EU sanciona red financiera del Cártel de Sinaloa por fentanilo

EU sanciona red financiera del Cártel de Sinaloa por fentanilo

FOTO: 123RF

Más de una decena de personas y empresas vinculadas, presuntamente, al Cártel de Sinaloa fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su supuesta participación en operaciones de tráfico de fentanilo y lavado de dinero mediante criptomonedas, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

De acuerdo con la dependencia estadunidense, las sanciones están dirigidas contra dos redes criminales distintas: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de Los Chapitos, y otra liderada por Jesús González Peñuelas, señalado por autoridades estadunidenses como traficante de drogas y prófugo de la justicia.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el gobierno del país norteamericano mantendrá acciones contra las estructuras financieras de los cárteles mexicanos para impedir el tráfico de drogas hacia territorio estadunidense. “El Tesoro continuará atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener seguro a Estados Unidos”.

La OFAC indicó que la investigación fue coordinada entre la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Según el Departamento del Tesoro, el Cártel de Sinaloa fue designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y señalado como uno de los principales responsables del ingreso de fentanilo ilícito a territorio estadunidense.

La dependencia sostuvo que la facción conocida como Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, mantiene un papel central en el tráfico de drogas sintéticas debido, presuntamente, al control de laboratorios clandestinos y al acceso a precursores químicos en Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López permanecen bajo custodia en Estados Unidos, mientras que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar continúan prófugos y serían quienes encabezan actualmente esa facción criminal.

Además, el Departamento afirmó que las disputas territoriales entre grupos rivales en Sinaloa han dejado más de 600 personas asesinadas desde septiembre de 2024.

La OFAC acusó a Armando de Jesús Ojeda Avilés de coordinar presuntas operaciones de lavado de dinero provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos mediante el uso de criptomonedas. Según la investigación, el operador financiero recolectaba efectivo generado por la venta de fentanilo y, posteriormente, lo convertía en activos digitales para transferir recursos al Cártel de Sinaloa en México.

Entre los sancionados también se encuentran Jesús Alonso Aispuro Félix y Rodrigo Alarcón Palomares, este último acusado en Colorado por presunto lavado de dinero con criptodivisas.

Asimismo, la OFAC identificó al empresario Alfredo Orozco Romero como presunto colaborador de la red criminal y lo relacionó con la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua.

El Departamento del Tesoro señaló a Jesús González Peñuelas como presunto responsable de producir y distribuir metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos desde hace más de una década.

Las autoridades estadunidenses indicaron que opera principalmente desde Sinaloa y que mantendría células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Además, enfrenta acusaciones federales por tráfico internacional de drogas y la DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Como parte de las medidas anunciadas, la OFAC informó que todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados. Asimismo, advirtió que las instituciones financieras que mantengan operaciones con los señalados podrían enfrentar sanciones secundarias.

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