El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer la integridad del sistema financiero estadunidense, mediante la cual instruyó a las autoridades financieras del país a endurecer los controles sobre el acceso al sistema bancario y crediticio para personas migrantes sin autorización laboral o con situación migratoria irregular.

La orden establece que el Departamento del Tesoro deberá emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal dirigida a bancos e instituciones financieras sobre los riesgos asociados con el uso del sistema financiero por parte de personas consideradas “inadmisibles o removibles” bajo las leyes migratorias estadunidenses.

En el documento se mencionan riesgos por posibles vínculos con lavado de dinero, tráfico de personas, narcotráfico y financiamiento ilícito, por lo que la administración trumpista ordenó revisar las regulaciones derivadas de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) para fortalecer los mecanismos de identificación de clientes y ampliar los requisitos de verificación de identidad.

La Casa Blanca también instruyó a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor evaluar cambios regulatorios para que el riesgo de deportación o pérdida de ingresos sea tomado en cuenta al momento de otorgar créditos, hipotecas, préstamos automotrices o tarjetas bancarias.

Según argumenta el gobierno del país vecino del norte, prestar servicios financieros a personas sin autorización de trabajo representa un “riesgo estructural” para el sistema financiero.

En la justificación de la orden ejecutiva, la administración republicana aseguró que redes criminales internacionales, incluidos grupos vinculados al tráfico de fentanilo y organizaciones de lavado de dinero, con operaciones relacionadas con México y China, han aprovechado vacíos regulatorios en el sistema financiero de la nación.

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