La trama de corrupción de la trasnacional Odebrecht podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a sus entonces subordinados José Antonio Meade Kuribreña –quien fuera candidato presidencial del PRI en 2018–, José Antonio González Anaya y Ernesto Cordero Arroyo –exsecretarios de Estado involucrados directamente en el desventajoso contrato de Etileno XXI–, revela la denuncia penal presentada por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
En su escrito –filtrado masivamente el pasado 19 de agosto–, Lozoya Austin señala “quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo uno participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felpe Calderón Hinojosa. Explico: en el gobierno de Calderón se celebró un contrato multimillonario con la empresa Braskem, en la cual era accionista Odebrecht. Como antecedente, señalo que Etileno XXI es una planta que fue la inversión más importante que hizo Braskem en México, y esa planta procesa el etano, convirtiendo el etano en plásticos”.
Agrega que “el negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendería a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le harían un descuento inexplicable de más de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía súper desventajosa la posición de Pemex. Muchos grupos mexicanos hubieren deseado un contrato así, tales como Grupo Alfa y Grupo Desc, entre otros. Sin embargo, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem”.
Según Lozoya Austin, Luis Weyll –representante en México de Odebrecht– le contó que ese contrato redituó económicamente a muchos políticos panistas cercanos al entonces presidente de la República, quienes “recibieron fuertes sumas de dinero, y con ello Braskem se posicionó tanto que, incluso, recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su Consejo de Administración en Los Pinos, con lo presencia de Felipe Calderón Hinojosa”.
En su denuncia penal apunta: “después supe que dieron sobornos para gestionar una prórroga del contrato de Etileno XXI. Al respecto, recuerdo que al haber revisado la forma de otorgamiento del contrato de Etileno XXI, me llamó la atención el acta 827 del Consejo de Pemex, presidido por José Antonio Meade Kuribreña, con la participación del consejero José Antonio González Anaya, quienes impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato, y simplemente lo llevaron como información de que ‘ya se había suscrito’. Dicho Consejo se llevó a cabo el 29 de abril de 2011. Asimismo, al haber tomado los riendas de Pemex me fue entregado un documento suscrito por el consejero Rogelio Gasca Neri, cuestionando severamente el proceso de ocultamiento de información, así como listando una largo lista de factores que evidenciaba lo desventajoso y turbio de las condiciones que favorecían a Braskem. No obstante, el consejero presidente, de nombre José Antonio Meade Kuribreña, insistió en que no tenían obligación de informar al Consejo previo o la firma de un contrato por miles de millones de dólares y no se aceptaron sus comentarios. Además, ignoraron los comentarios de consejeros que no eran funcionarios del gobierno federal, mediante los cuales dejaban claro que el proyecto de Etileno XXI consumiría todo el etano disponible, lo que dejaría sin futuro el desarrollo de Pemex Petroquímica en la cadena de butano. También ignoraron la alerta de que la fórmula utilizada del precio del etano era inadecuada por múltiples factores técnicos”.
Luego de señalar más irregularidades, Lozoya Austin sugiere a la Fiscalía General de la República que obtenga los documentos demoledores preparados por el doctor Héctor Moreira y por Rogelio Gasca Neri que constan en actas del Consejo, en los que “alertaban sobre los riesgos absurdos a los que orillaron al capital de Pemex”.
No obstante, apunta Emilio Lozoya, “las voces que representaban los intereses de la Nación fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentalizadas por José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía; Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2012”.
Y remata: “posteriormente, entre 2012 o 2014, dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el continuamiento [sic] de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos”.
Pese a que el compromiso de Lozoya Austin es presentar pruebas para sostener sus dichos y con ello obtener el criterio de oportunidad ante la FGR, los políticos señalados en este caso de presunta corrupción –incluido Calderón Hinojosa– han asegurado que no son responsables de esos señalamientos.
