Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

 

Los pueblos originarios de Costa Rica intuyen la amenaza que, para su desarrollo autónomo, representa la reactivación del estatal Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), impulsado con el proyecto de presupuesto del país para 2012.

 

La propuesta asigna un monto millonario para el pago de salarios y otros gastos de la institución, fundada en 1973 y cuestionada por sus acciones en detrimento de los supuestos beneficiarios. El CONAI es el instrumento del Ejecutivo para supuestamente defender los derechos de los originarios y al mismo tiempo violarlos, a fin de apadrinar la usurpación y el despojo de sus tierras por el Estado, considera la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. Ésta indica que la existencia del ente y su fortalecimiento financiero es un riesgo para los pueblos autóctonos, porque lejos de cumplir con su responsabilidad procura su desaparición.

 

Ejemplos sobran de la cuestionable actuación del CONAI, afrontado por los indígenas a través de sus organizaciones familiares, comunitarias, territoriales, regionales y nacionales. En todos estos años, la dependencia ha dado vía a la explotación de los territorios de los indígenas, sus recursos naturales, minerales, acuíferos. Al mismo tiempo, ha favorecido la imposición de megaproyectos y el bloqueo de cualquier inic iativa emanada de las comunidades.

 

Las denuncias de la Mesa concuerdan con lo expresado por el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, quien visitó Costa Rica en abril pasado. Éste atendió las quejas respecto al Proyecto Hidroeléctrico Diquís –impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad– y llamó la atención al Estado por la situación de los indígenas. El representante de la ONU recordó que la consulta a estas comunidades es obligatoria antes de cualquier intromisión en sus territorios, y enfatizó los problemas acumulados, la recuperación de tierras y la representatividad de los pueblos. Destacó la necesidad de poner fin al trámite del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, presentado hace más de 15 años y sin resultados hasta la fecha.

 

 

La situación de los pueblos originarios en Costa Rica demuestra la ineficacia de la respuesta gubernamental a los problemas del sector a través del CONAI, mecanismo de dominación colonial en este siglo. Expertos aseguran que la gestión de la entidad desatiende lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)              –signado por Costa Rica en 1992–, que exige la modernización de los aparatos estatales destinados a atender a los indígenas, conforme el interés de las etnias. De manera contraria al discurso de los responsables de hacer cumplir estos compromisos, múltiples denuncias sobre la pobreza y la discriminación que padecen estas comunidades terminaron archivadas o tratadas de forma superficial por los funcionarios, como “pleitos entre indios”.

 

El CONAI impone las decisiones gubernamentales y anula los derechos ciudadanos de los indígenas, en general desconocidos por los medios de comunicación y sujetos a un creciente etnocidio. Es tan fuerte la invisibilidad de los pueblos autóctonos ticos, que el visitante nunca percibe su presencia a menos que desatienda los mensajes mediáticos e insista en conocerlos.

 

Los pueblos bribri, gabecar, maleku, chorotega, huetar, teribe, bruncas y guaymi poseen una historia y un conocimiento milenarios y en sus 24 reservas –cada una con dos y hasta 40 comunidades– se conserva la mayor cantidad de bosques, recursos acuíferos, minerales y biodiversidad. Pese a esto –y que sólo representan el 2 por ciento de los habitantes de Costa Rica– enfrentan una progresiva depauperación: hay pueblos imposibles de recuperar o que tienen su muerte anunciada, mientras otros quizá salven parte de su acervo si se adoptaran medidas urgentes.

 

 

La creación del CONAI alentó la esperanza en ese sentido, pero con los años devino vía expedita para la aniquilación disimulada de sus culturas, a juicio de la Federación para el Desarrollo Cultural y Social de las Etnias Indígenas Costarricenses. Sus directivos mostraron una actitud paternalista –similar a la enarbolada por representantes de la iniciativa privada en la década de 1940–, cuando para impulsar el “progreso” apoyaron acciones filantrópicas favorables a éstos. Resultado de gestiones parecidas surgió el CONAI, integrado por ministerios y entidades autónomas involucradas en el tema indígena, municipalidades de regiones habitadas por éstos y organizaciones civiles. Facilitar el desarrollo de los pueblos originarios, coordinar acciones, asesorar e informar eran las tareas básicas de esa dependencia, mas nunca ejecutó programas o representó a los nativos, opinan historiadores.

 

La irrupción de la ideología neoliberal arrasó con las buenas intenciones y más que contribuir a mejorar los niveles de vida del sector, la entidad devino en un aparato de manipulación y división de las comunidades. La Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes de 1989 se convirtió en letra muerta. También resulta cuestionable la labor del Registro de Comunidades Indígenas, encargado de otorgar personería jurídica a estos pueblos. El CONAI jamás prestó de forma efectiva el servicio para el que fue creado y mucho menos entregó tierras ni garantizó servicios de salud, educación, vivienda o jubilación, como las urgencias de estas etnias. Incluso, en temas esenciales para el futuro de la nación costarricense, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, la opinión de estos pueblos tampoco fue tomada en cuenta. La coartación de la participación de los nativos en los debates de la parlamentaria Comisión de Asuntos Internacionales acerca de este acuerdo violó los convenios de la OIT y reafirmó la discriminación que sufren los más de 65 mil indígenas existentes en el país.

 

En medio de los debates alrededor del TLC, a finales de 2006, la propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue desempolvada, pero una vez más quedó pendiente de análisis en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso hasta hoy. De la aprobación de ésta dependerá el futuro del CONAI y otras entidades creadas para contrarrestar la progresiva depauperación de las condiciones de vida de los indígenas y cuya preservación es discutible para muchos con base en la poca eficacia de su gestión.