Por la falta de regulación, el gasto de miles de millones de pesos que el gobierno de México destina cada año a publicidad oficial pone en riesgo la independencia de los medios de comunicación y viola el derecho a la información, consideraron Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión.
En pleno proceso de discusión en el Senado de la nueva legislación, los expertos pidieron que la ley prohíba claramente el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios. También, que establezca mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo.
Lanza y Kaye exhortaron a las autoridades mexicanas a generar un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial, que establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
“México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos”, resaltaron.
En un comunicado conjunto, los organismos internacionales recordaron que, en una “decisión histórica”, el 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
Agrega que, el pasado 10 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley “en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados. El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios”.
A los relatores les “preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
Para los expertos, “es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”.
También les resulta preocupante la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento: la ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados, enfatizaron.
“Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de la legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, dijeron los expertos.
