Organizaciones guerrerenses, defensoras de los derechos humanos, señalan que la militarización de la seguridad pública ya ha fracasado en su objetivo de disminuir los índices de violencia. Por el contrario, el crimen y la impunidad se dispararon en cuanto los militares se hicieron cargo de la persecución de los “delincuentes” en Guerrero. Por ello –consideran–, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior sólo extendería a todo el país el desastre en materia de seguridad y derechos humanos que ya ocurre en esa entidad de la República.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señalan que la Guerra Sucia de la década de 1970 y la “guerra” contra el narcotráfico iniciada por el gobierno federal de Felipe Calderón han dejado en el estado “más de 600 desaparecidos, y decenas de violaciones sexuales, torturas y ejecuciones extrajudiciales”.
Los datos duros acusan directamente el fracaso de la política de militarizar la seguridad pública, pues sólo se incrementaron los crímenes y abusos contra la población, y nunca se profesionalizó a los cuerpos policíacos. Mediante un comunicado, las organizaciones señalan que “en un estado mal trecho por la violencia caciquil, el quehacer policial devino en una acción delincuencial institucionalizada que dio licencia a elementos policíacos que se trasformaron en un serio peligro para la sociedad por sus antecedentes criminales”.
Señalan que la discusión y el debate actual sobre la Ley de Seguridad Interior “es particularmente importante” en Guerrero, “epicentro de la militarización que ha dejado una huella profunda de dolor y sufrimiento en centenares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que no han alcanzado justicia y que se mantienen este continuum de impunidad desde la época de ‘la guerra sucia’ y la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en su ‘guerra contra el narcotráfico’”.
Aseguran que en Guerrero de nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública, pues “los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día”. Señalan que incluso las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran a la entidad como una de las más violentas del país. “Los dramas de violencia que se viven en municipios como Chilapa, Tixtla, Chilpancingo, Acapulco, San Miguel Totolapa, Iguala, entre otros, son un claro ejemplo de cómo los grupos del crimen organizado se han adueñado de las instituciones y ejercen un control territorial imponiendo sus reglas y autogobierno”.
Por ello, las organizaciones impulsan el foro “Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía”, a celebrarse en la Universidad Autónoma de Guerrero este 28 de marzo a las 10 de la mañana. Se desarrollarán tres mesas de discusión: Testimonios de las víctimas: ¡Nunca más!; Las disputas por los paradigmas de la seguridad, y ¿Qué seguridad necesitamos?
Zósimo Camacho
