Al conmemorar 3 años de la desaparición forzada de 43 normalistas rurales en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado “a redoblar esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y evitar que este caso emblemático de grave violación a los derechos humanos quede en la impunidad”.
La Comisión también expresó su solidaridad con los familiares, al tiempo que señaló que aún no se ha podido establecer la verdad de lo ocurrido ni hacer justicia.
“Son tres años desde la noche trágica del 26 de septiembre, 1 mil 95 días de un dolor inimaginable para los familiares de los 43 estudiantes que aún continúan desaparecidos”, dijo la relatora para México, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Añadió que la CIDH sigue trabajando en el acompañamiento a los familiares en su difícil camino de búsqueda de la verdad y no que no se cejará hasta encontrarla. “Nuestro compromiso con ellos y con los estudiantes desaparecidos está tan vigente como siempre, porque Ayotzinapa no puede quedar sin justicia”.
Desde el 26 de septiembre de 2014 se desconoce el destino de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Al respecto, la CIDH lamentó que aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos.
También reiteró su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Asimismo, a la fecha no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación”.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión recordó que la desaparición forzada o involuntaria es una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, que continúa perpetrándose mientras se mantenga la incertidumbre sobre el destino final de la persona desaparecida.
Por ello, resaltó “la obligación del Estado mexicano de agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como todas las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia”.
Nancy Flores
