El gobierno de Evo Morales lanza un programa para “independizar” a su nación de los productos agropecuarios del extranjero. Los apoyos no son para los agroindustriales sino para los campesinos indígenas y mestizos organizados en sus comunidades rurales. El proyecto, que ya cuenta con el respaldo del movimiento indígena y la animadversión de los empresarios agrícolas, no está exento de contradicciones: promoverá el uso de transgénicos para algunos cultivos
Franz Chávez/IPS-Voces de la Tierra
En medio de un fuerte debate con sectores que se sienten excluidos, el gobierno de Bolivia lanza un modelo de producción agrícola que apunta a la independencia alimentaria, impulsa la labor de los pequeños productores y puede generar excedentes para eludir las oscilaciones de los precios internacionales.
La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria conjuga el rigor de las normas y procedimientos modernos en el sector con antiguas costumbres indígenas orientadas a producir y almacenar alimentos para tiempos de adversidad climatológica. Esta herramienta basa su fortaleza en la comunidad, una expresión que en Bolivia es sinónimo de vida, y en la actividad económica en las zonas rurales habitadas por pueblos indígenas.
Pero estas declaraciones, consignadas en el cuerpo legal promulgado en julio pasado por el presidente Evo Morales, desataron los temores de empresarios agroindustriales vinculados a las exportaciones. También levanta fuertes críticas de ambientalistas y de líderes indígenas por la utilización de organismos genéticamente modificados en parte de la producción alimentaria.
El director general de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, Germán Gallardo, uno de los que diseñó la iniciativa, defiende ante la consulta de la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) la “política inclusiva que reconoce a los productores privados, mixtos, individuales y colectivos”.
A comienzos de este año, la persistente sequía, heladas reiteradas, el contrabando y las políticas gubernamentales de restricción a las exportaciones ocasionaron que grandes empresarios desatendieran inversiones, se afectara la producción de alimentos y obligaron al gobierno a concretar importaciones encaminadas a evitar el desabastecimiento.
Gallardo asegura que la producción alimentaria de Bolivia no presenta déficit. Sin embargo, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias ubica a éste entre los países con “serios problemas” de alimentación y le asigna 10.9 puntos en una escala de 100, del Índice Global del Hambre.
También un informe del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, presentado en 2010 en el Primer Encuentro de Soberanía Alimentaria, indica que 26.8 por ciento de los bolivianos sufre desnutrición crónica, el mayor nivel en la región; Ecuador, 26.4 por ciento; Perú, 25.4; Colombia, 15.5; y Paraguay, 14 por ciento.
De acuerdo con este estudio, la población afectada por la desnutrición afronta condiciones de anemia nutricional, déficit de micronutrientes (vitamina A, Zinc, Yodo), obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.
Los resultados de la nueva política alimentaria se verán en cinco años, indica Gallardo, quien destaca el papel que cumplen las comunidades, para las que reclama el reconocimiento como unidad productiva de 80 por ciento de alimentos destinados al consumo interno.
“No afectamos al empresariado agroindustrial sino que fortalecemos a los pequeños productores, pero no en detrimento del grande”, remarca el impulsor de la ley. Cree, además, que la igualdad de oportunidades de acceso al crédito bancario, a la tecnología y a las semillas convertirá a Bolivia en una zona de reserva de alimentos.
Uno de los panes de consumo habitual en la mesa de las familias bolivianas es elaborado con harina importada. En 2010, la producción nacional de trigo sólo alcanzó 271 mil 330 toneladas, mientras el consumo llegó a 631 mil toneladas, según el Ministerio de Desarrollo Rural.
“Fuimos digitados por proyectos aislados y olvidamos a nuestros productores. La ley revolucionaria se construyó entre los agricultores y los intelectuales que trabajan para el Estado”, asevera Gallardo para resaltar que el modelo no responde a estrategias extranjeras.
“Las agencias internacionales señalaron la dirección de las políticas alimentarias que no administrábamos”, se refuerza la identidad del proyecto con un ejemplo de ruptura con la dependencia externa en la fase de preparación de la ley, al afirmar que “los sándwiches los hemos pagado nosotros”.
Pero la tesis orientada a crear la seguridad alimentaria para los 10.4 millones de bolivianos debe traducirse en un sistema de préstamos bancarios a productores que ahora no pueden ofrecer sus pequeñas parcelas como instrumento de garantía.
Vencidos esos obstáculos, el gobierno de Morales anuncia planes de incorporación de tecnología en la actividad agrícola y posteriormente la construcción de una red de almacenaje de alimentos, bajo un esquema inspirado en la ancestral pirwa, un depósito elaborado con materiales de cada región y capaz de conservar los productos en su estado natural por prolongadas temporadas.
Pero la popularidad obtenida por el presidente Morales entre productores de pequeña escala y comunidades campesinas contrasta con la demanda del influyente Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyu (Conamaq) para eliminar el uso de organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos.
“Los transgénicos tendrán un impacto social en la salud porque producen trastornos y cáncer”, afirma el líder indígena del Conamaq, Rafael Quispe, un abierto opositor a la importación de semillas de este tipo. Hasta ahora, la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo sobre los efectos en los humanos.
Quispe interpreta que la utilización de transgénicos es el medio para generar dependencia de las empresas transnacionales asociadas a su producción.
El portavoz de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, explica a IPS que el artículo 15 de la legislación protege el patrimonio genético de productos de origen boliviano como la papa y la quinua (un seudocereal), pero en su interpretación se permite el ingreso de otras variedades, como la caña y el algodón.
Con una reafirmación del principio fundamental de Lidema por el rechazo a la introducción de alimentos genéticamente modificados, Alvarado indica que se requiere de una legislación específica que proteja las variedades alimentarias nacionales que se adaptan al cambio climatológico y que podrían transformar al país en modelo para la “agrobiodiversidad”.
Indica, además, que 86 por ciento de la soya que se produce en Bolivia es un producto modificado y admite que ese proceso es irreversible, pero insiste en preservar el resto de alimentos en su estado natural.
Gallardo coincide con Alvarado en considerar estos temas en una legislación específica y declara la imposibilidad de erradicar la soya transgénica, porque posee el respaldo de una resolución “multiministerial”, aprobada durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005).
