Durante su campaña electoral en 2007, el entonces candidato Barack Obama hizo una lúcida constatación sobre el carácter obsoleto de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Una vez elegido declaró su voluntad de buscar “un nuevo comienzo” con Cuba: “Creo que podemos llevar la relación entre Estados Unidos y Cuba en una nueva dirección y lanzar un nuevo capítulo de acercamiento que continuará durante mi mandato”, subrayó.

 

Obama había denunciado la política de su predecesor hacia Cuba, el cual había limitado fuertemente los viajes de la comunidad cubana estadunidense. “Se trata a la vez de una cuestión estratégica y humanitaria. Esta decisión […] ha tenido un impacto profundamente negativo sobre el bienestar del pueblo cubano. Otorgaré a los cubanoestadunidenses derechos ilimitados para visitar a sus familiares y mandar dinero a la Isla”, se comprometió.

 

Obama cumplió su palabra. En abril de 2009 anunció el levantamiento de algunas restricciones que afectan a los cubanos que viven en Estados Unidos y que tienen familiares en la isla, mismas que entraron en vigor el 3 de septiembre de 2009. Desde entonces pueden viajar a su país de origen sin ningún obstáculo (en vez de 14 días cada tres años) y mandar remesas ilimitadas a sus familias (en vez de 100 dólares al mes).

 

 

No obstante, Washington no ha vacilado en aplicar sanciones económicas incluso de modo extraterritorial, violando así gravemente el derecho internacional. En efecto, éste estipula que las legislaciones nacionales no pueden ser extraterritoriales, es decir, aplicarse fuera del territorio nacional. Así, la ley brasileña no puede aplicarse en Argentina. Del mismo modo, la legislación venezolana no puede aplicarse en Colombia. Ahora bien, la ley estadunidense de las sanciones económicas contra Cuba se aplica en todos los países del mundo.

 

Por ejemplo, en junio de 2012, el banco neerlandés ING recibió la más importante sanción jamás dictada desde el inicio del estado de sitio económico contra Cuba en 1960. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadunidense, impuso a la institución financiera una multa de 619 millones de dólares por realizar, entre otras, transacciones en dólares con Cuba a través del sistema financiero estadunidense entre 2002 y 2007.

 

El Departamento del Tesoro también obligó a dicho banco a romper sus relaciones comerciales con Cuba y anunció que “ING aseguró a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que había puesto fin a las prácticas que llevaron al acuerdo de hoy”. Así, Washington prohibió a un banco europeo toda transacción comercial con Cuba.

 

El gobierno cubano denunció esta nueva aplicación extraterritorial de las sanciones económicas, las cuales, además de impedir todo comercio con Estados Unidos (excepto las materias primas alimenticias), constituyen el principal obstáculo al desarrollo de las relaciones comerciales de Cuba con el resto del mundo.

 

“El gobierno de Estados Unidos sancionó unilateralmente al banco ING por tramitar, en conjunto con sus subsidiarias en Francia, Bélgica, Holanda y Curazao, transacciones financieras y comerciales de entidades cubanas, prohibidas por la criminal política de bloqueo contra Cuba”, subrayó el comunicado oficial.

 

Adam Szunin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, aprovechó la ocasión para advertir a las empresas extranjeras que tienen relaciones comerciales con Cuba que esta multa “debería servir como una clara advertencia a cualquiera que considere aprovecharse de evadir las sanciones de Estados Unidos”. Esta declaración reafirma que Washington seguiría aplicando sus medidas extraterritoriales.

 

 

Otras empresas extranjeras también fueron sancionadas por sus relaciones comerciales con Cuba. Así, la multinacional sueca Ericsson, especializada en el campo de las telecomunicaciones, tuvo que pagar una multa de 1.75 millones de dólares por reparar, mediante su filial basada en Panamá, equipos cubanos de un valor de 320 mil dólares en Estados Unidos. Tres empleados, implicados en el caso, fueron despedidos.

 

El 10 de julio de 2012, el Departamento del Tesoro infligió una multa de 1.35 millones de dólares a la empresa estadunidense Great Western Malting Company por vender cebada a Cuba mediante una de sus filiales extranjeras entre agosto de 2006 y marzo de 2009. No obstante, el derecho internacional humanitario prohíbe todo tipo de embargo sobre las materias primas alimenticias y los medicamentos, incluso en tiempos de guerra. Ahora bien, oficialmente, Cuba y Estados Unidos jamás han estado en conflicto.

 

En Francia, Mano Giardini y Valérie Adilly, dos directores de la agencia de viajes estadunidense Carlson Wagonlit Travel (CWT), fueron despedidos por vender paquetes turísticos con destino a Cuba. La empresa corre el riesgo de recibir una multa de 38 mil dólares por estancia vendida, lo que suscitó la ira de algunos asalariados que difícilmente comprenden la situación: “¿Por qué Carlson no retiró del sistema de reservas los productos de Cuba ya que no teníamos derecho a vender?”, pregunta un empleado.

 

Del mismo modo, es posible que CWT no sea autorizada a responder a los concursos de los viajes de la administración estadunidense, los cuales representan una parte sustancial de su volumen de negocios. La dirección de CWT se expresó al respecto: “En estas condiciones tenemos que aplicar la regla estadunidense que prohíbe mandar a viajeros a Cuba, incluso para las filiales”. Así, una filial estadunidense basada en Francia está obligada a aplicar la ley estadunidense sobre las sanciones económicas contra Cuba, pisoteando la legislación francesa en vigor.

 

 

Más insólitas son las sanciones económicas que prohíben a los cubanos utilizar algunas funciones del motor de búsqueda Google, tales como Google Analytics (que permite calcular el número de visitas en un portal de internet, así como su origen), Google Earth, Google Destktop Search, Google Toolbar, Google Code Search, Google AdSense o Google AdWords, privando así a Cuba de acceso a estas nuevas tecnologías y a numerosos productos descargables. La empresa estadunidense proporcionó una explicación mediante su representante Christine Chen: “Lo teníamos escrito en nuestros términos y condiciones. No se puede usar Google Analytics en los países sometidos a embargos”.

 

Al mismo tiempo, mientras que Washington impone a Google restringir el uso de sus servicios digitales en Cuba y prohíbe que La Habana se conecte a su cable de fibra óptica para internet, el Departamento de Estado anunció que iba a dedicar, mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la suma de 20 millones de dólares a “activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y bibliotecas independientes en la Isla”, con el fin de difundir, entre otras cosas, la “democracia digital”.

 

La administración de Barack Obama, lejos de adoptar “un nuevo comienzo” con Cuba, sigue imponiendo sanciones económicas que afectan a todas las categorías de la población cubana, empezando por las más vulnerables, es decir, las mujeres, los niños y los ancianos.

 

El gobierno de Estados Unidos no vacila en sancionar a empresas extranjeras violando el derecho internacional al aplicar medidas extraterritoriales. También se niega a oír el reclamo unánime de la comunidad internacional que condenó en 2011, por vigésimo año consecutivo, la imposición de un estado de sitio anacrónico, cruel e ineficaz, que constituye el principal obstáculo al desarrollo de la nación caribeña.

 

 

 

Fuente: Contralínea 297