José Luis Abarca Montejo –hijo del ambientalista y defensor de los derechos humanos y territoriales Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009– y sus familiares decidieron emprender un nuevo camino en su búsqueda por justicia.

Por ello, el pasado 26 de junio mandaron una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, “por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos que le fueron violados a mi padre”, indicó Abarca Montejo.

El denunciante considera que el crimen fue perpetrado por “sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, cuando se encontraba platicando afuera de su restaurante, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. De este hecho también resultó gravemente herido Orlando Velázquez Rodríguez, uno de sus compañeros de lucha”.

En conferencia de prensa, Abarca Montejo señaló que “su padre nació el 11 de abril 1959 en Chicomuselo. Fue un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, lo que le valió mucho reconocimiento al interior de su pueblo, y también fue uno de los fundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería”.

De acuerdo con el denunciante, “su asesinato se llevó a cabo para acallar y desmovilizar la lucha por la defensa del territorio, la protección de los bienes naturales y el resguardo de la vida que él encabezaba junto con la población de Chicomuselo, porque tenían el propósito de retirar a la empresa Blackfire y [así] dejará de hacer daño a la salud de la población, así como frenar la destrucción de los ecosistemas”.

Según el comunicado, difundido por Otros Mundos Chiapas, Abarca Montejo señaló que antes del crimen –y durante todo el proceso de lucha– “mi padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel. No obstante, su verdadera y pertinaz transgresión fue la irreductible defensa de los derechos humanos, porque su convicción y espíritu lo impulsaron a pretender una pronta y expedita procuración de justicia en contra de quienes de forma arbitraria y recurrente violan la ley, incumplen normatividades y se protegen bajo el brazo de la corrupción y la impunidad, esa que desde hace años el gobierno mexicano ha incorporado como patrón de conducta”.

Y agregó: “Nuestra familia está indignada ante la ineficiencia, ineficacia y torpeza del sistema de procuración de justicia en México. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso y ha mostrado muy poco interés de nuestras exigencias, por lo tanto, se ha mostrado indolente en la protección de nuestro derecho a saber la verdad y deniega una de sus funciones más importantes, siendo esta la procuración de justicia”.

Por ello, indicó, la familia decidió acudir ante la CIDH. A esta instancia internacional le fue entregada una petición y queja contra del Estado mexicano “por su no actuación en la protección en vida de mi padre, así como evadir la búsqueda de justicia después de su asesinato. En esta petición nos acompañan tres co-peticionarios: la Red Mexicana de Afectados por la Minería, de la cual mi padre era integrante, la asociación chiapaneca Otros Mundos, Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas”.

Para Abarca Montejo, el asesinato de su padre “no es un hecho único ni aislado en contra de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, tanto en México como en Latinoamérica. Se trata de un patrón de comportamiento sistemático en donde son cuatro los actores que actúan en contra de las resistencias: los gobiernos corruptos y desnacionalizados quienes, entre otras cosas, desregulan leyes para justificar y legalizar el saqueo; el gobierno canadiense que insiste en encabezar el despojo de los bienes naturales de los pueblos de América Latina; las fuerzas policiacas y militares, quienes actúan como grupos privados para la protección de las trasnacionales y; los golpeadores, paramilitares, sicarios y grupos del crimen organizado, quienes bajo el cohecho y la prebenda se encargan de introducir el miedo, el terror y la muerte en los pueblos”.

Nancy Flores