Durante el proceso electoral de 2024, la oposición –liderada por el empresario Claudio X González Guajardo– desplegó una campaña mediática, política y judicial para presionar al Tribunal Electoral y forzarlo a resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional contra la Constitución. Por sufragio, la mayoría calificada le correspondía a la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia”. De haberse concretado lo que pretendían los opositores habría significado un “golpe de Estado técnico” por la vía judicial, denuncia –en entrevista– el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF

En el contexto de las elecciones de 2024, la oposición desplegó una campaña mediática, política y judicial que tuvo por objetivo presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de calificar los comicios, resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional, denuncia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF.

En entrevista para Contralínea, agrega que lo que se buscaba con estas estrategias era forzar a las y los magistrados electorales a fallar contra lo que marca la Constitución, y evitar que la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, Verde y PT– tuviera la mayoría calificada. Considera que –de haberse concretado– habría significado un “golpe de Estado técnico”, pues dicha coalición obtuvo las curules en las urnas.

“Se montó una campaña de propaganda contra el Tribunal para efecto de que el Tribunal se doblara, no aplicara la Constitución y no siguiera ninguno de los precedentes; […] peor aún, se desplegó una campaña mediática donde pusieron nuestros rostros en espectaculares montados en la Ciudad de México, además en redes sociales. Se hizo bastante presión”, detalla el magistrado electoral.

La oposición utilizó todas las vías posibles para evitar asumir su derrota electoral, que derivó en la pérdida de espacios en el Congreso de la Unión, señala De la Mata. Como ejemplo no sólo cita el despliegue de espectaculares en las inmediaciones de los domicilios particulares de los magistrados, sino también la campaña mediática para descalificar al propio Tribunal Electoral, con el claro objetivo de desvirtuar el debate público y orientarlo hacia una supuesta “sobrerrepresentación” en favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Para el magistrado, se trató de una estrategia sistemática de presión política y mediática contra el Tribunal Electoral, orientada a forzar resoluciones contrarias a la Constitución y a precedentes históricos establecidos con la reforma electoral de 2009, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)– fijó criterios sobre la asignación de curules de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

De la Mata explica que, al tratarse de un tema con lineamientos constitucionales explícitos y una línea jurisprudencial constante –reiterada en los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024–, la resolución “debió haber sido muy sencilla”, debido a que los juzgadores únicamente tenían que aplicar la literalidad de la ley. Sin embargo, tras los resultados adversos en la elección de 2024 para la oposición –PAN, PRI y el ahora extinto PRD–, la apuesta fue a una campaña de propaganda para intentar que el TEPJF “se doblara” y dejará de aplicar estos precedentes, lo que habría vulnerado a las instituciones y a la democracia.

“El Tribunal no se dobló, hicimos lo correcto y aplicamos la Constitución; sin embargo, la propaganda de este mismo grupo sigue, ellos siguen hablando. […] No se puede obligar a un órgano jurisdiccional a tomar decisiones en contra de la ley, y menos cuando los resultados ya se habían dado a conocer. Cambiar las reglas después de conocer los resultados habría significado un fraude en la mesa o un golpe de Estado técnico, algo gravísimo”, afirma el magistrado De la Mata. Reitera que la presión se dio desde distintos frentes.

El doctor en derecho Felipe de la Mata afirma que recuerda que en esa embestida participaron académicos, intelectuales, “líderes de opinión”, analistas, integrantes del Poder Judicial de la Federación y hasta de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No sólo participaban en medios de comunicación, sino que escribieron cartas para favorecer a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la sentencia SUP-REC-35/05/2024 y sus acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Incluso grupos empresariales importantes empezaron a cabildear para que no se tomara la decisión establecida en los límites constitucionales y, bueno, la verdad es que la presión fue alta”, explica el magistrado a Contralínea. Destaca que ceder a esas exigencias habría implicado entregar el control de la Cámara de Diputados a fuerzas políticas que no obtuvieron ese respaldo en las urnas.

Las presiones que refiere el magistrado De la Mata también se enuncian en su libro Entre la Constitución y la campaña mediática –también coordinado por la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza–, de reciente publicación. Ahí se da cuenta, por ejemplo, de las declaraciones de la expresidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien acusó que ella y sus compañeros habían recibido amenazas “incluso personales y familiares” por resolver con libertad y apego a derecho.

Marea Rosa, de Claudio X, entre los que presionaron

La narrativa sobre una supuesta inconstitucionalidad por “sobrerrepresentación” en la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2024 fue impulsada de forma directa por la llamada Marea Rosa, grupo opositor ligado al empresario Claudio X González Guajardo y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Su consigna era clara: deslegitimar a las autoridades electorales, presionar para modificar criterios constitucionales vigentes y vulnerar la democracia, asegura la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional.

En entrevista con Contralínea, la especialista explica que también en las esferas electorales se vivió un blacklash judicial (reacción adversa), entendido como un fenómeno en el que una sentencia genera críticas, resistencia social o tensión institucional. Esa reacción negativa fue amplificada desde el ámbito político y mediático contra el fallo judicial, para impactar en la opinión pública y erosionar la legitimidad del TEPJF.

Al ser consultada sobre la importancia del libro Entre la Constitución y la campaña mediática para aclarar la controversia generada por la asignación de diputaciones plurinominales en 2024, la maestra Tello considera que su publicación sirve para desmontar la narrativa construida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, orientada a desinformar y a crear en el imaginario colectivo la idea de que hubo “un robo” en la asignación de escaños.

“Lo más grave de los descalificativos es que se llevó al debate de deslegitimar a las autoridades electorales. Fue tal la presión hacia las autoridades electorales y la narrativa repetida una y otra vez por específicas personas, específicos medios, que en el imaginario colectivo de muchas personas se dio esta idea de que hubo un robo en el proceso de asignación de las diputaciones, y que las autoridades electorales están cooptadas por Morena.”

Con mentiras, se buscó sembrar la desconfianza hacia las autoridades electorales, consideró la magistrada Soto Fregoso. En el libro se cita la siguiente reflexión de quien entonces presidía la Sala Superior del TEPJF: “no habíamos visto algo así en esa magnitud. Y creo que eso es lo más grave: que voces que están todo el tiempo llamando a cuidar a las instituciones, este movimiento de la Marea Rosa, por ejemplo, que estaban defendiendo al INE, son las mismas personas que, si no comparten su interpretación de la Constitución, no tienen ningún empacho en acusarlas de ‘vendidas’ a las propias autoridades”.

La obra Entre la Constitución y la campaña mediática también detalla que en el 2024 se pretendió exigir a las autoridades electorales un cambio en los criterios de asignación que se han seguido de manera ininterrumpida durante más de una década. Sin embargo, dichos criterios cuentan con sustento constitucional y una línea jurisprudencial consolidada, por lo que cualquier modificación habría implicado una alteración arbitraria de las reglas y una vulneración a los marcos constitucionales.

“Eso a mí me parece muy grave, porque las instituciones son muy importantes para mantener cualquier democracia y establecen la confianza ciudadana. Es muy importante la legitimidad, la confianza. Fue muy irresponsable la manera en que se abordó por parte de este grupo de académicos y también por algunos medios de comunicación este tema. Entonces, creo que eso es lo más grave al final del día, que se empobrece, además, el debate público; y cualquiera que opine lo contrario es descalificado”, expone la maestra Alejandra Tello Mendoza.

México necesita una reforma en materia electoral

Desde su creación, el sistema de representación proporcional ha enfrentado múltiples críticas. No obstante, a partir de 2009 las autoridades electorales –tanto administrativas como jurisdiccionales– han interpretado y aplicado de manera consistente la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, sin grandes variaciones. En este marco, se ha sostenido que el límite de la sobrerrepresentación es una figura destinada exclusivamente a los partidos políticos, y no a las coaliciones.

Así ocurrió en las elecciones federales de 2009 a 2021, por lo que en el proceso electoral de 2024 no existía una razón jurídica ni una justificación constitucional válida para modificar dicha interpretación. Incluso, en 2015 y 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera categórica que eran los partidos –y no las coaliciones– quienes debían participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional, así como que la verificación del límite de sobrerrepresentación era aplicable únicamente a institutos políticos.

Bajo este panorama, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de impulsar una nueva reforma en materia electoral. En particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado abiertamente la necesidad de revisar el diseño institucional del sistema electoral, para lo cual conformó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, encargada de recabar las inquietudes de la ciudadanía, así como los análisis de especialistas y académicos.

Y fue el pasado 25 de febrero cuando se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral en la “mañanera del pueblo”. Ésta se compone de 10 puntos: 1) eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2) reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3) mayor fiscalización; 4) voto en el extranjero; 5) disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6) regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots; 7) cómputos distritales; 8) democracia participativa; 9) prohibición al nepotismo; y 10) no reelección.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’. Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la maestra en derecho electoral Alejandra Tello Mendoza, México requiere una reforma en materia electoral que realmente atienda las demandas sociales de fondo y no se limite a ajustes coyunturales o a ciertas disputas partidistas, sino que fortalezca la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.

“Me parece falaz argumentar que no es necesario una reforma electoral tratando de salvaguardar lo que hay hoy. Creo que siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión y por supuesto que se necesita una reforma electoral y el debate de la sobrerrepresentación lo deja en claro. Lo que nosotros argumentamos es que sí es necesario afinar el sistema electoral porque obviamente tiene muchas distorsiones”, indica la experta en la materia.

Agrega que entre los temas que se deben revisar está el funcionamiento de las coaliciones y la militancia efectiva de los partidos deben revisarse y regularse de manera expresa en la ley. “Hay muchísimos temas pendientes. Por eso me parece falaz que algunos académicos digan que no es necesaria una reforma electoral, sobre todo cuando ellos mismos participaron en el discurso de que el sistema no favorece a los partidos en el poder”.

Con ello, Tello considera la posibilidad de que las principales líneas de una eventual reforma electoral no alcancen los votos suficientes para modificar la Constitución, particularmente en el escenario de que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, PT, PVEM– no logre construir los consensos necesarios para una reforma de carácter constitucional.

Lo anterior, explica, confirma uno de los argumentos centrales de su libro: que, a pesar de las acusaciones de “sobrerrepresentación”, ningún partido por sí solo puede cambiar el marco constitucional. “Hoy vemos que un solo partido no puede cambiar la Constitución, se necesita sí o sí de otras fuerzas políticas y creo que eso fue lo que se buscó con la reforma de 1996. Entonces, regresando al tema de la reforma electoral, sí. Evidentemente, a partidos pequeños como el PT o el Verde, evidentemente, no les conviene la eliminación, por ejemplo, de las plurinominales o su reducción, la reducción del financiamiento público”.

Al ahondar en este análisis, la investigadora retoma las críticas del politólogo italiano Giovanni Sartori, quien fue particularmente severo con el sistema mixto mexicano al considerar que combina “lo peor de dos mundos”; es decir, la lógica de la mayoría relativa con los efectos distorsivos de la representación proporcional.

“Soy más partidaria de sistemas de mayoría que permitan la formación de gobiernos fuertes, con todos los riesgos que eso implica. Pero hoy, viendo cómo está el mundo, necesitamos capacidad real de gobierno”, señala. En esa línea, cita a teóricas como Nancy Fraser y Chantal Mouffe, quienes han advertido sobre la necesidad de Estados soberanos robustos capaces de confrontar el poder económico y financiero global”.

Al respecto, dice que en muchas ocasiones, los sistemas electorales tienden a diluir el poder, “y eso ocurre especialmente con la representación proporcional en regímenes presidenciales”. “Pero más allá del debate técnico, lo más importante es que cualquier reforma sea consensuada, que incorpore al mayor número posible de actores políticos”.

Finalmente, la maestra Tello Mendoza reconoce que el escenario actual no parece propicio para una negociación amplia. Sin embargo, el resultado aún está por delinearse. “Lo ideal es que hubiera a disposición de ambas partes, tanto de la oposición como de los partidos en el poder negociar una reforma con todas las voces. No vemos que eso esté ahorita para el escenario. La oposición lleva muchos años también poniéndose en una situación de moratoria constitucional. Y bueno, tampoco los partidos en el poder necesitan a la oposición para legislar, seamos realistas. Y lo que se requiere al final del día es un consenso para que tenga legitimidad”.

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