Tras 2 años de haberse implementado la reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), el Instituto Belisario Domínguez (IBD) expuso que la aplicación de este nuevo sistema de justicia ha sido ineficiente, ya que contiene debilidades que permiten la vulneración de los derechos de las víctimas y que ponen en peligro a la sociedad.

En la investigación Reflexiones sobre la justicia que México necesita, publicada por el IBD, se mostró que la aplicación del SJPA es ineficiente, pues los ministerios públicos, jueces, peritos y policías “carecen de la capacitación suficiente para llevar a cabo las labores de investigación”, lo cual transgrede los derechos de las víctimas y pone en riesgo la seguridad de la comunidad.

En el mismo documento, se aseveró que, a pesar de que el gobierno tuvo más de ocho años –desde la aprobación de la reforma en 2008– para construir una estructura e infraestructura que hicieran de la aplicación del proceso penal, algo exitoso, el alistamiento institucional no fue uniforme, por lo que no logran cumplir con su deber de justicia.

Ante esto, el Instituto recordó al ejecutivo, a las procuradurías y al poder judicial su obligación de perfeccionar, unificar y homologar todos los instrumentos necesarios para que, en materia de justicia, el país alcance mejores estadios de convivencia y civilización. “La reforma a la justicia  tendría que representar la reestructuración de “uno de los pilares de la vida nacional”.

También, el IBD indicó que las autoridades tienen que trabajar para mejorar la prevención, investigación y sanción del delito, dentro del marco de una justicia pronta, proporcional, transparente, expedita, eficaz y respetuosa en pro de la sociedad y de los derechos humanos.

Por último, se señaló la necesidad de crear en la sociedad una nueva cultura o forma de concebir la acción punitiva del Estado, dejando atrás al tradicional sistema “inquisitivo”, cuyas desventajas fueron reconocidas internacionalmente.

Karen Ballesteros