La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) reitera la exigencia de los familiares del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, de medios y periodistas de Veracruz y de todo el país, para que las instituciones de seguridad del gobierno federal y del Estado pongan todos los recursos a su alcance para encontrarlo con vida.

La empresa Olmeca Multimedios, feditora de Notisur, reportó el miércoles 5 de febrero que ese mismo día “a las siete y media de la mañana tuvimos conocimiento de que personas desconocidas llegaron al domicilio de nuestro reportero en Villa Allende, Gregorio Jiménez de la Cruz, quienes lo subieron a una unidad y se lo llevaron con rumbo desconocido”.

El secuestro del reportero de inmediato atizó la preocupación permanente por el ejercicio de la prensa y los periodistas de Veracruz porque allí se concentran los mayores indicadores contra el periodismo de todo el país.

De 2009 a 2013 se han registrado 132 agravios que representan más del 10 por ciento del total (1 mil 240) de las reportadas por la organización Artículo 19. Los asesinatos denunciados en ese periodo por distintas fuentes a nivel nacional fueron 68, de los cuales 14 (el 20 por ciento) ocurrieron en Veracruz. Y de las 18 desapariciones de periodistas registradas del 2000 a la fecha, cuatro sucedieron allí (22 por ciento). No queremos una quinta desaparición.

Se tiene que hacer más de lo posible para que el colega Gregorio Jiménez de la Cruz aparezca con vida y se impida que entre a las aciagas estadísticas de impunidad en México y particularmente en Veracruz.

El secuestro y los datos también son indicadores de que las instituciones de Veracruz, particularmente el Gobierno del Estado, han sido rebasadas y tienen que reaccionar para atajar de una vez por todas al medio ambiente de hostilidad contra el ejercicio del periodismo.

Demandamos al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y al Congreso del Veracruz:

1. Demostrar que tienen la suficiente voluntad política para hacer todo lo necesario hasta que el periodista secuestrado aparezca con vida y se castigue penalmente a los responsables y no se atenga, como en otros casos, a las fuerzas federales.

2. Promover una ley específica de protección de derechos para el ejercicio, o en su caso adicionar la ley 586 que convierta en Mecanismo de Protección Integral a la actual Comisión Estatal, para que tenga más facultades para promover garantías y seguridad frente a amenazas y para tutelar los derechos de los periodistas en contra de quienes los vulneren, sean patrones, servidores públicos y otros.

3. Promover una adición al Código Penal del estado para declarar como delincuentes a  quienes obstruyan, impidan, atenten contra periodistas y medios y la libertad de expresión de comunicadores y otros trabajadores de medios de prensa.

4. Revisar en la Procuraduría del Estado la eficacia que ha tenido frente a la persecución de estos delitos, sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido e instaurar una fiscalía especial para atención de los delitos contra la libertad de expresión que realmente funcione.

La Casa de los Derechos de Periodistas es una asociación civil sin fines de lucro que nació para defender los derechos, la integridad y fortalecer el profesionalismo de todas las personas que ejercen el periodismo en México.

Atentamente,

Judith Calderón Gómez, Presidenta; Martha Olivia López Medellín, Directora Ejecutiva