En el Poder Judicial Federal (PJF), 2 mil 377 funcionarios perciben sueldos superiores al de la pressidenta Claudia Sheinbaum, lo que incumple con el artículo 127 de la Constitución, denunció la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama.

Durante un recorrido en el centro de la alcaldía Tláhuac, la maestra en derecho informó que esta práctica se mantuvo durante años, incluyendo a integrantes del Pleno de la SCJN y, apenas este año, se aprobó acotar sus remuneraciones conforme al tope constitucional –ello, a pesar de que desde hace 15 años está estipulado en el artículo 127.

Detalló que el cobro de los salarios excesivos de esos servidores públicos es un reflejo de cómo el Poder Judicial se había acostumbrado a interpretar y aplicar la ley a su conveniencia. Asimismo, la ministra Batres Guadarrama precisó que aún falta acotar las prestaciones, ya que estas forman parte del salario integrado de cada funcionario y son mayores a las de las que recibe la presidenta Sheinbaum.

Entre esas prestaciones a las que tienen acceso las ministras y ministros así como el resto del personal de la Suprema Corte están: aguinaldo, la prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, el cual beneficia a su cónyuge, concubina o concubinario y a sus hijos solteros menores de 25 años.

Además de seguro de vida, un seguro de separación individualizado, estímulos por antigüedad, ayuda al personal operativo, vestuario, ayuda de despensa, indemnizaciones, estímulo del Día de la Madre, estímulo del Día del Padre, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, prima quinquenal, remuneraciones por horas extraordinarias, asignaciones adicionales. En su desglose de sueldos y prestaciones, la SCJN da cuenta de que en este 2025 tiene presupuestado un gasto de 4 mil 475 millones 993 mil 376 pesos.

Ante ello, la abogada Batres –conocida como la Ministra del Pueblo– enfatizó que los jueces y juezas “debemos dar el ejemplo del cumplimiento más absoluto y respetuoso de nuestras obligaciones, empezando por nuestra remuneración”.

Además, criticó el uso de lenguaje técnico al redactar las sentencias judiciales, lo que refleja la intención de algunos miembros del PJF de distanciarse del pueblo. Insistió en que el lenguaje de las sentencias debería ser claro, llano y simple para que cualquier persona pueda comprenderlo, ya que, al final, las y los ciudadanos son los destinatarios de ellas.

La ministra hizo un llamado para participar el primero de junio, en las elecciones del Poder Judicial, refiriendo que es “una oportunidad histórica, única en los dos siglos de la historia del Poder Judicial de nuestro país, para que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros respondan a los intereses del pueblo mexicano”.

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