El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León mintió recientemente al afirmar que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) había sido auditado por organismos externos. Este 9 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió al priísta ultraneoliberal, al dar a conocer la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación, donde se apunta que, “del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados [éstas son las supuestas auditorías que se hicieron, criticó la primera mandataria] se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios, y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados, ni confirmados.

“Asimismo, los bank reports que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael Mackey elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados”, acusó la Auditoría Superior de la Federación en su momento.

La presidenta Sheinbaum Pardo continuó con la lectura de ese informe de fiscalización de la ASF: “por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor [Michael Mackey] no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”.

Con ello, la titular del Ejecutivo federal desmintió a Zedillo, quien en días pasados reiteró que ese episodio fue auditado por organismos internacionales que lo exoneraron de responsabilidad.

Por el contrario el Informe integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, de la ASF, documentó más irregularidades, de las que, hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dio más detalles. Por ejemplo, leyó otro fragmento de ese reporte en el que se acusa que el Comité Técnico encargado de operar el Fobaproa “actuó con discrecionalidad en la toma de decisiones”, como autorización de apoyos, falta de transparencia operativa y “ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas”.

El documento añade que esto ocurrió por la carencia de “políticas, procedimientos y reglas de operación”, así como falta de leyes explícitas sobre la regulación y supervisión al Fobaproa por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así lo compartió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este viernes. “Además hay otros países que tuvieron situaciones [de crisis financieras] similares y que reaccionaron de manera distinta. Pero aquí el problema es que no es solamente el rescate bancario, que transformó la deuda” privada en deuda pública, “sino que los criterios para pagarle a quién, no tuvieron reglas de operación, fue discrecional”, dijo, en referencia a las afirmaciones de Zedillo de que “no había de otra más que rescatar a los más ricos”.

Otro dato relevante del documento de la Auditoría Superior de la Federación es que el comité técnico del Fobaproa estaba integrado por nueve funcionarios de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Limitaciones

De 2001 a diciembre de 2004, la ASF realizó 70 auditorías a las operaciones del Fobaproa. Entre ellas, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó, como señala el informe, que el Comité “actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal, al otorgar su aval en las operaciones del PCC”.

Además, resaltó las limitaciones que tuvo la propia Auditoría, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación “declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados, en litigio y menores […]; por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citada”.

Estos obstáculos los presenció también el auditor canadiense Michael W. Mackey, contratado para hacer una auditoría exterior, que terminó por ser un informe, como él mismo aceptó, de acuerdo con el documento de la ASF. En su texto, el auditor canadiense mencionó que tanto la CNBV como el propio Fondo no otorgaron la información necesaria para emitir una opinión competente.

Los demás despachos contratados “no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados”, expuso el informe de la Auditoría.

“Se dice que fue auditado por auditores internacionales, aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría en aquel momento por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, criticó la presidenta Sheinbaum.

Pago hasta 2050

Todos los días le cuesta al pueblo de México esta acción promovida por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y se hará el pago hasta 2050, indicó la presidenta Sheinbaum Pardo.

El informe de la Auditoría destacó que “el rescate bancario implicó un endeudamiento del gobierno federal de más de 17 puntos porcentuales del PIB, lo cual originó que se destinaran recursos públicos federales a los diferentes programas que se aplicaron para salvaguardar el sistema de pagos”. El costo fiscal del rescate era de 1 billón 248 mil millones de pesos.

Además, entre las 110 auditorías realizadas entre la Contaduría Mayor de Hacienda (de 1996 a 2000) y la ASF (de 2001 a 2004), con 238 observaciones y 323 acciones promovidas, tuvieron impactos económicos por 109 mil 914.8 millones de pesos, de los cuales se habían solventado 73 mil 446.1 millones de pesos, y dados de baja 20 mil 735.2 millones de pesos por las resoluciones de la SCJN.

La primera mandataria recalcó, además de lo anterior, que “en diciembre de 1994 se informa de manera privilegiada a algunos empresarios, que se iba a devaluar la moneda”, y sacaron capitales del país. “Y al mismo tiempo muchísimos deudores que perdieron todo, que nunca fueron rescatados, y que no representan algo menor, fueron millones y millones de familias en el país”.

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