La plataforma Archivo de la Represión revela 310 mil fotografías de documentos oficiales producidos durante la llamada Guerra Sucia, ocurrida entre las décadas de 1950 y 1980. Las imágenes habían estado en resguardo, durante 16 años, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y restringidas, a partir de 2015, a consultas mediante solicitudes de información.
El acceso al archivo permite a la sociedad conocer “cómo el Estado registró su violencia y represión contra opositores políticos”, de acuerdo con Carlos Dorantes, oficial del programa Derecho a la Información de Artículo 19. Pues los mexicanos no saben el paradero de los desaparecidos, además de la identidad y cantidad de quiénes fueron detenidos durante tal periodo.
Y es que en 2002, en el gobierno foxista, la Secretaría de Gobernación entregó el fondo documental perteneciente a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) un total de 4 mil 223 cajas con más de 58 mil expedientes, la Dirección General de Investigación Políticas y Sociales entregó 3 mil 52 cajas, mientras que el Cisen entregó 486 cajas con 1 mil 653 legajos.
Tales documentos están vinculados a movimientos sociales, políticos y con actos represivos del pasado, dijo Dorantes en la presentación de la plataforma.
El archivo fue elaborado por Artículo 19 a partir de donaciones realizadas por integrantes de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero. Además, el Colegio de México y la Northwestern University han colaborado para la catalogación de los archivos y hacerlos públicos.
Artículo 19 se ha planteado poner la plataforma a disposición de colectivos y asociaciones de familiares, periodistas y ciudadanos en general para que les pueda ser de utilidad.
Hasta el momento han sido catalogadas 7 mil 500 fotografías, sólo el 7 por ciento del total. Sin embargo, en la plataforma pueden consultarse las 10 mil 300 fotografías sin catalogación, así como un documentos con 7 mil nombres de personas mencionadas en los archivos, otro con el nombre de 900 empresas investigadas, uno con el nombre de 900 funcionarios. Así como documentos de la CNDH y la Comisión de la verdad.
Jordana González
