Hoy se cumplen ocho años de la noche triste en Nochixtlán. Ese pueblo de Oaxaca quedó marcado por la violencia desde aquel 19 de junio de 2016, cuando se registró un enfrentamiento entre maestros y policías municipales, estatales y miembros de la entonces Policía Federal. El saldo trágico de la represión fue de ocho muertos y más de 100 heridos, y dejó al descubierto la vena represora del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este caso, contra el magisterio.
En aquel sexenio, los maestros salieron una y otra vez a las calles para protestar contra la política gubernamental que buscaba privatizar la educación, impulsada por el “Pacto por México” y las reformas neoliberales de la administración priísta.
La tarde de aquel 19 de junio, los maestros habían comenzado una protesta pacífica contra la reforma educativa impulsada por Peña Nieto en 2013, pues buscaba introducir evaluaciones periódicas para los docentes bajo el supuesto de mejorar la calidad educativa, aunque lo que realmente buscaba –según las organizaciones gremiales de maestros y otros grupos sociales– era socavar los derechos laborales, sin abordar las necesidades reales del sistema educativo.
Y aunque el gobierno mexicano enfrentó duras críticas nacionales e internacionales por la represión en Nochixtlán –por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron investigaciones transparentes e imparciales–, no fue la única represión. En la capital, secciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en el Zócalo y fueron reprimidos por la policía del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Granaderos en compañía de elementos de la Policía Federal “limpiaron” de manifestantes la plancha del Zócalo capitalino, con el uso de tanquetas que arrojaban agua a presión, similar a la brutalidad ejercida por la derecha en Argentina, Chile o la Brasil de Bolsonaro.
La manera en la que el Estado respondía a la protesta social –con el uso de la fuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas– atrajo la atención de la comunidad internacional, por la flagrante violación de derechos humanos. La falta de transparencia y la impunidad resultantes erosionaron la confianza en las instituciones gubernamentales.
El caso de Nochixtlán no fue el único hecho grave en el sexenio de Peña Nieto. Similar represión se observó en otros contextos de protesta social, como en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y que desencadenó indignación nacional e internacional.
Ello subraya la necesidad urgente de reformas que fortalezcan el estado de derecho y aseguren que las manifestaciones pacíficas serán protegidas en lugar de reprimidas, como ha ocurrido en el gobierno del presidente López Obrador. A lo largo de estos 5 años y medio, las protestas de sus adversarios –como las de la marea rosa que encabezó el empresario Claudio X González Guajardo, enemigo confeso de la educación pública y quien acompañó en 2013 la reforma educativa de Peña Nieto, desde su organización Mexicanos Primero– se desarrollaron libremente y sin represión.
La memoria de Nochixtlán debe servir como un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, sin importar su posición política o social. Los maestros dan cátedra dentro y fuera de las aulas, una vez más.
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