México no es un país libre para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información, aseguró Mariclaire Acosta Urquidi, directora de la organización Freedom House México. Lo anterior, a causa de la violencia que en el país se ejerce contra periodistas; la falta de regulación en la distribución de la publicidad gubernamental; así como la dominación de los monopolios de los medios de comunicación y la prevalencia de leyes que restringen la libertad de expresión en algunos estados, como las que penalizan ciertos aspectos del periodismo que pueden ser considerados como “calumnia” y “difamación”.
Así lo comentó la defensora de derechos humanos en el marco del seminario En busca de estrategias para prevenir la violencia y la delincuencia a través de la información, organizado por la Casa de los Derechos de Periodistas en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
En necesario, dijo Acosta Urquidi, fortalecer el marco institucional del Estado, mayor colaboración en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como, concientizar a la sociedad de la importancia de la defensoría de la libertad de expresión.
El pasado 5 de febrero, el periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado a las afueras de su domicilio, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Al respecto, la Casa de los Derechos de Periodistas informó que de 2009 a 2013 se han registrado 132 agravios contra periodistas. Los asesinatos denunciados en ese periodo por distintas fuentes a nivel nacional fueron 68, de los cuales 14 (el 20 por ciento) ocurrieron en Veracruz. Y de las 18 desapariciones de periodistas registradas del 2000 a la fecha, cuatro sucedieron allí (22 por ciento).
En el marco del encuentro, Tom Delaney, director de USAID, dijo a Contralínea que la violencia contra los periodistas es un problema que tiene que tratar México. “Y en el gobierno de Estados Unidos estamos dispuestos a tratar con entidades gubernamentales y de la sociedad civil para mejorar sus capacidades que permitan enfrentar este tema”.
El periodista Salvador Corro, subdirector de información de la revista Proceso, comentó que el Estado debe garantizar las condiciones de seguridad para la sociedad y los periodistas. “Todo el que se diga demócrata debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. Sin embargo, a estos dos temas les teme el poder”.
La directora general de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Lucila Guerra Delgado, informó que el próximo 17 de febrero se publicarán los lineamientos para el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia.
Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de Periodistas, anunció que la organización desarrolló un portal de internet en el que se disponen de herramientas que permitan desarrollar una comunidad de aprendizaje para periodistas, con el tema de la prevención de la violencia (www.casadelosderechosdeperiodistas.org). También dijo que los siguientes encuentros se llevarán a cabo en Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez.
