En la línea entre México y Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza son “el primer bastión de la seguridad” para contener, perseguir y apresar a quienes se filtran a ese país sin visa. Ante tal responsabilidad, los uniformados repelen un “ataque” de piedras con balas de 40 milímetros contra un joven como Sergio Adrián Hernández, lo mismo que apalean y aplican descargas eléctricas al cuerpo de Anastasio Hernández hasta matarlo. “Están demasiado neuróticos y les conviene ir al siquiatra”, propone un analista
T J Bonner preside el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), sindicato que agrupa a unos 12 mil agentes. Uno de sus cometidos es defenderlos contra la “hostilidad de los mexicanos” y las denuncias por exceso de la fuerza; otro es criticar la estrategia del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, por sus siglas en inglés) que encabeza Janet Napolitano. No duda en declarar: “Necesitamos dar pasos más agresivos para detener esa violencia que se filtra en Estados Unidos”, en respuesta a la estrategia diplomática que estableció la administración de Obama hacia México.
Horas después del asesinato de Sergio Adrián Hernández Güereca, el 8 de junio, por un miembro de la Patrulla Fronteriza, cuya identidad se resguarda celosamente, el sindicato publicó un boletín de “inmediata distribución” que aludía al uso de las piedras como arma desde los tiempos bíblicos. El documento justificó la reacción del agente como la “obligación de defenderse a sí mismo” y a sus colegas.
El lema del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza es “Protegiendo a quienes protegen nuestras fronteras”, y así lo sostiene Bonner en todos los espacios. El 8 de febrero de 2007, declaró, ante las cámaras de CNN y su anfitrión Glenn Beck, que dos agentes de la Patrulla Fronteriza habían disparado contra un traficante de drogas mexicano. “Ahora –dijo Bonner–, el traficante está libre y los agentes presos”.
El sindicalista agregó: esos agentes están pagando el precio por todas esas preguntas sin respuesta que llevaron al DHS a regresar al traficante a México. Y preguntó: ¿Qué le ofrecieron a cambio de su testimonio contra los agentes? ¿Qué supo el jurado que nosotros no sabemos? ¿Por qué esos agentes recibieron penas de entre 11 y 12 años de prisión cuando los delitos no justifican algo así?
El 9 de junio, un día después de que el joven Sergio Adrián fuera asesinado, T J Bonner declaró a Associated Press que cada vez son más comunes y potencialmente peligrosas las agresiones con piedras contra los agentes. “Ése es un encuentro con fuerza letal que justifica el uso de la fuerza letal”.
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Phillip J Crowley, refrendó que, a pesar de ese “incidente”, debía reconocerse que los oficiales de la frontera realizan tareas muy difíciles y frecuentemente están en riesgo. Por lo tanto, todo oficial de seguridad pública “tiene derecho a la autodefensa” si la gente usa armas contra ellos o les arroja piedras. Hace semanas, este funcionario recibió fuertes críticas cuando tuvo que aceptar que, igual que Janet Napolitano y el fiscal general Eric Holder, no leyó en su totalidad la iniciativa de la ley SB1070 de Arizona.
En contraste, al contabilizar, desde 1972, las muertes de policías estadunidenses ocasionadas por piedras, el periodista Brian Palmer, de la revista electrónica Slate, sólo encontró tres casos entre 18 mil 983 decesos. En su artículo “Ser apedreado”, del 9 de junio, Palmer refiere que, de acuerdo con la base de datos de la Fundación Conmemorativa de los Oficiales de Policía, en 1873 el policía Edward Burns, de Nueva York, fue emboscado por un sospechoso que le fracturó el cráneo con una piedra.
En 1876, el guardia de una prisión de Utah fue asesinado con una piedra. En 1942, el sheriff Ralph Wald Haycraft, de Leichfield, Kentucky, atendía el asalto de un grupo de soldados. Durante su investigación, Haycraft fue golpeado con una piedra y murió tres días después.
Palmer cita que “los accidentes matan a más oficiales que a criminales”. Agrega que el 54 por ciento de los policías muertos en ejercicio durante esta década fue por accidentes; incluso hubo quienes fallecieron atropellados por trenes, y tres más, por incidentes relacionados con caballos.
Brian Palmer dice en su artículo que los delincuentes mueren más a manos de los policías que en confrontaciones entre ellos. Según el Departamento de Justicia, “los oficiales mataron un promedio de 352 sospechosos cada año, entre 2000 y 2005”. A su vez, el número de mexicanos muertos o heridos por autoridades migratorias estadunidenses se incrementó de cinco en 2008 a 12 en 2009, y en lo que va de 2010 suman ya 17, reveló el Foro Nacional de Inmigración (FNI), organismo de auxilio legal a migrantes, con sede en Washington.
A pesar de las cifras del periodista de Slate y del FNI, el sindicalista J T Bonner sostiene que la inmigración indocumentada es el mayor riesgo para sus agremiados. En su ponencia ante el Curso de Políticas de Inmigración del profesor Wayne Cornelius, en la Universidad de California, Bonner manifestó: “¡Ya vendrán! No me preocupan qué muros y cuántos agentes pongan ahí; ellos vendrán”.
La peor de las fronteras
A pesar de que las fronteras que concentran mayor número de militares son las de Israel con los territorios palestinos, la de las dos Coreas, la de Marruecos con Argelia y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, la zona fronteriza más conflictiva y violenta del planeta es la que comparten México y Estados Unidos. “La Patrulla Fronteriza está demasiado estresada y demasiado neurótica. Le iría bien unas vacaciones; llevar a sus miembros al siquiatra, porque no es normal el exceso y tipo de violencia con los que se están manejando”, refiere Guillermo Alonso Meneses, director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte.
Indica que la política de “¡tira una piedra y te devuelvo una bala!”, que sigue Israel en los territorios palestinos, se asemeja a la de los elementos de la Patrulla Fronteriza y otras corporaciones que disparan contra quienes ingresan a territorio estadunidense. Recuerda que, en el otoño de 2005, el gobierno marroquí disparó contra unos migrantes que saltaron las vallas para entrar en Melilla. En esa ocasión, murieron cinco personas. La Unión Europea consideró este hecho como muy grave.
Opina que la Patrulla Fronteriza se comporta como los vovos –los pobladores de Alemania oriental denominaban así a la Grenztruppen, la policía que disparaba o apaleaba a quienes huían hacia Alemania occidental–. Meneses señala que “el exceso de la fuerza habla muy mal de un país que se dice campeón de la democracia y de los derechos humanos, y de un presidente que recibió el Premio Nobel de la Paz”.
En sus investigaciones, Alonso Meneses encontró que, de 1993, cuando comenzó el Operativo Bloqueo en El Paso –que ante las protestas de México cambió de nombre a Mantener la Línea–, a 2009, han muerto aproximadamente 7 mil migrantes, la mayoría mexicanos. Es decir que, en 17 años, han muerto miles de personas intentando cruzar la frontera, por insolación o ahogados en canales. De ese total, 2 mil eran mujeres y niños.
Para el también doctor en antropología por la Universidad de Barcelona, el mayor problema es que el gobierno mexicano “se olvida que se trata de salvaguardar la vida de los migrantes” y sus reclamos son muy tibios. Sostiene que ésa es la gran tragedia de la migración México-Estados Unidos, porque las víctimas de abusos policiacos, como Anastasio Hernández Rojas en San Isidro, California, y Sergio Adrián Hernández Güereca, en la frontera con El Paso, Texas, son “las olvidadas” por el gobierno de México.
Una vez que el gobierno mexicano conoció el asesinato de Sergio Adrián por el disparo del agente de la Patrulla Fronteriza, la cancillería mexicana emitió su comunicado 174 a las 13:25 horas del martes 8 de junio. Ahí manifestó que condenaba la muerte “de un menor” en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y solicitó al gobierno de Estados Unidos una “investigación expedita y transparente” de los hechos “y, en su caso,” el castigo a los culpables.
Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que el uso de armas de fuego para repeler ataques con piedras representa un “uso desproporcionado de la fuerza, particularmente proviniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado en la materia”.
Recursos dilapidados
Este año fiscal, el DHS ejerce un presupuesto de 55 mil 100 millones de dólares. De acuerdo con la secretaria Janet Napolitano, esos recursos se destinan a cinco prioridades: contraterrorismo, seguridad fronteriza, aplicación de leyes migratorias, preparación ante desastres y para unificar al propio Departamento para “crear una agencia más inteligente y más efectiva”.
El informe de Jennifer E Lake, analista en seguridad interior, Apropiaciones del Departamento de Seguridad de la Patria para el año fiscal 2010, describe que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ejerce 10 mil 49 millones para cumplir con su misión de “asegurar la patria mediante la prevención de ingreso ilegal de personas y bienes”.
Para extender la zona de seguridad de Estados Unidos, el CBP emplea a casi 52 mil personas. Entre ellos, 17 mil agentes de la Patrulla Fronteriza que custodian la frontera y los puertos de entrada, y 1 mil más que vigilan por aire esa zona. Esos elementos resguardan cerca de 11 mil 263 kilómetros de frontera terrestre que Estados Unidos comparte con Canadá y México, así como 3 mil 218 kilómetros de aguas costeras que circundan la península de La Florida y las costas del sur de California.
A esos recursos humanos, este año se sumaron cinco guardacostas y dos aeronaves-patrulla, 44 agentes de la Patrulla Fronteriza, 65 oficiales de CBP, 349 agentes de Inmigración y agentes aduanales; analistas e investigadores, 68 pilotos y 20 marinos. También incluye 40 millones en concepto de “seguridad inteligente” para ampliar e integrar los sistemas de vigilancia.
Para constatar el gasto eficiente de esos recursos, la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) realizó el estudio Iniciativa frontera segura. Desafíos en tecnología del Departamento de Seguridad de la Patria, que publicó en abril pasado. Ahí se indica que, desde el año fiscal 2005, se asignaron fondos por 4.5 millones de dólares para aplicar el Servicio de Seguridad Tecnológica (SBI, por sus siglas en inglés).
De ese total, 1 mil 600 millones se dirigieron al SBI.net, un conjunto de tecnologías de vigilancia –censores, cámaras, radares, comando de control comunicaciones y tecnología de inteligencia– que permite visualizar actividades en zonas específicas a lo largo de la frontera. Aunque la agencia CBP ofreció que ese sistema entraría en funciones en 2006, la GAO observó que entró en funciones hasta 2009 y sólo en dos zonas geográficas: Tus-1 y Ajo-1, a lo largo de 53 millas del Sector Tucson, Arizona. Ante tal incumplimiento, la GAO aprobó que el resto de los fondos se dirigieran a un programa de necesidades ambientales.
En contraste con esos montos multimillonarios y el numeroso personal que se integra al CBP, el boletín del 25 de mayo del NBPC aconsejaba a sus miembros qué medidas debían tomar en caso de que no recibieran los sobresueldos por horario nocturno o dominical, el llamado Sobretiempo Administrativo no Controlable (AUO, por sus siglas en inglés).
“En un momento en que numerosos miembros del Congreso y del público piden más agentes de la Patrulla Fronteriza para asegurar las fronteras, el NBPC se pronuncia contra el corte de recursos al AUO en 30 mil dólares. Esto ha dado como resultado la reducción del número de agentes que trabajan en el campo porque han sido enviados a casa en lugar de que se les permita trabajar ese sobretiempo”, refería el boletín.
También, hacía notar que algunas responsabilidades habían sido modificadas “innecesariamente”, como en el caso de agentes de alto nivel que reciben un salario mayor para “evitar los pagos de las primas nocturnas y dominicales” al resto de los patrulleros. Los consejos del sindicato se extendían a manejadores de los “socios caninos” para cobrar las cuotas que les debe el gobierno. En todos los casos, el boletín del sindicato recomendaba a sus agremiados reunir toda la información posible sobre estación, nivel, percepciones actuales, pagos y cantidades proyectadas, y proporcionarla al vicepresidente regional.
Hace apenas dos años que los sindicalizados de la Patrulla Fronteriza disponen de un apoyo económico para buscar asesoría legal en caso de problemas por su tipo de trabajo. El 14 de agosto de 2008, el sindicato anunció, en su boletín, que se disponía de un fondo para la defensa legal de los agentes, diseñado para asistir a los empleados de ese cuerpo cuando están bajo una “penosa situación financiera” resultado de una acción civil, administrativa o judicial en su contra y consecuencia de un acto u omisión en el ámbito de su empleo. Este fondo es diferente del que brinda la Asociación de Investigación de Oficiales de Policía de California y que se proporciona a todos los miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.
Ésta es la imagen interna de un cuerpo policiaco que agrupa a decenas de miles de miembros a lo largo de la frontera con México y que tiene en sus manos la responsabilidad de aplicar la política de “tolerancia cero” contra presuntos transgresores de la ley y terroristas. En no pocas ocasiones, ese poder significa la muerte.
El desconcierto de los senadores
La controversia sobre el empleo de balas de goma cargadas con gas pimienta por los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llegó al Senado de la República hasta agosto de 2004. Esa medida ya había sido aprobada por ambos gobiernos en 2001 como parte del Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, y el Poder Legislativo mexicano sólo se enteró cuando el estado de Texas anunció su decisión de emplear ese armamento en caso de “defensa”.
Sorprendida, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclarar si había aprobado o no el uso de balas de goma contra migrantes indocumentados.
De modo experimental, ese recurso se utilizó por primera vez en San Diego, en la frontera sur estadunidense, y se extendió a toda la frontera. Miguel Sadot Sánchez, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, condenó el aval del gobierno mexicano para utilizar ese armamento, pues, de confirmarse, la SRE “habría mentido al Poder Legislativo sobre los alcances de la colaboración” con Estados Unidos.
En ese momento, sólo se conocía que entre los acuerdos que México pactó con aquel país, estaba la posibilidad de que la Patrulla Fronteriza emprendiera un programa piloto para el uso de armas no letales.
El 14 de agosto, mientras ocurría ese debate en México, el alcalde de McAllen, Texas, Leo Montalvo, declaraba “innecesario” el uso de balas de goma cargadas de gas pimienta contra los inmigrantes indocumentados. Argumentó que 99 por ciento de las detenciones se realiza de forma pacífica. Sin resistencia, “los pescan cruzando o trabajando, y ningún oficial estadunidense corre peligro”.
Montalvo explicó que sólo cuando hay oposición, “el oficial de la Patrulla Fronteriza tiene derecho a usar la fuerza para someter a quien se resista, no para tirarle al blanco”. Seis años después, los agentes de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando balas reales; los muertos también lo son.
El Local 1613
Esta sección del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza representa a unos 2 mil agentes asignados en ocho estaciones del Sector San Diego; se considera la “esencia” de la corporación. El Local 1613 no escatima sus críticas contra la estructura y misiones del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, por sus siglas en inglés). A pesar de que la Patrulla Fronteriza es parte de esa dependencia, junto con otras 20 agencias gubernamentales, no duda en denominarla el Departamento de la ‘INSeguridad’ de la Patria”.
El Consejo reseña: al ubicar a la Patrulla Fronteriza bajo la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), “nuestras obligaciones se redujeron aún más que cuando estaba bajo el extinto Servicio de Inmigración y Naturalización”. Consecuentemente, el Consejo Nacional de la CBP, Local 1613, se esforzará para, agresiva y exitosamente, “proteger a aquellos que protegen nuestras fronteras”.
La Junta Directiva designa a los directores y jefes de estación. A pesar de que invierten gran parte de su tiempo personal representando y asistiendo a sus colegas, ninguno recibe compensación.
Aunque la membresía al sindicato no es obligatoria, el Local 1613 mantiene una tasa del 94 por ciento de los agentes asignados al Sector San Diego. Entre los servicios que ofrece, están: acceso al fondo de defensa legal, así como la representación en asuntos laborales, un programa extensivo de salud y seguridad y, finalmente, acceso a determinados grupos de beneficiarios en descuentos.
Al final de estos ofrecimientos, figura una leyenda que dice: el “Local 1613 es una organización no partidaria y no realiza contribuciones políticas a partidos políticos o candidatos”.
