Las 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición de funcionarios o exfuncionarios estatales, presentadas por el gobierno de Estados Unidos, son analizadas bajo los procedimientos establecidos en la legislación mexicana, informó el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López.
El funcionario explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a revisar cada caso conforme a la normatividad vigente. “La FGR informa que, en este como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”.
Detalló que, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes aplicables, la Fiscalía debe analizar la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes que permitan sostener la viabilidad de las solicitudes.
En paralelo, indicó que la dependencia inició una investigación complementaria para recabar información que permita establecer si existen datos de prueba que sustenten la acusación formulada por autoridades estadunidenses y, en su caso, la procedencia de órdenes de aprehensión.
Recordó que la legislación mexicana establece que, para solicitar una orden de aprehensión, deben existir datos de prueba que acrediten la posible comisión de un delito, mientras que el tratado bilateral en materia de extradición indica que solo podrá concederse si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido.
En este sentido, precisó que la solicitud recibida no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencia contundente sobre los hechos señalados.
Asimismo, destacó que la propia solicitud de Estados Unidos establece la necesidad de mantener la información bajo carácter confidencial y reservado, a fin de no afectar los procedimientos penales ni su naturaleza diplomática, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El fiscal subrayó que la legislación mexicana también prevé que, en el caso de servidores públicos como gobernadores o senadores, se debe iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal.
“Para la FGR es fundamental cumplir a cabalidad con lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que, de lo contrario, se afectaría el Estado de derecho, así como los derechos y garantías de las personas requeridas”.
Al finalizar su mensaje, el fiscal reiteró la postura institucional: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
La declaración de la FGR ocurre horas después de que se diera a conocer públicamente una acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
