder económico– contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su sexenio desde distintos medios nacionales y extranjeros e incluso think tanks de Estados Unidos, el marco (frame) establecido fue, entre otros, el de “autoritario” “desmantelamiento de la democracia” y “erosión democrática”.[1] En el contexto de la elecciones de 2024, el frame se sumó el del supuesto vínculo con el narcotráfico y la consigna fue la de “narcopresidente”, establecido desde que dos agentes estadunidenses (un medio, Propública, y una organización, InsightCrime) y la cadena alemana DW publicaron dicho vínculo, sin prueba alguna. Incluso el mismo embajador Ken Salazar y la Casa Blanca mencionaron que ese supuesto vínculo de AMLO fue investigado en 2006 y el caso se cerró por falta de pruebas. No obstante, estas tres publicaciones fueron motivo para que los medios de comunicación hegemónicos nacionales replicaran dicha información. Como mencionó la entonces titular de la sección “Quién es Quién en las Mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, en la conferencia del 14 de agosto de 2024, fueron 29 mil 650 cuentas en la red social X (antes Twitter) las que replicaron el hashtag de #narcopresidente, sólo 5.2 por ciento eran reales, y 94.8 por ciento eran cuentas automatizadas.
Fuente: Conferencia de prensa de Presidencia, 14 de agosto de 2024
En dicha conferencia, García Vilchis mencionó: “existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como ‘narcopresidente’, y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial y esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina”.[2]
En esa misma conferencia de prensa, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó datos concretos sobre los recursos recibidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Como detalló Contralínea, MCCI recibió de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613.6 pesos, entre agosto de 2018 y enero de 2024. Con datos de esa conferencia de prensa, se sabe que MCCI recibió en 2019 12.3 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos, equivalentes al 15.4 por ciento del total que recibió. Para 2023, fue de 67.8 por ciento, de ese nivel era la relevancia del financiamiento para sostener a una organización opositora.
Además, tiene entre sus financiadores a empresarios que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, grupo de empresarios mexicanos que fueron beneficiados en el periodo neoliberal. Entre Fundación Maelva, Sistema de Observación Ciudadano, Fundación Kaluz, Fundación UNIFIN, Fundación ALSEA, Fundación Gentera, Kyara, American Express Company México, Centro de Estudio Espinosa Yglesias y Laboratorios PISA suman 151 millones de pesos en el periodo 2016-2023.
Figura 1. El sol y sus planetas: financiamiento a MCCI
Fuente: conferencia matutina, Presidencia de la República, 14 de agosto de 2024.
Injerencia estadunidense en la justicia y el combate a la corrupción
Este caso de la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo es apenas una parte de la amplia estrategia de injerencia estadunidense en México. Además de MCCI, Estados Unidos financia al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). También financió a varias organizaciones y empresas encargadas de instrumentar las distintas reformas al Poder Judicial, entre las que destacan Management Systems International, Fundación Ethos, Fundación IDEA, Fortis Consultora, por mencionar sólo algunas de las que recibieron financiamiento de EU en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según datos de ForeingAsisstance, el IMCO recibió de la USAID montos por 493 mil 513 dólares (constantes de 2021), para instrumentar el programa “Reformas Anticorrupción” en 2022. El objetivo era “promover instituciones, procesos y políticas de gobernanza que sean transparentes y responsables en todos los sectores del desarrollo. Apoyar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (incluidas las entidades de ejecución e investigación, los organismos independientes de auditoría, las comisiones anticorrupción, las agencias de contratación pública, las legislaturas, los ministerios competentes, las agencias independientes, los partidos políticos, los actores judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, prensa y el sector privado). Apoyar la educación cívica y la promoción de reformas legislativas y prácticas o mejorar directamente la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de gobernanza en diversos sectores del desarrollo”.
Otro proyecto financiado por la USAID para el IMCO tuvo como objetivo una “Alianza por la integridad en México (AIM): apoyar al gobierno de México y a la sociedad civil (incluyendo el sector privado) en la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la transparencia, la integridad, los derechos humanos, y el imperio de la ley. Proporcionar mayores cantidades de datos para fortalecer la base de evidencia para desarrollar propuestas políticas que aborden los desafíos en capital humano, reformas legales, diseño institucional o materiales, y equipos para implementar con éxito la reforma judicial mexicana, aumentar la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones, especialmente en casos de robo, fraude, soborno, cumplimiento con cláusulas contractuales, etc. Elaborar una propuesta técnica en la que se esbocen los elementos clave para el diseño institucional ideal de la fiscalía especial anticorrupción a nivel estatal”. La propuesta del IMCO se basaría en “un análisis a fondo de las necesidades internas, institucionales y procedimentales de una fiscalía anticorrupción funcional. El objetivo es que las recomendaciones se conviertan en una herramienta para las fiscalías federales y estatales, los grupos de la sociedad civil y otros que buscan apoyar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) de la OMS”. Este proyecto fue financiado con 77 mil 671 dólares en 2023.
Otra empresa que destaca por el monto del financiamiento es Management Systems International. Ésta recibió de la USAID 25 millones 304 mil 955 dólares sólo entre 2019 y 2022. El recurso fue para el programa PROJUST, que “tiene como objetivo proporcionar apoyo personalizado directo o indirecto a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a estados mexicanos seleccionados a pasar el “punto de no retorno” en sus reformas del sistema judicial, y, por lo tanto, contribuir a los esfuerzos más amplios del Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México para mitigar el conflicto, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”.
La Fundacion Ethos también recibió financiamiento de la USAID por 1 millón 250 mil 976 dólares para instrumentar un programa enfocado en el “fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de lucha contra la corrupción mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado es promover la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) y seleccionar sistemas locales de lucha contra la corrupción en estados fronterizos clave, mediante la educación de los ciudadanos, el compromiso y la participación del sector privado”.
La Fundación IDEA recibió financiamiento por 1 millón 995 mil 736 dólares para dos programas idénticos, que tenían por objetivo “la reducción de la impunidad y ayudará a desarrollar tanto la sociedad civil como la capacidad del gobierno para aumentar de manera sostenible la eficacia del sistema de justicia penal en 12 estados mexicanos: 1) fortalecer la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar una resolución eficaz y eficiente de los casos, aumentar el número total de casos penales resueltos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves; 2) desarrollar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar un proceso adecuado y protección de los derechos humanos, así como servicios adecuados para las víctimas; y 3) mejorar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia y la sociedad civil para construir legitimidad, confianza y cooperación de los ciudadanos, fomentando la responsabilidad y la participación ciudadana. Esto se logrará mediante la capacitación, la asistencia técnica, la orientación y el establecimiento de redes entre iguales”.
Otro proyecto para la Fundación IDEA que tiene que ver con el sector justicia es el de MiFiscalía, financiado en este caso por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés). Dicho proyecto contó con financiamiento por 4 millones 319 mil 838 dólares entre 2021-2023. Como mencionan en su página en internet, este proyecto tiene por objetivo promover “la procuración de justicia de manera proactiva, oportuna y eficaz al incrementar la capacidad instalada de las fiscalías y procuradurías para hacer frente a los desafíos operacionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio mediante un enfoque adaptado al contexto local”.
Fundación Fortis, a su vez, trabaja en el proyecto MiFiscalía con Fundación IDEA. Fortis recibió financiamiento por 5 millones 134 mil 970 dólares entre 2020-2024. El programa financiado fue “Justice access for victims and the accused (JAVA) en México”. Este proyecto tiene por objetivo centrarse “en la participación de la sociedad civil en la protección del debido proceso y la mejora de la asistencia a las víctimas mediante la aplicación de estrategias que aprovechen sus capacidades existentes y el fortalecimiento de la comprensión técnica de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de permitirles desarrollar estrategias sofisticadas para el cambio de políticas. JAVA también se centrará en la comunicación de la importancia del debido proceso para fines políticos específicos y para audiencias específicas”.
El papel de los medios
Como mencionamos al inicio, no hay proceso de lawfare sin medios de comunicación. Para ello, la USAID financió al International Center for Journalists (ICJ) para cumplir con el objetivo de “disuadir a la corrupción y apoyar la transparencia en estados y municipios mexicanos específicos, mejorando la capacidad de los periodistas para investigar cuestiones relacionadas con la corrupción. Para mejorar la capacidad de los periodistas de investigar la corrupción y cuestiones relacionadas con ella, USAID prevé cinco amplias categorías de apoyo. USAID trabaja con soluciones innovadoras y creativas, centrándose en las alianzas con organizaciones locales, para ayudar a mejorar la calidad del periodismo de investigación y datos a nivel subnacional en México”. ICJ recibió 6 millones 76 mil 405 dólares entre 2019-2024.
Durante el periodo 2004-2021 varios programas de reformas al sector justicia fueron aplicados en México, entre los cuales destacan “Política estratégica y reforma institucional”, “Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México”, “Rule of Law III: Support for Legal Reforms”, “Promoting Justice Project (Projust)”, “Sistema de Justicia”, “Program Support (Rule of Law)”. Varios de estos proyectos fueron realizados en el periodo de la aplicación de la Iniciativa Mérida que comenzó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en 2007.
[1] https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci por cientoC3 por cientoB3n-de-consenso-y-lawfare-en-m por cientoC3 por cientoA9xico
[2] https://amlo.presidente.gob.mx/14-08-24-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
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